Ricardo Monroy Church: “La propuesta de eliminar la Sala Administrativa sustituye la Constitución”

 

Uno de los puntos del proyecto de reforma a la justicia que más ha causado polémica es la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Aunque, en términos generales, los representantes del Consejo defienden su labor, las diferencias que las salas Administrativa y Disciplinaria han ventilado públicamente podrían ser el principal obstáculo para su supervivencia. De hecho, el Gobierno anunció que no descarta la posibilidad de suprimir ambas corporaciones.

 

En diálogo con ÁMBITO JURÍDICO, el presidente del alto tribunal, Ricardo Monroy Church, criticó el proyecto de reforma constitucional y destacó la labor de la Sala Administrativa en materia descongestión judicial.

 

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Por qué afirman las cortes que el proyecto de reforma a la justicia es inconveniente para la Rama Judicial?

 

 

Ricardo Monroy Church: Hay dos ámbitos que consideramos inconvenientes. Uno, que el proyecto no se refiere al acceso a la administración de justicia, la modernización del aparato judicial, las causas de la congestión ni la articulación de las autoridades públicas que tienen responsabilidades en materia de justicia. Hay un vacío, pues el tema de justicia es nacional, no le compete solo a la Rama Judicial. El segundo ámbito tiene que ver con las materias que aborda la reforma, como quitarle a la Rama el ejercicio de funciones jurisdiccionales, lo que estimamos inconveniente, porque, al contrario, el poder judicial se ha venido fortaleciendo.

 

 

Á. J.: ¿A qué se debe que estos temas no estén incluidos?

 

 

R. M. C.: El proyecto tuvo origen en el proceso de campaña política del 2009 y el 2010. No fue concebido con la participación de la Rama Judicial ni de los sectores sociales, sino que fue producto de ese proceso político. Un proyecto que involucra la administración de justicia debe iniciar con la participación de los actores sociales, pero, principalmente, con los de la Rama, lo que no se dio en este caso.

 

 

Á. J.: Por eso tanta resistencia de las cortes.

 

 

R. M. C.: El Gobierno creó una comisión interinstitucional para la reforma a la justicia, desconociendo la existencia de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que era la indicada para liderar el tema, porque está compuesta por los presidentes de las cortes, el Fiscal General y un delegado de los empleados de la Rama. El proceso continuó su curso, se realizaron reuniones en las cuales las cortes planteamos propuestas, pero no fueron tenidas en cuenta. Por eso, el resultado no podía ser otro que una serie de propuestas inconvenientes.

 

 

 

Á. J.: ¿Qué propuestas hizo el Consejo Superior de la Judicatura que no fueron tenidas en cuenta?

 

 

R. M. C: En primer lugar, propusimos incorporar a la Sala Administrativa a los presidentes de las altas cortes, para mejorar la interlocución, sobre todo en temas de política pública. La idea era que esa Sala participara en la aprobación de los planes de desarrollo sectoriales, del presupuesto y de las políticas en materia de carrera judicial, es decir, el diseño de los concursos, la reglamentación de la carrera judicial y la definición del plan de formación de jueces y magistrados. La intención era darle rango constitucional a los mecanismos que ya tiene la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La segunda propuesta que formulamos, en julio del 2011, antes de la presentación del proyecto, fue el fortalecimiento financiero. Creemos que debe haber partidas y recursos propios de la Rama, que le permitan avanzar en la planeación económica del sector justicia y del sector jurisdiccional.

 

Á. J.: ¿Por qué la inconformidad con la asignación presupuestal?

 

 

R. M. C.: Sencillamente, porque no ha sido efectiva. Hay inversiones en tecnología e infraestructura que dependen de un volumen estable de recursos. Pensamos que se debe diseñar un instrumento que esté acorde con los requerimientos financieros de la Rama. Poner al día la administración de justicia cuesta cerca de dos billones de pesos. Y el rezago en las apropiaciones presupuestales fue de 1,7 billones para el 2012. Recordemos que la Ley 1285 del 2009 previó un volumen de recursos para la Rama Judicial del 0,05% del PIB en cuatro años. En su momento, esa disposición significaba que debían apropiarse cerca de 2,8 billones de pesos para oralidad y descongestión. Tradicionalmente, hemos tenido el 1,4% del presupuesto general de la Nación. En su momento, hicimos una propuesta de fortalecimiento financiero escalonado. La fórmula arrancaba con una gradualidad del 0,5 % o el 1% anual, con destinaciones específicas y atadas a productividad.

