Juan Carlos Esguerra: “Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura es un sentimiento generalizado”

 

Después de ocho años, Colombia vuelve a tener un Ministerio de Justicia y del Derecho. El presidente Juan Manuel Santos le encomendó las riendas de la resucitada cartera al abogado Juan Carlos Esguerra Portocarrero, exconstituyente, exembajador en EE UU y exministro de Defensa.

 

De entrada, el principal reto del nuevo ministro será sacar adelante el proyecto de reforma constitucional con el que el Ejecutivo busca darle un vuelco a la organización y el funcionamiento de la Rama Judicial.

 

Esguerra conversó con ÁMBITO JURÍDICO sobre los temas más relevantes de la iniciativa. La tutela contra sentencias y la eliminación del Consejo Superior de la judicatura son sus puntos neurálgicos.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo está el ambiente para la reforma a la justicia, teniendo en cuenta que no hubo consenso con las altas cortes?

 

Juan Carlos Esguerra: Hay diferencias de criterio, pero yo creo que el ambiente es bueno. Me parece natural que eso ocurra en una democracia. No me gustan los unanimismos, eso no es bueno para nadie ni para nada. El pluralismo exige que se den las cosas de esa manera, y yo creo que lo que viene, que es el diálogo en el seno del Congreso, debe servir para enriquecer las propuestas, para sacar lo mejor de ellas.

 

Á. J.: O sea que bienvenido el proyecto que presentó el Consejo de Estado.

 

J. C. E.: Propuestas como la del Consejo de Estado sirven para enriquecer el debate, y eso es lo democrático. Nada más terrible que los regímenes en donde no hay más que una sola voz, y esa voz es la del Gobierno, y esa voz del Gobierno se traduce en normas jurídicas.

 

Á. J.: La propuesta del Gobierno se enfoca en puntos coyunturales. ¿Qué pasa con los problemas estructurales de la administración de justicia?

 

J. C. E.: Es verdad que en el proyecto hay puntos que tienen un cierto carácter coyuntural, pero no por ello menos grave. Se trata de ordenar ciertas cosas que la experiencia ha demostrado que no estaban funcionando adecuadamente. Pero en la reforma hay no pocos temas de verdadero fondo. Ahora, la reforma no lo resuelve todo ni aborda todos los problemas. Se refiere a algunos aspectos constitucionales que tocan con la parte estructural de la Constitución, con la organización de la Rama Judicial y de sus relaciones con el Ejecutivo.

 

Á. J.: ¿Se piensa involucrar a la comunidad jurídica en el debate?

 

J. C. E.: Hay que ver qué cambios son necesarios, conversando con los jueces, con todo el aparato de la judicatura, pero también por el lado de los abogados litigantes. Yo estoy convencido de que  no se ha cumplido satisfactoriamente la función disciplinaria de los abogados, que debería determinar que fuéramos mucho más estrictos. Un abogado, por definición, debe ser un punto de referencia de la sociedad, de corrección, de verticalidad, de honestidad, de buen juicio, de confiabilidad. Recientemente, pregunté por las estadísticas de las sanciones que les han puesto a los abogados en los últimos tiempos los consejos de la judicatura y, realmente, da vergüenza lo ínfimos que son los casos de sanciones frente a lo que uno ve en la realidad que son las violaciones a la ética profesional.

 

Á. J.: ¿Por qué se insiste en eliminar el Consejo Superior de la Judicatura?

 

J. C. E.: En la propuesta del Gobierno, se está recogiendo un sentimiento generalizado en el país. No fue mi idea, pero estoy de acuerdo con ella. Creo que el Consejo Superior de la Judicatura, salvo la tarea que cumplió en materia administrativa en los primeros tiempos, ha sido, y lo digo con todo respeto, pero lo tengo que decir con toda claridad, inferior a las circunstancias, al voto de confianza que en él puso la Constitución de 1991. En materia administrativa, no se han logrado plenamente los objetivos. Y en materia disciplinaria, los resultados no pueden ser más pobres. Además, ha habido una mala influencia de la mala política, que ha terminado afectando al propio Consejo, por la forma como se eligen sus integrantes. Yo no estoy descubriendo el agua tibia, no estoy contándoles una chiva. Es lo que uno oye, lo que percibe en todos los sitios: que eso, como está, no funciona. Con esto, el Gobierno no ha sorprendido al país. Es un clamor que viene planteándose desde hace tiempo y que el Gobierno ha recogido, porque está completamente de acuerdo con él.

