¿Laboralizar el contrato de aprendizaje? Un “arma de doble filo” para los jóvenes y las mujeres
Aunque bien intencionada, la laboralización del contrato de aprendizaje podría reducir aún más las oportunidades de empleabilidad juvenil.
Aunque bien intencionada, la laboralización del contrato de aprendizaje podría reducir aún más las oportunidades de empleabilidad juvenil.
Veinte de los 80 artículos del proyecto de la reforma laboral conciernen a temas de seguridad social.
Más allá del cumplimiento normativo, este tipo de software permite la reducción de los errores humanos y la simplificación de las tareas administrativas asociadas a la gestión de la nómina.
La gestión de este tema se ha convertido en un tema de interés público, por cuenta del panorama de la estabilidad económica del país.
El artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé la caducidad de la facultad sancionatoria.
Son muchos los desafíos que se avecinan para el ejercicio del Derecho, los cuales se deben superar de manera estratégica, planificada y con la colaboración de todo el gremio.
Por años, Latinoamérica y, particularmente, Colombia, han recibido la influencia positiva del derecho francés, de ahí la importancia de este debate para la región.
Uno de los argumentos de la Corte Constitucional es que la iniciativa se tramitó como ley ordinaria y no estatutaria.
El panorama económico actual requiere la adopción de medidas urgentes por los empleadores para ayudar a trabajadores a enfrentar la inflación y evitar una nueva alza en el salario mínimo.
La Corte Suprema ha dicho que la justicia virtual no puede suponer obstáculos adicionales para quienes no cuentan con condiciones de accesibilidad a los sistemas.
Me atrevería a aconsejarle al presente y próximo gobierno buscar el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la vía diplomática fomentar una negociación con Nicaragua.
En Colombia, hay suficientes normas sobre la publicidad de la acción oficial: desde la Ley 57 de 1985, se consagró el derecho a la información.
Los jueces penales con función de control de garantías de Bogotá expresaron su preocupación frente al regreso a la presencialidad.