“En la Corte Suprema vivimos momentos de dolor y desolación, pero la justicia salió fortalecida”
09 de Febrero de 2018
Juan Camilo Rivadeneira
Redactor Ámbito Jurídico
Emitir los mensajes más adecuados y proferir las medidas necesarias para que los ciudadanos recuperen la credibilidad en sus jueces es uno de los principales objetivos que el magistrado José Luis Barceló se planteó al frente de la Corte Suprema de Justicia. Y no es para menos, Barceló asumió la Presidencia de este alto tribunal en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.
En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, habló sobre sus retos al frente de esa corporación, la corrupción en la justicia y la reforma a la investigación y sanción penal de aforados constitucionales, entre otros temas.
ÁMBITO JURÍDICO: Con su llegada a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles serán sus principales retos?
José Luis Barceló: En el marco de las funciones constitucionales y legales, nuestro desafío actual es emitir los mensajes más adecuados para que el ciudadano recupere la credibilidad en sus jueces. A pesar de los difíciles momentos que enfrentamos el año pasado, es indispensable que los colombianos mantengan la confianza en el sistema judicial, en los funcionarios y en los empleados que cumplen sus deberes con abnegación y entrega. Es importante que se conozcan nuestras acciones para que no se repitan episodios lamentables, que las instituciones funcionan, que los servidores judiciales somos los primeros interesados en que se investiguen y sancionen los hechos que ponen en tela de juicio la integridad y la honestidad en la administración de justicia.
También estamos frente al gran reto de profundizar el estudio que venimos adelantando con representantes de jueces y magistrados, gremios y organizaciones del sector judicial, para elaborar una propuesta de reforma a la justicia integral, coherente, viable y que apunte a fortalecer el sistema judicial, para hacerlo más accesible, más eficiente y con una tecnología apropiada para responder a las exigencias de la sociedad y el mundo moderno.
Á. J.: Ahora que está a punto de entrar en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ¿cómo será el trabajo conjunto entre la Sala Penal de Corte Suprema y esta nueva instancia?
J. L. B.: La Corte Suprema de Justicia y en general la jurisdicción ordinaria entregan una importante jurisprudencia a la JEP, en todos los estudios y pronunciamientos que han realizado desde la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, la vigencia de las regulaciones normativas y el acto legislativo que lo pusieron en marcha. Ese es un trabajo que se deja avanzado en la definición de figuras como la de la libertad condicionada. Además, la JEP parte de la experiencia del país en materia de justicia transicional del proceso de Justicia y Paz de la Ley 975. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, de los criterios jurisprudenciales en procesos de esa naturaleza, como el que consolidó la paz con el M-19, aplicando las normas de la época, y disponiendo la concesión de amnistía a quienes pertenecieron a ese grupo guerrillero.
Á. J.: ¿Los casos se entregarán?
J. L. B.: Estamos atentos a que la JEP asuma funciones, pero los procesos se van a ir remitiendo en su momento. Seguramente, será un trámite paulatino para no colapsar esa justicia de entrada. La idea es entregar de manera gradual, a medida que la jurisdicción ordinaria va perdiendo la competencia. Esos son detalles que señalará el Congreso de la República en la fijación de tiempos y plazos.
Á. J.: Hace unos días entró en vigencia la reforma sobre el juzgamiento de aforados constitucionales. ¿Puede precisarnos qué pasará con los casos que están para sentencia?
J. L. B.: Como lo ha venido haciendo, la Sala de Casación Penal determinó seguir el conocimiento de esos procesos, mientras entran en funcionamiento las salas de Instrucción y de Juzgamiento de primera instancia, creadas por el Acto Legislativo 01 del 2018. Desde todo punto de vista, somos competentes y ello implica una funcionalidad plena. Hay que dejar en claro que, por el momento, el acto legislativo es ineficaz, porque materialmente no cuenta con las salas que permitan la aplicación inmediata.
Á. J.: ¿Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no sería más garantista suspender esos procesos mientras entra a operar la reforma?
J. L. B.: No es un problema de garantías. Las garantías siempre están, no importa en qué procedimiento nos encontremos. En este momento, la Corte, en su Sala de Casación Penal, es competente y lo será hasta que entren en funcionamiento las dos nuevas salas. Esperamos que lo hagan lo más pronto posible. En este sentido, hemos estado en contacto permanente con el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura para que se agilicen los trámites presupuestales y logísticos pertinentes. No es garantismo suspender los procesos; eso llevaría a que los mismos se queden sin juez. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si mañana un congresista cometiese un delito, es aprehendido en flagrancia y todavía no están operando las salas que crea el acto legislativo? ¿Quién conocería ese asunto? ¿Qué instancia resolvería su libertad? Ese es un ejemplo simple y sencillo, pero muy real.
Á. J.: ¿Qué opinión le merece la propuesta del Gobierno de nombrar en provisionalidad a magistrados auxiliares para poner en funcionamiento lo antes posible ese sistema?
J. L. B.: No creo que sea la mejor opción. Primero, porque los magistrados auxiliares ya conocen de esos asuntos en la Sala de Casación Penal y, por eso, los procesados formularían reproches, teniendo en cuenta que esas salas deben ser absolutamente independientes frente a la actual. Por otro lado, independientemente de que se nombren magistrados u otras personas de manera provisional, implica un estudio, y estoy seguro de que más se demora el nombramiento y la dedicación que ellos tengan para conocer de los asuntos, cuando ya han pasado dos meses y la nueva sala ya debe estar nombrada. Es preciso esperar la conformación de las salas en propiedad.
Á. J.: Hace dos meses, la Sala modificó el reglamento para poder apartar a magistrados investigados, ¿qué otras medidas se han considerado para cuidar la honorabilidad de la Corte Suprema?
