Marcelo Álvarez: “Priorización de casos en escenarios de ‘macrovictimización’ no implica impunidad”

 

El pasado 4 de octubre, la Fiscalía General de la Nación emitió la Directiva 01, que establece criterios para focalizar la acción investigativa de la entidad hacia determinadas situaciones y casos. 

 

Este esquema, que no es concebido como un instrumento de descongestión judicial, busca identificar elementos comunes para combatir de manera efectiva la criminalidad organizada, el conocimiento del contexto del conflicto armado, la desarticulación de grupos que violan los derechos humanos y la racionalización de los recursos de la Fiscalía.

 

En la elaboración de la directiva participó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA). ÁMBITO JURÍDICO dialogó sobre la importancia de este esquema con Marcelo Álvarez, jefe de la Misión.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuál es su balance del proceso de Justicia y Paz?

 

Marcelo Álvarez: Basados en nuestra experiencia de acompañamiento al proceso desde sus inicios, podemos decir que, a pesar de sus falencias, ha generado un importante impacto en miles de colombianos, que han podido conocer gran parte de la historia paramilitar. Igualmente, miles de familiares de víctimas han podido finalmente hacer el duelo y sepultar a sus seres queridos. La justicia colombiana pudo conocer alrededor de 50.000 hechos que no había conocido y mucho menos judicializado.

 

Á. J.: ¿Y cuáles han sido las falencias?

 

M. Á.: La magnitud de la situación superó la capacidad operativa del Estado. En el 2006, apenas había 19 fiscalías funcionando, y a pesar de haberse triplicado su número, los funcionarios judiciales de dichos despachos deben investigar, entrevistar, recolectar información de las víctimas, realizar diligencias de versiones libres, imputar hechos delictivos y escribir los elementos contextuales de las estructuras armadas ilegales. Para dar un ejemplo del volumen de trabajo, cada día hay alrededor de 30 versiones libres y 30 entrevistas a postulados, sin contar con las jornadas de atención a víctimas en las que ya se han recolectado más de 400.000 formatos de hechos atribuibles. 

 

Á. J.: ¿Esa es la razón del esquema de priorización de casos adoptado por la Fiscalía?

 

M. Á.: En este escenario, una vez terminadas las versiones libres, cada hecho imputado demoraba en ser presentado al magistrado de control de garantías alrededor de 20 minutos. Cada fiscal debía presentar cada hecho con elementos de modo, tiempo y lugar, siguiendo una lógica de judicialización ordinaria. De haber continuado en este sentido, la Fiscalía necesitaría décadas únicamente para imputar los hechos confesados y los que potencialmente se confesarían en Justicia y Paz. Esto hace necesaria una priorización de casos, que permita judicializar aquellos que son más importantes para ser investigados y que se traducen en los criterios expuestos en la directiva.

 

Otra razón fundamental del nuevo esquema es que, hasta el momento, el sistema investigativo de la Fiscalía se basaba en una lógica ordinaria que no requería una estricta contextualización de las estructuras ilegales, independientemente de que muchos despachos judiciales hubieran avanzado en estos estudios “macrocriminales” en sus propios procesos.

 

Á. J.: ¿Cómo se garantiza que este esquema no genere impunidad?

 

M. Á.: El precepto del que debemos partir es que la priorización de casos en escenarios de “macrovictimización” no implica impunidad. La directiva establece varios conceptos, con el fin de que los criterios de priorización puedan armonizarse con las exigencias nacionales e internacionales de persecución, investigación y judicialización criminal. Así, por ejemplo, se establece que el caso ilustrativo del plan criminal trae a colación la construcción de un contexto, la acumulación de actuaciones y la investigación de los máximos responsables, colaboradores y financiadores. Habíamos expresado en el diagnóstico la necesidad de incorporar dichos sujetos en la persecución, con el fin de tener una mejor y más adecuada investigación de la macro criminalidad.

 

Á. J.: ¿Este esquema afectará la investigación de los “delitos menores”?

 

M. Á.: Actualmente, el hecho de que muchos delitos llamados como menores sean fáciles de investigar está causando que delitos como masacres, desapariciones o desplazamientos no sean investigados de manera prioritaria. En este sentido, la directiva busca ordenar estas judicializaciones. Aquellos delitos considerados como menores deben ser tratados de alguna u otra forma. Para ello existen figuras como el principio de oportunidad y otros mecanismos de justicia transicional como la comisión de la verdad, por ejemplo.

 

A. J.: ¿Cuál fue el papel de la MAPP en la elaboración de esta directiva?

 

M. Á.: En el año 2008, comenzamos a advertir sobre los riesgos de avanzar en la judicialización de aquellos delitos que eran más fáciles de ser investigados o que ya tenían una sentencia ejecutoriada en el marco de la justicia ordinaria. Posteriormente, con la masificación de las audiencias de imputación, alertamos sobre la importancia de adoptar criterios más laxos para que cada delito no fuera exhaustivamente explicado ante la judicatura.

 

En el 2011 presentamos, bajo la coordinación de Baltasar Garzón, un diagnóstico de todo el proceso de Justicia y Paz. En él expresábamos que para que el proceso no llegara a colapsar, era necesaria la adopción de criterios de selección y priorización. Esta postura fue validada también por expertos internacionales traídos por nosotros junto con la ICTJ y la GIZ.

 

Este año, trabajamos de la mano con la Fiscalía en la convocatoria y metodología de cinco talleres que llevaron a la elaboración de esta directiva. En estos talleres se convocó a funcionarios judiciales, administrativos y a la sociedad civil, con el fin de discutir sobre la estrategia más idónea para ser aplicada en Colombia.

 

Á. J.: ¿Qué sigue en la implementación del esquema de priorización de casos?

 

M. Á.: A partir de ahora, seguiremos trabajando de manera conjunta con las instituciones para que estos criterios contribuyan a revelar la mayor cantidad de verdad posible, y para que la judicialización de los máximos responsables sirva como un ejemplo de lucha contra la impunidad.

 

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