 

Á. J.: ¿Quién asumirá sus funciones?

 

J. C. E.: La idea es que las funciones administrativas pasen a un órgano nuevo, integrado por los presidentes de las altas cortes y delegados escogidos por ellos, que tendrá como brazo ejecutor a un gerente, también escogido por los propios jueces. Es decir que en nada se menoscaba la autonomía del manejo administrativo y de los recursos financieros de la justicia. En eso, lo que hizo la Constitución de 1991 fue un gran acierto, y no podemos dar marcha atrás. En ese mismo organismo tendrán asiento, con voz, pero sin voto, el Fiscal General de la Nación y el Ministro de Justicia, para responder a una petición que ha venido formulándose de tiempo atrás: que los temas de administración de justicia sean conocidos por el Gobierno, para que los tenga dimensionados y ayude, ejerciendo funciones de cónsul, por decirlo de alguna manera, ante las demás ramas del Poder Público.

 

Á. J.: ¿Y en lo disciplinario?

 

J. C. E.: Se plantea que la función disciplinaria, en relación con los jueces, sea cumplida por sus superiores jerárquicos, como lo fue en el pasado. Y en el caso de aquellos funcionarios que no tienen un superior jerárquico, como los magistrados de las cortes, que ejerzan esa función los unos respecto de los otros. Ahí va a haber una especie de triángulo, de modo que no haya nadie que controle a quien lo controla a él. Y por el lado del control disciplinario de los abogados, se plantea la creación de un colegio nacional de abogados, que es una vieja necesidad. Así se le da una verdadera entidad de colegiatura al manejo profesional de la actividad de los abogados, para que ellos mismos cumplan las funciones disciplinarias.

 

Á. J.: A propósito, ¿qué plantea en materia de formación profesional?

 

J. C. E.: Las reformas a la justicia implican meterse con las facultades de Derecho, no para interferir con la autonomía universitaria, sino para dialogar con ellas, para conversar con profesores y estudiantes sobre la formación que se les está dando a los abogados del futuro. Yo me pregunto si estamos formando los abogados que el país necesita. Estoy convencido de que debemos poner un enorme énfasis en lo que toca con la ética y la responsabilidad profesionales. Hay que ponerle más atención a la función preventiva del Derecho, y no simplemente a la función reactiva, que se da por la vía de los procesos. A los abogados nos enseñan, desde el primer día, que son mejores los arreglos, así sean malos, que los pleitos, así sean buenos. Y, sin embargo, solo nos enseñan a pleitear, no nos enseñan a arreglar. Ahí hay que introducir una serie de cambios. 

 

Á. J.: ¿Qué se propone para aliviar el eterno problema de la congestión judicial?

 

J. C. E.: En la propuesta se entra más en el detalle de la fórmula que quedó planteada en la Constitución de 1991, es decir, que pueda acudirse excepcionalmente (subrayo excepcionalmente) a entes o funcionarios administrativos, e incluso a abogados, para que cumplan ciertas tareas en materia de justicia. Sobre todo, que ejerzan, vuelvo a subrayar, excepcionalmente, y seguramente de modo transitorio, ciertas funciones jurisdiccionales. Hay que ver qué tareas pueden entregarse a funcionarios que descongestionen los despachos, pues allí se cumplen labores que no implican mucho “decir el Derecho”, que es lo que tiene que hacer un juez.

 

Á. J.: Pero la idea de dejar la justicia en manos de particulares no ha caído muy bien.

 

J. C. E.: Desde luego que no se trata de entregar en manos de particulares los recursos de casación, las cosas gruesas de verdadera función jurisdiccional. Esas son, han venido y seguirán siendo tareas de los jueces. Eso está claro desde la concepción misma de la separación de poderes, y el Gobierno lo entiende así. Entonces, guardemos el conocimiento jurídico de nuestros jueces para los casos en los que realmente se requiere, y veamos si estas tareas de menos fondo conceptual las puede cumplir un funcionario de un juzgado, por ejemplo.

