“El foco de una reforma a la justicia debe ser la gente y no el aparato estatal de justicia”

Luego de su paso por la Corte Constitucional, el abogado Alejandro Linares Cantillo regresa a la firma Gómez-Pinzón Abogados (GPA). La llegada de Linares busca aportar gran experiencia por su conocimiento de los sectores público y privado, que fortalecerán significativamente las iniciativas estratégicas de la firma.

Linares, egresado de la Universidad de los Andes, se desempeñó durante ocho años como magistrado de la Corte Constitucional, tribunal en el que también ejerció como su presidente. Así mismo, se desempeñó como vicepresidente jurídico de Ecopetrol, viceministro de Agricultura y trabajó en el Departamento Nacional de Planeación.

De acuerdo con GPA, la función principal de este jurista se centrará en brindar asesoramiento estratégico en transacciones internacionales, litigios transnacionales y arbitraje, para aprovechar su conocimiento del derecho comercial internacional, tanto en jurisdicciones de derecho civil como de derecho común.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo evalúa su experiencia y su paso por una institución tan importante para el Estado de derecho del país como la Corte Constitucional?

 

Alejandro Linares Cantillo: Llegar a la Corte Constitucional es el sueño de todo abogado. Es una institución muy reputada, nacional e internacionalmente. Para mí fue una experiencia extraordinaria, porque aprendí a escuchar a mis colegas y a aprender de ellos. El texto constitucional es el mismo, pero permite lecturas diversas basadas en nuestras experiencias, nuestras especializaciones, nuestras visiones del mundo. En síntesis, fue un aprendizaje muy motivador.

Á. J.: ¿Cuáles considera que fueron sus principales aportes a la construcción de esa reputación tan importante que tiene esta institución?

 

A. L. C.: Yo creo que mi contribución más relevante fue promover el respeto por las instituciones de la democracia constitucional y construir consensos en torno a decisiones complejas, difíciles y muy sensibles para la sociedad, sobre la base de los precedentes vinculantes y argumentos constitucionales sostenibles en el tiempo.

Á. J.: ¿Qué opinión le merece la propuesta de una constituyente en la que tanto ha insistido el presidente de la República?

A. L. C.: El presidente está en todo su derecho de proponer cambios a la Constitución, siempre que lo haga por el Congreso de la República, por una Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo mediante referendo. El pueblo ejerce su soberanía en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la misma Constitución Política establece.

Á. J.: ¿Cómo aplicar ahora esa experiencia en la Corte Constitucional a su regreso a la firma GPA?

 

A. L. C.: GPA es una firma muy institucionalizada, profesionalizada y con especialidades muy sólidas. Mi rol será apoyar las distintas especialidades del Derecho para proveer soluciones adecuadas a problemas complejos, con una visión más estratégica que operativa. Si logro implementar esta estrategia, podré contribuir significativamente al fortalecimiento del litigio estratégico en GPA, diferenciando a la firma en el competitivo mercado legal colombiano.

Á. J.: ¿En qué áreas del Derecho y de práctica enfocará su nueva gestión en GPA?

A. L. C.: Mi énfasis será el arbitraje internacional, tanto comercial como de inversión, con un enfoque de colaboración interdisciplinaria. Hay que fomentar la colaboración entre diferentes áreas de práctica dentro de la firma para asumir casos desde múltiples perspectivas y crear equipos multidisciplinarios para abordar litigios complejos que requieran conocimientos en diversas áreas del Derecho.

Á. J.: Desde su última gestión en una firma de abogados a hoy, ¿cuáles cree que son los principales cambios en el ejercicio del Derecho en estas?

 

A. L. C.: Sin duda, la irrupción de las nuevas tecnologías en la práctica del Derecho. Ello sugiere que hay que utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG) y análisis de datos para fortalecer las estrategias de litigio y promover el uso de software específico que ayude a identificar patrones, predecir resultados y optimizar las estrategias legales.

Á. J.: ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy enfrentan las firmas de abogados?

 

A. L. C.: Aunque la tecnología y la IAG transformarán la práctica legal y automatizarán muchas tareas rutinarias, los abogados seguirán siendo necesarios para las funciones que requieren juicio humano, empatía, creatividad y habilidades interpersonales. La clave para los abogados será adaptarse y aprovechar estas herramientas para mejorar su eficiencia y la calidad de sus servicios. Si bien es poco probable que los abogados desaparezcamos por completo, la automatización y la IAG van a transformar nuestro rol. Va a continuar la automatización de tareas repetitivas, permitiendo a los abogados enfocarse en tareas más complejas y estratégicas. Los abogados pueden asumir roles más estratégicos, asesorando en la implementación de tecnologías legales y en la gestión de riesgos, en lugar de centrarse en la ejecución de tareas mecánicas. Por su parte, la automatización puede aumentar la eficiencia en la prestación de servicios legales, reduciendo costos y haciendo el acceso a la justicia más asequible.

Á. J.: ¿Cuáles considera que son los principales cambios de ejercer la profesión en el sector público frente al sector privado? ¿Cuáles las semejanzas?

A. L. C.: Debo destacar que hoy en día se ha profesionalizado mucho el ejercicio de la profesión entre quienes escogen el ejercicio profesional, la Rama Judicial y la academia. Aunque los abogados de distintos sectores compartimos una base común de respeto por los derechos humanos, la formación y los principios éticos, sus roles, objetivos y entornos de trabajo pueden diferir significativamente. El ejercicio profesional del Derecho en Colombia presenta tanto semejanzas como diferencias significativas entre el sector público y el sector privado. En ambos sectores, los abogados deben contar con un título de Derecho y estar inscritos en el Consejo Superior de la Judicatura para ejercer la profesión legalmente. Tanto en el sector público como en el privado, los abogados deben adherirse a los mismos principios éticos y profesionales, incluyendo la confidencialidad, la integridad y el cumplimiento de la ley. También hay semejanzas en materia de competencias legales, pues los abogados en ambos sectores utilizan sus conocimientos jurídicos para interpretar y aplicar la Constitución y la ley, representar a clientes o instituciones, y resolver disputas legales.

