Jueces, no caigan en la trampa

Alejandro F. Sánchez C.

Abogado penalista. Doctor en Derecho

Twitter: @alfesac

Una de las trampas del populismo punitivo consiste en cargar la responsabilidad del fracaso del sistema penal a los jueces. ¡Miren cómo los dejan libres! ¡La Policía los atrapa, ellos los sueltan! Gritan alentando a la tribuna a culpar a los jueces de la crisis del sistema. Es una fórmula patentada del populismo que Miranda Estrampes describió con maestría: “Mediante esta forma de actuación los responsables políticos se construyen, además, una coartada ideal para no asumir sus responsabilidades frente a la sociedad y hacen descansar de esta forma en el Poder Judicial, esto es, en los jueces, toda la culpabilidad del fracaso del  sistema, mediante la invocación de una aplicación inadecuada de la ley penal, no ajustada a   las expectativas sociales creadas artificialmente desde las propias instancias políticas. Este populismo penal obedece, de hecho, a un oculto intento de traspaso de responsabilidades del poder político al poder judicial, quien asume en exclusividad la carga de solucionar el problema”[1]. 

Consecuencia de una política legislativa populista el sistema se cae a pedazos, porque simplemente dejó de ser eso, un sistema. El modelo solo puede funcionar cuando la maquinaria se sincroniza de tal manera que lleva a juicio una cantidad mínima de casos en los cuales tiene una alta probabilidad de ganar. El otro porcentaje, el más grande, debe ser procesado por salidas alternativas, como conciliación, restauración, allanamientos o preacuerdos. 

La lógica conceptual del sistema no funciona sin esa sincronía, al menos en un mundo real donde los recursos económicos, técnicos y humanos son escasos, y despilfarrarlos no es una opción.  

Pero de los legisladores se comprende que, consciente o inconscientemente, caigan en la trampa populista. Como lo dice el citado autor, mientras las políticas públicas no dan réditos inmediatos, las reformas legislativas se exhiben como “resultados” de corto plazo y alto impacto y, en honor a la verdad, pareciera que hasta el sentido común los respalda. 

Lo que no puede suceder, a menos que se acabe la esperanza, es que sean los jueces los que caigan en ella. Síntomas que ello puede estar ocurriendo, se presentan cuando: 

(i) Se “salvan los casos” ampliando vía interpretativa las causales que avalan la intervención de prueba de referencia. (ii) Las falencias de la fiscalía en la labor investigativa en escenarios donde la prueba científica, técnica o tecnológica puede aplicarse, se ocultan en versiones de testigos sin más soporte que su dicho. (iii) Se flexibilizan las cargas argumentativas de las solicitudes probatorias, se menosprecian los protocolos de cadena de custodia, se relaja la aplicación de las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. (iv) Se permite al juez de garantías imponer medidas de aseguramiento más restrictivas que las pedidas por la fiscalía. (v) Se castiga a la defensa cargándole los fenómenos extra litigio -falta de traslados por el personal de custodia, las vacancias judiciales, los cambios de fiscales o de jueces, los paros, la congestión del despacho, inasistencia de testigos, etc.-. (vi) También se castiga a la defensa por los fenómenos intra litigio -los tiempos que demoren los recursos o incidentes de la defensa (falta de competencia, nulidades, recusaciones, etc.)-. 

Si los jueces caen en la trampa populista y ante la avalancha de libertades, prescripciones y absoluciones que se avecina, optan por “arreglarle el juego” a los legisladores y fiscales, todo está perdido. En algún momento, así sea por buenas intenciones, el sistema colapsará y puede que muchas víctimas queden en el camino. 

Conocí a un juez. Un día discutimos sobre la aplicación correcta de una norma en un caso y mi posición a favor del procesado planteaba que su interpretación no se ajustaba a la ley y era injusta. Recuerdo que me dijo: “La justicia es lo que los jueces dicen que es justo”. Ahora ese juez afronta un proceso penal. Me pregunto si sigue pensando igual.