La constitución de estas sociedades tomó fuerza, principalmente, por las ventajas que ofrecen como flexibilidad en su composición accionaria, confidencialidad y privacidad.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que existen dos situaciones diferentes: por un lado, la acción de cobro coactivo, en cabeza de la Dian, y, por el otro, la acción penal, en cabeza de la Fiscalía.