21 de Noviembre de 2024 /
Actualizado hace 30 minutos | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Online

Las “guaridas fiscales” en Colombia causan pérdidas millonarias y requieren acciones inmediatas

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Sandra Patricia Mojica Enciso
Vocera y directora de influencia de Oxfam Colombia

En el marco de la discusión en el Congreso de la República de la propuesta de Presupuesto General de la Nación presentada por el Gobierno y la que ha causado una preocupación general por su desfinanciamiento, es necesario plantear un escenario que hasta ahora ha pasado desapercibido.

Los paraísos o guaridas fiscales, como Oxfam Colombia propone llamarlas, son utilizadas por las grandes corporaciones y las personas de mayor poder adquisitivo para obtener beneficios y evadir pagos fiscales, privando al Estado de la recaudación de recursos fundamentales para la inversión social y el desarrollo comunitario. De acuerdo con el último informe presentado por esta ONG, en lo que va de 2024, más de un tercio de la inversión directa de Colombia en el exterior tiene como destino una “guarida fiscal”, que equivale al 36 % del total de la inversión directa de Colombia en el exterior (IDCE) y al 37 % del presupuesto proyectado para inclusión social en 2025.

La preocupante situación no para ahí, en el periodo 2015 al 2020 las multinacionales que operan en el país han trasladado más de 9 billones de dólares a paraísos fiscales y que, según el proyecto de presupuesto para el 2025, alcanzaría a cubrir en más del 90 % el rubro de inversión en igualdad y equidad; esta práctica ha ubicado a Colombia como el octavo país de América Latina con mayores pérdidas fiscales por el traslado de beneficios al exterior por parte de las grandes corporaciones.

Pero, ¿qué significa esto para la ciudadanía en general? Si las personas o empresas esconden en las guaridas fiscales su riqueza, dejan de pagar un porcentaje importante de impuestos en Colombia, lo que nos afecta directamente a todas y todos, especialmente a las personas en mayor estado de vulnerabilidad. La caída de ingresos tributarios por las guaridas fiscales afecta el gasto público, por lo que se acaba por contraer o se opta por elevar los niveles de deuda pública. Ninguna de estas opciones es positiva para la sociedad colombiana, ya que o se pone en cuestión la capacidad de sostener la necesidad del conjunto de la población para construir una sociedad más justa hoy o se hipotecan a próximas generaciones, a quienes se acaba por trasladar el peso de la deuda.

Ante esta situación que reduce el recaudo y, por ende, la capacidad del Estado de garantizar el acceso a servicios públicos, de salud, educación e infraestructura, es urgente que el gobierno de Colombia acoja las recomendaciones planteadas en el informe Paraísos fiscales: un reto pendiente para Colombia y refuerce su marco normativo y sus mecanismos de control sobre los flujos financieros que pasan por los países catalogados como guaridas fiscales, actualice la lista de paraísos fiscales e incorpore criterios más eficientes, por ejemplo, incluir las jurisdicciones con impuestos corporativos nulos o muy bajos, evaluar la falta de actividad económica real por parte de las sociedad de destino u origen para frenar la actividad artificial e incorporar un análisis de indicadores económicos.

Asimismo, se deben implementar normas de transparencia que obliguen a las empresas a reportar sus actividades financieras y fiscales en los países en los que operan, reforzar los mecanismo de control y sanción de operaciones con origen o destino de una guarida fiscal, fortalecer la cooperación entre países para intercambiar información que permita identificar y prevenir la elusión y evasión fiscal y, por último, es urgente promover una mayor cultura tributaria y de responsabilidad corporativa para que las empresas y las personas paguen su parte justa de impuestos y la carga tributaria no quede en las personas con menos capacidad adquisitiva profundizando la brecha de desigualdad.

Finalmente, es importante que toda la ciudadanía se mantenga informada y haga un control social al Gobierno y al Congreso, para que se implementen medidas encaminadas a lograr una justicia económica y social.

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