Propuestas desde lo laboral para enfrentar la inflación

Charles Chapman López

Socio fundador de Chapman & Asociados

@charleschapmanl

 

Como es sabido, el índice de la inflación se ha incrementado significativamente en un porcentaje igual al 8,53 % en los últimos 12 meses (al 30 de abril). Para los productos de la canasta familiar, el incremento en los precios anuales, según el Dane, supera ese porcentaje en, al menos, 11,40 puntos y, en productos específicos, como la papa, la carne y el plátano, la inflación es mucho más gravosa, pues las variaciones en sus precios han sido del 140,16 %, 34,86 % y 42,05 %, respectivamente.

 

Tal circunstancia, que, sin duda, impacta gravemente a la población colombiana, ha ocasionado que el aumento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) decretado para este año en un 10,07 % haya perdido relevancia económica, particularmente para aquellos trabajadores de bajos ingresos, a quienes que se les reajustó su salario en un porcentaje inferior al decretado para el mínimo. Ello, pues, en estos casos, el porcentaje de su aumento, que, por lo general, es del IPC, no alcanza a cubrir el porcentaje de la inflación, lo cual deteriora mucho más su nivel de ingresos, su mínimo vital.

 

Tan terrible panorama debe ser afrontado rápidamente por el sector empresarial y la asesoría jurídica laboral, haciendo un análisis de manera integral, yendo más adelante y, generando, de manera propositiva, alternativas de mitigación o solución a la crisis.

 

Problema global y respuestas legales en Latinoamérica

 

La anterior problemática es un fenómeno mundial, que se ha profundizado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, solo por citar algunos países del continente, podemos referirnos a Chile, en donde la inflación ha venido acercándose al 8 % anual, previéndose, según el Banco Central de dicho país, incrementos cercanos al 10 % para mediados del 2022. Perú también registra cifras altas, llegando al 8,62 % en abril, cifra récord de los últimos 10 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.

 

Por otro lado, México hace parte de los países latinoamericanos que ha tenido incrementos en su inflación alrededor del 7,7 %, con corte al mes de abril. Finalmente, entre las cifras más dramáticas, está la de Argentina, país que se posiciona como la segunda inflación más alta en Latinoamérica, después de Venezuela, con un porcentaje del 55,1 % al mes de marzo, entre otras. Cabe resaltar que dichos países atribuyen la crisis de la inflación a conflictos exteriores como el de Rusia y Ucrania.

 

Para hacer contrataste al fenómeno inflacionario, varios de los gobiernos de los países antes mencionados ya implementaron medidas normativas, que atenuarán de forma ágil y efectiva el efecto de la inflación. Así, encontramos que, en Chile, el Presidente, con el fin de contener el alza en los costos de vida, anunció la presentación de proyectos de ley de estabilización de las cuentas de electricidad, para evitar fuertes alzas de esta y para impulsar la competencia en el sector del gas.

 

Por su parte, en Perú, las medidas normativas adoptadas fueron de tipo fiscal. Por ejemplo, algunos combustibles se exoneraron del impuesto selectivo al consumo, con el fin de reducir el costo del transporte de bienes y servicios y, con ello, trasladar tal disminución al consumidor final. La fórmula configura un sacrificio real de las finanzas públicas peruanas, si tenemos en cuenta que Perú depende mucho de los impuestos indirectos que gravan al consumo y los bienes, a diferencia de otros países que dependen más del impuesto a la renta.

 

En el caso de México, el gobierno ha decidido mantener el subsidio a la gasolina, con aportes de 257.000 millones de pesos mexicanos, y el subsidio a la energía eléctrica, con aportes por 73 millones de pesos mexicanos.

 

El caso colombiano

 

Colombia aún no ha comunicado medidas gubernamentales para brindar respuestas a esta coyuntura y alivianar el gran peso sufrido por los trabajadores de bajos ingresos ante el alza de la canasta familiar, entre otros bienes y servicios.

 

Solo el sector privado, selectivamente, pues es un pequeño número de empresas muy dinámicas, ha implementado alternativas coyunturales para que el poder adquisitivo de sus trabajadores se recupere ante el intempestivo incremento de la inflación, especialmente, para trabajadores de bajos ingresos.

