Para que una transición generacional sea exitosa, la compañía debe construir, más temprano que tarde, buenas prácticas empresariales.

Generar una conciencia para poner en práctica políticas empresariales efectivas de protección a los derechos humanos no es solo una necesidad, es clave y prioritario para construir una sociedad más democrática.

Conozca las características que debe tener, su regulación y la posibilidad de evitar iniciar uno, en pro del bienestar tanto del trabajador como del empleador.

Aunque no existe una manera de vincular a las empresas, debido a ciertas conductas cometidas a través de ellas, como responsables penales, se han establecido dos clases de consecuencias para penalizar los delitos que se cometen en el marco corporativo.

Un fallo reciente de la Corte Constitucional generó diversas reacciones de los medios de comunicación y de la opinión pública sobre esta materia.

El vocablo “judicial activism” no tuvo en sus inicios una connotación peyorativa, sino que la adquirió después.

ÁMBITO JURÍDICO invitó a Claudia Medina Aguilar, experta en justicia transicional y Derecho Penal Internacional y directora de CITpax-Colombia, y a Francisco Bernate Ochoa, abogado penalista y profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, para debatir sobre la JEP.

Si un contribuyente acepta la invitación del Estado a vincularse a este régimen legal, debe ejecutar una serie de transacciones económicas y adelantar procedimientos administrativos.

Una buena medida para atacar la corrupción es potenciar las prácticas adecuadas en el proceso de planeación.

La segunda entrega de este análisis revisará temas como la reforma a la justicia y la política criminal y carcelaria.