Tres retos del sector legal de cara al nuevo Gobierno

David Lizarazo Álvarez

Director general de la consultora Lizarazo y Álvarez

 

A propósito de la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, no son pocos los desafíos que tendrá que superar en materia económica, social y política. Sin embargo, los retos no solo están en cabeza del nuevo mandatario, sino también en los sectores productivos del país, que buscan hacerle frente a la reducción de la inflación, el desempleo y el déficit fiscal.

 

De esta manera, uno de los sectores que prevé grandes retos es el de los servicios, en específico, nuestro sector legal. Como todo nuevo mandato, muchas son las propuestas controversiales que llegan con los vientos de cambio. La transición energética, que busca ponerle freno a los planes de exploración petrolera; el modelo de pilares en el sistema pensional; la eliminación de las EPS; una fuerte política de inclusión y el papel de las altas cortes son algunos de los aspectos que traerán un gran cambio para el país.

En este artículo, destacamos tres retos importantes que tendrá el ejercicio del Derecho, los cuales se deben superar de manera estratégica, planificada y con la colaboración de todo el gremio.

 

(i) Laboral y seguridad social

 

Sabemos que el derecho a la pensión ha sido reconocido como un derecho fundamental, comoquiera que se deriva, directa o indirectamente, de los derechos a la seguridad social y al trabajo en Colombia. Para lograr su eficacia y cobertura, es fundamental que fortalezcamos el sistema. Sin embargo, una de las grandes controversias de esta campaña presidencial 2022-2026 ha sido lo concerniente al sistema pensional.

 

Sin entrar en detalles que desvíen del reto en este aspecto, la gran reforma que propone el presidente electo supone incertidumbre y desconfianza por parte de la ciudadanía. El sector de servicios legales en temas pensionales debe estar muy atento y a la vanguardia para proteger derechos adquiridos de los ciudadanos que ya se encuentren pensionados y quienes están ad portas de conseguir su pensión. Hay que proteger a todas esas personas que ya se están beneficiando del régimen pensional.

 

Desde el punto de vista laboral, dependerá de las reformas que se hagan en el sector o del impacto que las políticas económicas tengan en el empresariado. Hilando corto, esto puede resultar en dos variables: que se genere una mayor creación de empresas o que se dé un cierre de estas. Por consiguiente, la protección del empleado se considera como uno de los retos más importantes de todos aquellos que se dedican y tienen como objetivo la tutela de los derechos del trabajador dentro de sus servicios.

 

Por otro lado, una de las banderas del Pacto Histórico ha sido la inclusión de las minorías y de sectores históricamente segregados y olvidados, de esta forma, la inclusión laboral será extendida más allá de las personas con discapacidad. Esto será un compromiso de parte del Gobierno y también de cada una de las empresas para permitirle al país un avance hacia un destacado mercado laboral, con principios enmarcados en la inclusión, equidad y responsabilidad social, permitiendo a las personas de diferentes géneros, etnias, latitudes y religiones acceder a trabajos dignos y de manera más eficiente. Tenemos, entonces, como desafío generar políticas de inclusión en las empresas, velar por su aplicación y por procesos de contratación más abiertos, transparentes y participativos.

 

En este sentido, quiero resaltar que el derecho laboral colombiano hace mucho tiempo necesita una reforma para alivianar la carga de las empresas, estimular su crecimiento y, en consecuencia, contribuir a la disminución de la informalidad, pero en esto hay que encontrar un balance para no desproteger los derechos de los trabajados y fomentar el desarrollo económico que requiere el país.

 

(ii) Económico

 

Desde el punto de vista económico, sabemos que se vienen políticas que buscan el fortalecimiento de la agroindustria interna. En este aspecto, hay que señalar que el sector legal no está a la vanguardia, no por falta de capacidad o conocimiento, sino por el hecho de que nunca se había desarrollado este sector de la manera como, por lo menos en teoría, lo pretende realizar el nuevo presidente. En este caso, el reto es inmiscuirse en esas políticas agroindustriales para ofrecer servicios de acompañamiento para todos los beneficiarios de estas nuevas alternativas agro que suponen una nueva tendencia.

 

Sumado a esto, según el presidente electo Gustavo Petro, se busca instaurar un modelo energético diferente al implementado en el país. Se requiere, de esta manera, construir, con base en el desarrollo del derecho energético y ambiental, a partir de la conexidad entre la energía, el medioambiente y el progreso económico, políticas y asesorías que preserven el medioambiente sin dejar a un lado el crecimiento empresarial.

 

Otro punto para tener en cuenta es la inversión extranjera. Puede que Colombia pierda un poco ese atractivo para los inversionistas. Es un sector que tendrá un alto impacto. Muchos inversionistas desconfían de Petro, especialmente porque su plan para eliminar gradualmente el petróleo y el carbón privaría a la nación de, aproximadamente, la mitad de sus ingresos por exportaciones.

 

En este aspecto, el sector legal debe ayudar a la transición hacia estos nuevos modelos económicos, trabajando de la mano con los inversionistas ya establecidos en Colombia y con los que busquen establecerse en el país con el propósito de conseguir una migración efectiva hacia los nuevos focos de inversión promovidos por el gobierno entrante y que esta arroje grandes utilidades para el que invierte el capital y para el Estado.

 

(iii) Insolvencias

 

Los efectos mundiales derivados de la pandemia, la crisis de suministros, los cierres fronterizos y las consecuencias de lo que se desarrolle en el gobierno de Gustavo Petro para el sector empresarial, específicamente las medianas y pequeñas empresas (motores económicos de Colombia, además del sector petrolero) puede que generen más quiebras, no solo por el nuevo gobierno, sino por el contexto general, lo que significa que más empresas se acojan a las normas de insolvencia.

 

Es aquí donde el sector debe estar atento a los deudores y acreedores que busquen una salida de la crisis a través del régimen de insolvencia colombiano y, de esta manera, ayudarles con su ingreso, contribuyendo a la mitigación de los impactos negativos que puedan afectar a la economía colombiana y al sector empresarial. En esto se incluyen las entidades prestadoras de servicios de salud, que, a raíz de lo anunciado, posiblemente será uno de los sectores más golpeados.

 

Sin importar el gobierno de turno, no es suficiente que los abogados, cualquiera sea su especialidad, actuemos de forma pasiva en cuanto a nuestro papel de apoyo y supervisión. Hoy, es necesario que trabajemos activamente y en paralelo con equipos de gobierno, tengamos una participación diligente y dinámica en el asesoramiento empresarial e impulsemos la democratización del Derecho, el ecosistema de innovación legal, el legaltech y nuevas y distintas experiencias de usuario, con el fin de fortalecer la transformación del ejercicio del Derecho y el acceso a la justicia. Se vienen tiempos de un verdadero cambio y, ajeno a que sea positivo o negativo, debe ser abordado con gran responsabilidad y visión por parte del sector legal, para que el cambio positivo sea más efectivo y el cambio negativo sea menos dañino.

 

Finalmente, quiero hacer hincapié en el papel que jugarán las altas cortes en este nuevo Gobierno, en dos sentidos: (i) como principales veedores y protectores de los derechos de los ciudadanos, de la Constitución y de las leyes, y (ii) como miembros fundamentales del sistema de contrapesos, garantizado por la Carta Política. Parece discurso de calle, pero es claro que, sin una separación de poderes realmente efectiva, correcta y transparente, no podremos hablar de una democracia Por esta y muchas más razones, las altas cortes deberán defenderla.