¿Fuerza legítima o legitimable?

Germán Burgos S.

Profesor de la Universidad Nacional

Investigador asociado a Colciencias

En desarrollo de uno de los atributos básicos del Estado moderno, el actual Código Nacional de Policía y Convivencia establece como una de sus normas que la “utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva, en el marco de este Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico vigente, salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar”.

Hay dos elementos que resaltar de esta norma. Uno, la referencia a su exclusividad, tema que en otros planos generó debate a propósito de la reforma constitucional que introdujo lo mismo en relación con las diversas fuerzas del Estado y con el fin de evitar jurídicamente, si es que es posible a este nivel, repetir la experiencia del paramilitarismo en Colombia. De otra parte está la referencia a su  carácter de legítima, el cual analizaremos críticamente a continuación.

Enunciar la legitimidad de la fuerza del Estado, en este caso a nivel policial, como un punto de partida, se funda de una u otra manera en la idea de un origen que la justifica. Este vendría del concepto mismo de la soberanía popular, la cual está detrás de la creación jurídica de todo el aparato de Estado. Para el caso en mención, la legitimidad de la fuerza policial devendría entonces en que su existencia y organización están enmarcadas por normas constitucionales y legales que provienen de representantes de dicho soberano, sea a través del parlamento o de las diversas instancias estatales mediante las que actúa este. Sin embargo, tal legitimación  de origen no deja de ser una ficción jurídica problemática.

De un lado, en tanto producto de la imaginación humana, es ante todo una referencia abstracta que generalmente no se corresponde con el hecho de que los Estados modernos son organizaciones de fuerza letales por el armamento que manejan y su organización permanente. Por lo demás, históricamente los Estados han sido más el producto de dinámicas de imposición entre distintos actores de poder, antes que el producto de una decisión soberana que le antecedió.

De la anterior constatación surge entonces que salvo como ficción cuestionable, la fuerza del Estado, en este caso policial, no es legítima per se, aunque puede lograr serlo si respeta los  medios y fines que le deben caracterizar al menos en un Estado de derecho. En efecto, la jurisprudencia nacional de las altas cortes, al igual que la internacional, coinciden en que la fuerza estatal logra justificarse más allá del miedo siempre y cuando se ejerza de manera proporcional, necesaria, como último recurso y sujeta a límites.

Naciones Unidas igualmente ha establecido distintas reglas y protocolos a los que debe estar sujeta la fuerza del Estado. Por su parte, en materia de fines, esta debe estar ligada a pretensiones de carácter público que estén definidas de forma precisa, de manera tal que no cualquier objetivo privado se termine convirtiendo en un fin público.

Partiendo de lo anterior, entonces, si la violencia o coerción estatal logran ser ejercidas respetando los anteriores criterios y fines es posible que logre legitimarse y, por ende, justificarse a los ojos de la población. De lo contrario, considerar aquella como legítima per se puede terminar siendo coherente con abusos de la misma a nombre de intereses espurios o inclusive de la mismísima lectura sesgada de la voluntad popular.

O peor aún, puede llevar a considerar que todo lo legal o legalizable es legítimo, aspecto que acompañó jurídicamente desde los campos de exterminio nazi hasta la ola de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. 

En suma, la fuerza del Estado no es legítima per se , salvo si asumimos acríticamente la ficción jurídica de la soberanía popular original. Por tanto, la coerción estatal en sus diversas facetas logra legitimarse si se somete a ciertos criterios de forma y de fondo tales como proporcionalidad, necesidad, oportunidad, etc.

De lo contrario, la hoy por hoy inevitable violencia del Estado puede deslegitimarse y devenir finalmente en lo más parecido a una banda de ladrones.