 

 

Á. J.: ¿Qué opina de la propuesta de eliminar la Sala Administrativa?

 

 

R. M. C.: Que no constituye una simple reforma, sino una sustitución de la Constitución, pues trata de modificar al órgano de gobierno de la Rama Judicial, cuyas funciones fueron establecidas por el constituyente de 1991. Con la reforma actual, se quieren borrar 20 años de independencia y autonomía de la Rama, lo cual deviene en un grave retroceso para nuestra administración de justicia.

 

 

Á. J.: ¿En qué basa esa afirmación?

 

 

R. M. C.: Porque el poder otorgado al Congreso para reformar la Constitución no contempla la enmienda del esquema básico de organización del poder judicial, marcado en esencia por el autogobierno. Además, se piensa modificar pilares constitucionales como el acceso al servicio judicial, la administración de la carrera y la formación judicial. No es solo la supresión de una Sala, es la modificación del esquema constitucional, de cómo debe funcionar el aparato de justicia y las calidades de quienes lo componen.

 

 

Á. J.: ¿Qué piensan hacer al respecto?

 

 

R. M. C.: Las cortes han solicitado que se abra un espacio de profundización para analizar a fondo una reforma a la justicia. Creemos que el resultado de los procesos de interlocución y de diálogo debe ser el retiro de la iniciativa por parte del Gobierno, por las deficiencias que tiene.

 

 

Á. J.: ¿No cree que las confrontaciones entre las salas Administrativa y Disciplinaria alientan la idea de suprimirlas?

 

 

R. M. C.: No hay enfrentamiento entre las salas, solo algunas diferencias de opinión y de criterio que son legítimas en los organismos colegiados, que han sido conocidas por la opinión pública, pero que se han venido superando. Ahora, tenemos una posición consolidada, como Sala Plena, de defensa de las competencias que el constituyente consideró apropiadas para administrar la justicia y disciplinar a los funcionarios judiciales. En este momento, hay concordia y acuerdo entre las salas del Consejo, que han venido trabajando en el cumplimiento de esas funciones constitucionales.

 

 

Á. J.: ¿Por qué ha sido necesario crear cargos en la Sala Disciplinaria?

 

 

R. M. C.: La jurisdicción disciplinaria ha venido soportando un aumento en la demanda de justicia. La Sala Administrativa realizó un análisis de las cargas de trabajo, los volúmenes de demanda y los promedios de evacuación, con el fin de recomendar medidas de descongestión, que están en proceso de implementación y aplicación. Vale la pena mencionar que cada medida de descongestión está precedida de un estudio técnico de las cargas de trabajo y la capacidad de respuesta del aparato judicial.

 

 

Á. J.: ¿Cuáles son las metas del Consejo Superior de la Judicatura para este año?

 

 

R. M. C.: Primero, la implementación de despachos judiciales en todos los municipios del país. Acabamos de crear juzgados en 135 municipios que no los tenían. Segundo, en materia de organización del mapa judicial, cumplir las tareas que corresponden a la Rama en relación con la Ley de Tierras. Para ello, ya se crearon 22 juzgados civiles de circuito especializados en tierras y 15 despachos de magistrados de tribunal. Solo falta que el mecanismo se ponga en acción. Tercero, la implementación del nuevo Código Contencioso Administrativo. Hemos trabajado en la adecuación de esta jurisdicción, con planes de descongestión, y hemos reducido los inventarios en un 30%. Y cuarto, la aplicación del plan estratégico tecnológico, que diseñamos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

 

 

Á. J.: ¿Cómo marchan los procesos de descongestión?

 

 

R. M. C.: Incluso antes de que la ley lo previera, la Rama Judicial, por conducto de su órgano de gobierno, implementó planes de descongestión que han tenido resultados satisfactorios en los últimos cuatro años. En el 2007, evacuar un proceso en descongestión valía 3.477.000 pesos. Esa cifra se redujo a 619.000 pesos, en el 2011. Pensamos que este es el mecanismo que debemos afinar y afianzar, pues se ha probado su eficacia. En el 2007, se evacuaron 3.800 procesos por descongestión, y en el 2011, el número aumentó a 370.000. Entonces, se ha mejorado el desempeño de la Rama Judicial, al punto que la jurisdicción contencioso administrativa, por ejemplo, aumentó sus cifras de descongestión en un 150%.