 

Á. J.: ¿Por qué siempre que se habla de reforma a la justicia se le quiere meter mano la tutela?

 

J. C. E.: Póngame a firmar con usted esa pregunta. Además, se trata de un tema que es muy caro a mis afectos, porque yo fui el autor de la propuesta que se convirtió en el artículo 86 de la Constitución. Así que nadie quiere a la tutela más que yo. ¿Por qué reformarla? Porque desde el comienzo se planteó el debate de la tutela contra las providencias judiciales. En el proyecto que yo presenté en la Constituyente, se planteaba, con toda claridad, que no debería haber tutela en esos casos. La tutela procede como mecanismo de protección de los derechos que no tienen un mecanismo de protección. Cosa que no es predicable de las providencias judiciales, que tienen varios mecanismos e instancias para proteger los derechos que pudieran haberse vulnerado. En la Constituyente, alguien dijo que eso era tan obvio, que no había necesidad de decirlo, y vea lo que pasó. Y luego, la Corte Constitucional dijo respecto del Decreto 2591, que planteaba la tutela contra sentencias, que eso era inconstitucional. Pero dejó abierta una rendija para los casos de las vías de hecho. Entonces, se vino la tutela contra las providencias judiciales.

 

Á. J.: Que la manzana de la discordia.

 

J. C. E.: Sí. Yo llevo 20 años estando en desacuerdo con eso, pero he tenido que rendirme ante la evidencia de que el país ya se montó en la tutela contra las providencias judiciales, y no se deja bajar de ahí. Si yo fuera a proponer que se acabe, me crucifican. Ahora, lo que sí es claro es que, si la va a haber, por lo menos que sea una tutela ordenada y no un instrumento que termine anarquizando la administración de justicia. No puede pasar que un juez de inferior categoría tutele una providencia dictada por un juez de superior categoría. Tampoco puede pasar que un juez de una jurisdicción termine metiéndose en los temas que son de otra jurisdicción.

 

Á. J.: ¿Cómo piensan solucionar esos inconvenientes?

 

J. C. E.: La fórmula propuesta por el Gobierno tiene la ventaja de que ordena la tutela contra providencias judiciales sobre la base de que se manejan en la misma vertiente jurisdiccional en donde se produjo la providencia y siempre serán resueltas por un juez de superior jerarquía. Inclusive, en el caso de las altas cortes, la tutela puede tramitarse ante la Sala Plena. El único inconveniente está en que, para aplicar la revisión eventual de la Corte Constitucional, que unifica la jurisprudencia en materia de derechos fundamentales, cada una de las cortes aspiraría a que eso se supliera en su propia sede, lo que implicaría que no habría unificación, sino una jurisprudencia en cada corte. Por eso, se ha planteado dejarla en la Corte Constitucional.

 

Á. J.: La falta de presupuesto para la Rama Judicial es una queja constante. ¿Se necesita más plata?

 

J. C. E.: Siempre se necesita más plata. Desde luego que hay que conseguir y darle más recursos, para que pueda cumplir de mejor manera con las tareas a su cargo. Es evidente que hay una escasez de recursos en la administración de justicia, como la hay en el Estado en general. Ahora, hay que tener en cuenta que esa ha sido una queja de toda la vida. Pero el Estado ha hecho un enorme esfuerzo. Sobre todo de los últimos 20 años para acá, ha incrementado considerablemente el nivel de los recursos que se le dan a la Rama Judicial, que es hoy mucho menos cenicienta de lo que era antiguamente. Basta comparar la condición de un juez hoy con la condición de un juez hace 30 ó 40 años. Que es ideal, no, no lo es; que todavía hay camino por recorrer, por supuesto. Pero el tema no es solo de plata.

 

Á. J.: Es decir que destinar un porcentaje mínimo del presupuesto nacional, como lo propone el Consejo de Estado, no solucionaría el asunto.