Á. J.: ¿Y las diferencias?

 

A. L. C.: Hay grandes diferencias en los ámbitos de trabajo, pues mientras los abogados del sector público, además de la Rama Judicial, pueden trabajar en entidades gubernamentales, organismos de control, ministerios, alcaldías, y entidades descentralizadas, en el sector privado suelen trabajar en firmas de abogados, como asesores internos en empresas, o en práctica independiente. También hay diferencias en los tipos de casos, y los objetivos y clientes. Y hay una diferencia importante en materia de remuneración y estructura de compensación. En lo público, los salarios son generalmente fijos y determinados por escalas salariales y los beneficios pueden incluir estabilidad laboral y prestaciones sociales, mientras que, en el sector privado, la remuneración puede variar ampliamente y suele incluir salarios, bonificaciones basadas en el desempeño y, en algunos casos, participación en las ganancias de la firma. También hay diferencias en la flexibilidad y entorno de trabajo, con horarios y procedimientos más rígidos en lo público, mientras que en lo privado se puede ofrecer mayor flexibilidad en términos de horarios y modalidades de trabajo, aunque también puede implicar largas horas y un entorno altamente competitivo. Por último, en materia de innovación y tecnología, en el sector público la adopción de nuevas tecnologías y procesos innovadores puede ser más lenta, debido a restricciones presupuestales y procedimientos burocráticos.

 

Á. J.: Ahora que se habla de una reforma a la justicia, dada su experiencia en una institución como la Corte Constitucional y en el sector privado, ¿cuáles cree que son los principales males y desafíos que enfrenta la justicia?

A. L. C.: Yo pienso que el foco debe ser la gente y no el aparato estatal de justicia. Una reforma a la justicia puede ser más efectiva si se enfoca en resolver las necesidades jurídicas insatisfechas de los ciudadanos, fortaleciendo el Estado de derecho y mejorando la percepción pública del sistema de justicia en Colombia. Por ejemplo, hay que asegurar un acceso equitativo para que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica o condición económica, tengan acceso a servicios legales y judiciales. Hay que desarrollar mecanismos específicos para atender las necesidades de poblaciones vulnerables, como mujeres, niños, comunidades étnicas y personas en situación de discapacidad.

Debemos ampliar los programas de asistencia legal gratuita para aquellos que no pueden costear un abogado, asegurando que todos tengan representación legal adecuada. También hay que informar a los ciudadanos sobre sus derechos y cómo acceder al sistema judicial, a través de campañas de educación y concientización. Y llevar los servicios judiciales a las regiones más apartadas, estableciendo más juzgados y oficinas de atención en áreas rurales. También reducir los tiempos de espera, simplificando procedimientos y utilizando tecnología para agilizar los procesos judiciales y focalizar recursos en áreas con alta demanda de justicia, como los casos de violencia doméstica, conflictos laborales y disputas de tierras. Así mismo, implementar sistemas de transparencia que permitan a los ciudadanos conocer el estado de sus casos y generar mayor confianza en el sistema judicial y promover y facilitar el uso de métodos alternativos como la mediación y la conciliación para resolver disputas de manera más rápida y menos costosa. Por último, crear canales para que los ciudadanos puedan expresar sus quejas y sugerencias sobre el sistema judicial, utilizando esta retroalimentación para mejorar continuamente los servicios.

Á. J.: Siendo usted un defensor y conocer de la ética y del ejercicio del Derecho, y al ser ponente de la sentencia sobre el nuevo examen de Derecho para abogados, ¿cómo evalúa este nuevo requisito para ejercer la profesión?

A. L. C.: En efecto, fui ponente de la Sentencia C-138 de 2019, que determinó que el examen de Estado es un mecanismo que permite evaluar y verificar las aptitudes académicas del futuro profesional en Derecho. En ese orden de ideas, exige una formación académica que deben reunir los estudiantes que iniciaron sus estudios después de la promulgación de la Ley 1905 de 2018. La Sala Plena encontró que el examen de Estado es un medio constitucionalmente permitido, pues asegura unos conocimientos trasversales a la formación profesional de los abogados y, con base en estos, permite habilitar el ejercicio profesional en los casos específicamente mencionados.

Restringir la oferta de abogados en un país con exceso de profesionales puede ser complejo. Un examen de Estado es una herramienta que algunos países utilizan para regular el acceso a la profesión, asegurando que solo los candidatos que cumplan con ciertos estándares de calidad puedan ejercer.

Sin embargo, esta medida, por sí sola, no necesariamente resolverá el problema de la saturación y exceso de abogados en Colombia, ya que el número de abogados puede seguir creciendo, si no se implementan otras estrategias, que combinadas podrían ayudar a equilibrar la oferta de abogados con la demanda del mercado y mejorar la calidad y relevancia de los servicios legales ofrecidos. Por ejemplo, hay que introducir cursos especializados o programas de formación que preparen a los abogados para áreas emergentes o de alta demanda. Igualmente, establecer límites en la cantidad de abogados que pueden obtener licencia en ciertas áreas del Derecho o en ciertas regiones y promover la especialización en nichos específicos del Derecho. También incentivar el uso de tecnología y metodologías innovadoras para mejorar la eficiencia y crear nuevas oportunidades en el campo legal.

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