 

No obstante, pienso que la promoción de esas medidas, ante la ausencia de respuesta gubernamental rápida, debe provenir de un número más generalizado de empresarios, para que sus efectos se noten en igual proporción en la sociedad y en un corto plazo. De lo contrario, dejaremos las ventanas abiertas para propuestas populistas que, probablemente, provocarán una menor productividad y competitividad y peores resultados en el empleo formal y en la redistribución de la riqueza en nuestro país, pues nuevamente los mayores afectados serán los desempleados, los informales y los empleados de bajos ingresos.

 

De igual manera, estamos convencidos de la premisa de Stephan Schmidheiny, según la cual “no hay empresas prósperas en sociedades que fracasan”.

 

Hoy, la sociedad cree más en los empresarios que en cualquier institución del país, reconocimiento que el sector se ha ganado con méritos. Por tanto, debemos seguir acrecentando ese apoyo, que la sociedad ratifique que cuenta con los empresarios para los momentos de crisis, como las medidas tomadas durante la pandemia, entre ellas, la vacunación por parte de privados, las cuantiosas donaciones de empresas y grupos económicos y campañas como “Adelanta la prima”, la Teletón, la Baqaton y la “Navidad sin hambre”, entre otras.

 

Algunas peticiones y propuestas

 

Frente a esta realidad, las organizaciones sindicales han reclamado, recientemente, un nuevo aumento en el SMLMV. Sin embargo, como anticipamos, no creemos que esta sea la mejor opción para enfrentar la crisis, sino que, por el contrario, agravará la situación de supervivencia de las pequeñas empresas (la mayoría de la economía colombiana) y, con ella, la profundización de las tasas actuales de desempleo e informalidad de nuestro país.

 

Desde la asesoría laboral, hacemos algunas propuestas con las que aportaríamos con solidaridad para enfrentar la coyuntura actual y la reactivación, las cuales se pueden desarrollar según las posibilidades del empleador, siempre y cuando no afecten su sostenibilidad. Algunas son:

 

(i) Reconocer un bono por inflación no salarial para los trabajadores de menores ingresos, cuyo índice de reajuste de sueldo en el año 2022 haya sido inferior al porcentaje que se ordenó en el reajuste del SMLMV para este año. El monto de dicho bono podría ser la diferencia entre el porcentaje reajustado en cada caso y el porcentaje que se incrementó el mínimo multiplicado por los seis meses de la primera parte del año.

 

(ii) Incrementar el subsidio de transporte hasta 150.000 pesos, es decir, 37.828 pesos mensuales adicionales, lo cual es algo razonable y sin mayor impacto en los costos de las compañías, dado que sobre este auxilio no se paga seguridad social, e incluso, el monto adicional se puede pactar como no salarial. Este último beneficio puede generarse de manera retroactiva a partir de enero.

 

(iii) Intentar estructurar la causación y el pago parcial de bonos de resultados que, por lo general, se cancelan a finales de año, para sufragarlo en junio, lógicamente en forma proporcional. Ello, teniendo en cuenta que muchas empresas han tenido un excelente resultado en este primer semestre del año, lo que les permite prever la porción de ese bono hasta este momento.

 

(iv) Un nuevo reajuste para empleados de menores ingresos, concretamente para aquellos que su incremento para el 2022 fue menor a lo reajustado para el SMLMV. En estos casos se puede dar la diferencia entre lo reconocido al empleado y el 10,07 % decretado para los de más baja remuneración.

 

Lógicamente, la propuesta se orienta a que estas alternativas sean adoptadas discrecionalmente por aquellas empresas que tengan la posibilidad financiera para hacerlo, y que pueden implementar una o varias de las propuestas. Lo importante es que no podemos perder de vista que entre más general sea su implementación por las empresas de todos los sectores de la economía, mayor será su efectividad en el bienestar de la población colombiana, en particular la de menores ingresos. Este debe ser el bien común al que tenemos que apuntarle. Para ello, debemos mantenernos unidos, solidarios y activos hacia el camino de la reactivación, el cual hemos venido transitando desde el 2020.