Gobierno plantearía pena máxima de 40 años y prisión domiciliaria para condenas de hasta 12 años

El segundo periodo de la legislatura 2022-2023 será agitado, pues además de las reformas pensional y laboral viene una propuesta del Gobierno para superar el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria.

Y es que existe un anteproyecto de ley con el que se modificaría el marco normativo e institucional en materia penal y de ejecución de las penas, con el fin de adecuarlo a los estándares constitucionales y las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos establecidas por la ONU.

ÁMBITO JURÍDICO conoció el articulado que se plantearía, y aunque la iniciativa toca en su mayoría normas penales, tendría repercusión hasta en el Código General del Proceso y el Código General Disciplinario. (Lea: Presentarán proyecto para descongestionar las cárceles).

El Ejecutivo ha estudiado casos de otros países que le han dado un enfoque diferente a su sistema penal. “Queremos ofrecerle al país una reforma al Código Penal que le ofrezca más seguridad, en el sentido de disminuir la reincidencia y ofrecer un sistema carcelario más moderno, razonable y ajustado a la sensatez”, aseguró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

El funcionario ha insistido en la necesidad de hacer cambios en el cumplimiento de la penas, para evitar crisis relacionadas con el hacinamiento; buscará con este proyecto transformar el sistema carcelario por uno restaurativo, así como implementar penas alternativas a la reclusión, reforzando la prisión domiciliaria e incluso que los condenados puedan afrontar sus procesos en libertad.

Entremos en materia, el artículo 38B del Código Penal se modificaría, este se refiere al beneficio de prisión domiciliaria, en la actualidad aplica para penas de ocho años o menos; de ser aprobada la reforma, aumentaría el requisito de pena mínima a 12 años o menos, el juez establecería qué servicios de utilidad pública ejecutará el condenado para que cobre sentido la medida sustitutiva:

Osuna aclaró que “habría que esperar qué dice el Congreso, pero aplicaría para todos los delitos menos los delitos sexuales y delitos contra niños, niñas y adolescentes”.

Otro de los apartados relevantes del texto tiene que ver con la duración máxima de las penas, que pasaría de 60 a 40 años, excepto en los casos de concurso:

Sobre la suspensión de la detención preventiva, el borrador plantea modificaciones en el caso de mujeres en estado de embarazo, ampliando el periodo de detención domiciliaria para proteger sus derechos:

En el caso de redención de pena por participación en programas restaurativos, se plantea que si una persona repara a la víctima de manera integral y participa en programas resocialización como estudiar, aprender oficios, lectura, entre otros, la justicia le podría conceder beneficios, con el fin de que no vuelvan a delinquir.

La propuesta tiene nuevas apuestas, como las comunidades terapéuticas en los establecimientos de reclusión nivel uno, dos y tres, con el objetivo de promover la prevención del consumo de sustancias y estilos de vida saludables como preparación a la libertad. 

Finalmente, en el documento no se plantea la posibilidad ampliar el número de cárceles en el país, ya que, según ha dicho en otras ocasiones el Gobierno, los $ 2,5 millones mensuales que se gastan por cada persona privada de la libertad se podrían invertir en otros rubros.