J. L. B.: Hay varios proyectos en estudio, como la instauración del voto nominal y público. También evaluamos diversas propuestas sobre la publicidad de las providencias de las salas especializadas y la Sala Plena, el quorum para efectos de nombramientos de magistrados y toda una serie de alternativas en materia de transparencia.
Como lo ha expresado el saliente presidente de la corporación, Rigoberto Echeverri, en el corto y el mediano plazo, la Corte se propone el diseño y consolidación de un Proyecto Integral de Transparencia, Rendición de Cuentas y Ética, para cuyo planteamiento y desarrollo recibimos oferta de colaboración de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). Esperamos contar con la CEJ para, entre otras cosas, fortalecer las existentes y construir nuevas herramientas de transparencia y un sitio web más funcional e interactivo.
Á. J.: ¿Cuál fue la reacción generalizada de la Sala Penal al enterarse de que uno de sus miembros estaba siendo investigado por temas de corrupción?
J. L. B.: Para la Corte, fue muy triste e impactante. El episodio generó preocupación, decepción, angustia e indignación. Sucedía en nuestra casa, una institución nacida con la República, de la mayor trayectoria, respeto y tradición democrática. Fueron momentos de dolor y desolación que la Corte Suprema de Justicia afrontó de cara al país con acción rápida, contundencia y transparencia. Eso nos permite enfrentar el presente y el futuro con esperanza y optimismo, y asegurarle al país que la justicia salió fortalecida, es fundamental en nuestro Estado de derecho y está más vigente que nunca.
Á. J.: El año pasado hubo cierta controversia en la elección de los altos dignatarios de la corporación, pues esta tardó casi seis meses en hacerlo. ¿Ya quedaron zanjadas algunas diferencias entre magistrados por este tema?
J. L. B.: Los hechos son elocuentes por sí solos: tanto las tres salas especializadas como la Sala Plena eligieron a sus dignatarios del 2018 en la primera sesión del año. Hemos trabajado y no declinaremos en los esfuerzos por mantener la cordialidad y la armonía, con el debido respeto por las naturales divergencias de todo cuerpo colegiado.
Á. J.: Durante gran parte de sus más de 30 años de vida laboral, usted ha pertenecido a la Rama Judicial. ¿Cómo describiría a un juez probo?
J. L. B.: La respuesta no es fácil, porque involucra un proceso cuidadoso: la formación del juez probo, el profesional íntegro, honesto, transparente, que empieza desde la educación en el hogar, pues no siempre la educación formal recalca los principios éticos. Además, en un juez, la vocación es indispensable; es como un sacerdocio, donde incluso el deber conlleva sacrificio personal. Desde ese punto de vista, el juez debe ser una persona siempre recta, porque actúa en razón de su vocación.
Á. J.: ¿Qué aspectos deben cambiarse en la carrera judicial para que no vuelvan a ocurrir estos casos de corrupción en la administración de justicia?
J. L. B.: Como lo he dicho en algunos escenarios, no puede olvidarse el factor humano. No podemos ser jueces, porque el sueldo sea bueno. O porque, de pronto, es rico tener esa investidura, o porque genera una idea de poder o de influencia. Los antídotos contra la corrupción en la justicia están en el factor humano y en la vocación, de la mano con la enseñanza de los principios éticos.
Á. J.: Igualmente, usted ha tenido un paso importante en la academia, ¿qué deberían profundizar las facultades Derecho en la formación de abogados penalistas?
J. L. B.: Las universidades no solo deben transmitir conocimiento jurídico, es decir el aprendizaje de la ley, de los principios, del ejercicio de los derechos, en las distintas áreas. Hay que hacer un agregado importante e intensificar la formación ética de los profesionales, indicando a las nuevas generaciones que ese es el verdadero comportamiento de un profesional del Derecho. Es decir, que no tiene sentido, por el contrario, sería un contrasentido, enseñar la aplicación de la ley y el conocimiento de los derechos y los principios, si el abogado es el primero que los infringe por falta, precisamente, de una fortaleza en la enseñanza de los principios éticos y morales.
Á. J.: Por otra parte, han salido a la luz pública nuevos y macabros casos de violaciones a menores, ¿la cadena perpetua es una medida afectiva para evitar que sigan ocurriendo este tipo de casos?
J. L. B.: La cadena perpetua no va a impedir, limitar o disminuir la comisión de esos delitos. Hay ejemplos en el mundo donde se aplica la pena de muerte para algunos delitos y, aun así, se siguen cometiendo. No creo que esos castigos resuelvan los problemas. Definitivamente, no soy partidario ni de la cadena perpetua ni de la pena de muerte.
Á. J.: Finalmente, termina un nuevo periodo presidencial y legislativo sin que se apruebe una reforma a la justicia. ¿Por qué ha sido tan difícil sacarla adelante?
J. L. B.: Entre otras cosas, porque los problemas de la Rama Judicial están en la base de administrar justicia de manera pronta y efectiva, y siempre se involucran intereses que no consultan esa realidad. Esos intereses, de muchos sectores, positivos y negativos, chocan frente a lo que se debe corregir. Y hay que añadir otro tema: con mucha frecuencia, se mira el ámbito del Derecho Penal desde la perspectiva de la Rama Judicial y se habla de cómo se corrige, pero el común de las personas olvida que allí no para la justicia.
La justicia está en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito penal militar, en el ámbito del contencioso administrativo, en el ámbito de los menores. Todo eso es Rama Judicial. Todo eso es justicia y todos esos sectores tienen serios problemas. Entonces, para que prospere una verdadera reforma desde su estructura, desde la base hacia arriba, hay que lograr que confluyan todos los sectores interesados e involucrados, pero enfocados en una mejor justicia para el país.
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