 

J. C. E.: No. Se soluciona con plata. Decir que tiene que ser un determinado porcentaje del presupuesto nacional, no veo por qué ni para qué. Habrá que buscar la manera de arbitrar una mayor cantidad de recursos. ¿Cuál? Yo no lo sé, los técnicos tendrán que decir si eso se logra asignando para siempre un determinado porcentaje del presupuesto. Pero puede que digan: “¿a quién se le ocurre eso?, ¿para qué va a maniatarse con un porcentaje que puede ser o muy alto o muy bajito? Dejen que sean las circunstancias las que determinen eso”. Esa parte hacendística yo no la manejo. Habrá que discutirla con el Ministro de Hacienda y el Director de Planeación. Pero que yo crea que la solución a los problemas de la justicia está en darle un determinado porcentaje del presupuesto, no. Si lo creyera, me dedicaría exclusivamente a eso. Ahora, los recursos ayudan, claro, y habrá que ver cómo los conseguimos.

 

Á. J.: El Ministerio hace parte de la comisión de seguimiento al sistema penal acusatorio. Cómo Ministro, ¿qué piensa que hay que corregirle?

 

J. C. E.: El mundo entero va por el camino del sistema acusatorio. Es decir, no es un embeleco, es una tendencia y ha probado ser el mejor sistema que se conoce hoy por hoy. Entonces, si ya nos embarcamos, sigamos por ahí. Ha mostrado fallas, sí; ha mostrado inconvenientes, sí; hay que revisar cosas, sí. Pero no podemos bajarnos de ese barco. Sería una equivocación monumental: primero, porque sería solo para montarnos al viejo barco del sistema inquisitivo, y está claro que ese ya no es. Y segundo, no hay barcos más nuevos que hayan demostrado ser mejores. Incluso, en el proyecto que se ha presentado a la consideración del Congreso, también se opta por el sistema acusatorio en relación con la investigación y el juzgamiento de los aforados. Lo que, hasta ahora, ha venido cumpliéndose todo ante la Corte Suprema de Justicia, que hace de investigador y de juez, en el proyecto del Gobierno se divide, porque la esencia del sistema acusatorio consiste en separar la investigación y la acusación del juzgamiento. Hay que seguir haciéndole seguimientos, hay que ver en dónde hay que introducirle correctivos, qué cambios hay que hacer, porque apenas llevamos una experiencia de cinco años. De manera que está muy nuevo y todavía es muy pronto para hacerle una evaluación definitiva.

 

Á. J.: El Ministerio también estará participando en la reforma al estatuto de contratación.

 

J. C. E.: Sí señor. Sobre eso hemos venido hablando con Planeación Nacional. Había organismos que consideraban que ese es un tema de índole económica que, por consiguiente, le corresponde exclusivamente a ese barrio. En el barrio de acá, la gente ha venido considerando que es un tema de índole exclusivamente jurídica y que, por ende, es de este barrio. Y la verdad suficientemente conocida es que la contratación estatal es tanto económica como jurídica. Entonces, los dos barrios tenemos que actuar unidos. En eso estamos. Próximamente debe salir un decreto que recoge algunas cosas que hay en uno que salió recientemente, que era solo de un barrio, y algunas cosas que hay en unas normas que eran del otro. Este decreto tendrá el enorme mérito de ser de los dos barrios al mismo tiempo.

 

Á. J.: ¿Por qué era necesario revivir el Ministerio de Justicia?

J. C. E.: Los problemas de la justicia han existido siempre, y probablemente existirán mientras el mundo sea mundo, y solo se acabarán, creo yo, el día en que estemos en frente de la justicia celestial. Entonces, no habrá demoras ni retrasos, ni problemas de congestión (aunque uno no sabe). Pero la importancia del papel que le corresponde al Ministerio de Justicia quedó demostrada durante su ausencia. Hubo problemas muy complicados durante el tiempo en que no existió ministerio, que no se hubieran dado, o al menos no de la misma forma, si lo hubiera habido, así fuera simplemente para que cumpliera el papel de interlocución entre las ramas del Poder Público, que es solo una de sus funciones. Pero, vea usted, cómo se demostró la importancia que tiene esa función y, por ende, el Ministerio de Justicia.