Temis recargada. La oportunidad que surgió de la crisis (I)

Alejandro F. Sánchez C.

Abogado penalista. Doctor en Derecho

@alfesac

Cuando empezó la pandemia, escribí esta columna: Temis conectada. Desde ahí, hasta ahora, la justicia penal supo adaptarse a la virtualidad y evitó la parálisis.

Miles de audiencias se hicieron sin salir de casa. La pregunta es: ¿por qué antes salíamos de casa, perdiendo horas en el tráfico para asistir, por ejemplo, a una audiencia de control posterior que tardaba 15 minutos? Audiencias de imputación, imposición de medida, acusación y preparatorias se hicieron virtuales sin mayores complicaciones.

Desde la orilla del litigio, los defensores también nos pusimos la camiseta. Detrás de un litigante hay una familia y muchas personas que de él dependen: abogados de apoyo e investigadores, hasta las personas que transcriben audiencias. Nunca paramos, seguimos y seguiremos, porque al final somos parte del mismo equipo: el de la Justicia, entendida en sentido amplio.

La conectividad no debe terminar con la pandemia. Al contrario, en lugar de invertir cuantiosas sumas en moles de cemento, pensemos en alternativas que pueden ser más rentables, como la de un subsidio a la conectividad y al trabajo en casa, con condiciones dignas y respetuosas que garanticen el derecho de todos a la desconexión.

¡Claro que hay aspectos que mejorar! Cómo es posible que los detenidos no tengan sitios virtuales cómodos y seguros para preparar el caso con el defensor o espacios en el desarrollo de la audiencia para hablar en privado. La frecuente causal de aplazamiento de audiencias “el detenido no pudo ser trasladado desde la cárcel al juzgado” se ha superado, pero también debemos pensar en sus garantías.

Y frente a juicios orales, al principio aprecié con recelo esta opción. Ahora también veo oportunidades. En primer lugar, facilita a los testigos la asistencia -otro motivo por el cual muchas audiencias fracasaban- y a los defensores la preparación con ellos. Segundo, los apoyos tecnológicos potencializan la gestión defensiva. En plena audiencia se puede verificar con rapidez qué dijo cada testigo, qué imprecisiones cometió, dónde está la declaración que lo contradice; buscar citas ágilmente o recibir por chat información clave. Ello no es censurable. Todo lo que ayude a filtrar y hacer más confiable la información no debe ser bloqueado, sino estimulado. Está al alcance de todos, también de jueces y fiscales que pueden conectarse con su equipo de trabajo.

Deben implementarse controles, entre ellos, escaneos virtuales aleatorios para confirmar que el testigo está solo y sin ayudas; la unificación de las plataformas y la garantía de alta definición; sistemas de grabación seguros y la incorporación de criterios de valoración de la prueba relacionados con el comportamiento virtual del testigo, tales como su desconexión repentina, su actitud frente a controles aleatorios o su rebeldía a seguir instrucciones del juez.

Además, todas las audiencias públicas virtuales deben tener un enlace público. Antes de la virtualidad muchos insistían en que varias instituciones debían regresar al papel. La virtualidad reivindicó la importancia de la oralidad y la publicidad. Por ejemplo, miles de personas se conectaron para escuchar audiencias de imputación, alegatos finales o lecturas de decisión. Personas que, de haber tenido que ir a sedes judiciales o leer las decisiones, no lo hubiesen hecho. La oralidad no es solo un tema de eruditos. Es un asunto público, una herramienta para que los ciudadanos conozcan en tiempo real qué es la justicia. Oralidad y virtualidad se han convertido en “hijas mimadas” del proceso penal.

El presidente de la Corte Suprema, en el discurso de fin de año, exaltó el enorme esfuerzo de fiscales, jueces, procuradores, defensores y auxiliares, para evitar la parálisis del sistema. La Corte Suprema dio ejemplo, nunca paró. No obstante, puede aprovechar oportunidades, por ejemplo, con la audiencia de sustentación oral de las demandas de casación admitidas y el debate respecto a ellas. Con la virtualidad, desde cualquier parte del país, los ciudadanos interesados en los problemas jurídicos que allí se debaten pueden conocer en tiempo real los asuntos que se surten en la más alta Corte de la Jurisdicción Ordinaria. No les neguemos a ellos y a la democracia tan valiosa posibilidad.

Otros puntos en la próxima columna.