“Lideraremos una lucha frontal para lograr cero impunidad, acortando los tiempos del juicio penal”: Germán Vargas Lleras

 

Si el candidato Germán Vargas Lleras llega a la Presidencia de la República, propondrá una reforma estructural a la justicia, que modifique el sistema de elecciones, los periodos, la edad de retiro forzoso y las inhabilidades de los altos dignatarios de la justicia.

 

Igualmente, piensa eliminar las facultades electorales de los magistrados de las altas cortes, para que se enfoquen en la justicia y no en política; crear el Tribunal de Aforados Judiciales y adoptar un sistema de evaluación continuo para los abogados, que permita equiparar y afianzar los conocimientos en las áreas fundamentales del Derecho.

 

Germán Vargas Lleras es un abogado bogotano, nacido el 19 de febrero de 1962. A los 19 años inició su vida pública como concejal del municipio de Bojacá (Cundinamarca). Desde entonces, ha ocupado importantes cargos, entre los que se destacan: concejal de Bogotá, ministro del Interior, de Justicia y de Vivienda, Ciudad y Territorio; senador de la República y Vicepresidente de la República.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Su gobierno promoverá una reforma a la acción de tutela?

 

Germán Vargas Lleras: La acción de tutela es una de las herramientas más queridas por los colombianos para hacer cumplir sus derechos fundamentales, que es su razón de ser y para lo que fue creada. Para hacerla más eficiente, promoveremos una modificación al uso contra sentencias judiciales y así convertirla en un recurso que se tramite en el mismo proceso ante el superior jerárquico. Igualmente, sanciones para quienes abusen del ejercicio de este mecanismo y a quienes reincidan en la violación de derechos. También, establecer como causal de casación la violación del debido proceso. Nuestro objetivo es garantizar los derechos fundamentales de forma eficiente para todos los ciudadanos.

 

Á. J.: ¿Propondría alguna modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? ¿Cómo fortalecería su gestión?

 

G. V. L.: Estableceremos mecanismos que permitan a la JEP, en colaboración con la justicia ordinaria, hacer cumplir los acuerdos. Es muy importante que haya eficiencia del sistema para garantizar, entre otros, los derechos de las víctimas para que sean efectivamente reparadas.  

 

Vamos a fortalecer la colaboración entre la justicia ordinaria y la JEP para supervisar que sean sancionados estrictamente quienes no cumplan el Acuerdo Final.

 

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Qué propone para mejorar el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial?

 

G. V. L.: - Propondremos una reforma estructural a la justicia, que modifique el sistema de elecciones, los periodos, la edad de retiro forzoso y las inhabilidades.

 

- Se exigirá para los magistrados de las altas cortes experiencia de 25 años y un periodo individual de 12 años y habrá incompatibilidades para que no puedan ser elegidos en cargos de elección popular dentro de los dos años siguientes a su retiro.

 

- Para los titulares de los organismos de control, habrá inhabilidad de entre 5 y 10 años para postularse a cargos de elección popular, una vez cesen en el ejercicio de sus funciones.

 

- Proponemos eliminar las facultades electorales de los magistrados de las altas cortes para que se enfoquen en la justicia y no en política.

 

- Crearemos el Tribunal de Aforados Judiciales, órgano independiente y eficaz encargado de investigar y juzgar los magistrados y altos dignatarios del Estado.

 

Impulsaremos desde el gobierno una propuesta para reducir la inimputabilidad a partir de los 12 años para los menores que atenten contra la vida y los bienes de los ciudadanos.

 

Á. J.: ¿Modificaría el actual esquema de juzgamiento disciplinario de los abogados? ¿Cree que es necesario adelantar cambios en la formación de los futuros abogados?

 

G. V. L.: En cuanto a los abogados, nuestras propuestas son las siguientes:

 

Reestructuraremos su marco normativo, que contempla, entre otros, excluir del ejercicio a los abogados condenados por delitos contra la administración de justicia, cohecho o concusión. Crearemos un sistema de evaluación continuo que permita equiparar y afianzar los conocimientos en las áreas fundamentales del Derecho.

 

Á. J.: ¿Es necesario fortalecer la defensa jurídica del Estado? ¿Cómo enfrentar la multitud de demandas contra la nación en escenarios internacionales que amenazan el territorio y las finanzas estatales?

 

G. V. L.: Proponemos expedir parámetros para que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) pueda realizar conciliaciones contenciosas, basadas en la identificación de las causas frecuentes de condena al Estado.

 

En cuanto a los escenarios internacionales, nuestra política pública de relaciones internacionales contempla acciones específicas en este aspecto:

 

1. Centralizaremos la defensa jurídica del Estado de manera efectiva en la ANDJE, implementando un modelo mixto de defensa.
   
    
2. Trasladaremos a la competencia de la gestión y la defensa de litigios ante todos los tribunales internacionales.
   
    
3. Crearemos un modelo mixto de defensa mucho más efectivo, en el que el Estado participe activamente con miembros de la ANDJE y los más destacados profesionales del sector privado. Así lo amerita el monto de las pretensiones y los intereses superiores de la Nación. Muchos de los litigios que enfrentamos internacionalmente son producto de la falta de seguridad jurídica
   
    
4. Implementar dentro de la ANDJE un mecanismo de coordinación en las negociaciones de acuerdos internacionales para armonizar las obligaciones y prevenir litigios.
   
    
5. Promover el arreglo directo entre las partes antes de acudir al tribunal, evaluando las perspectivas de litigio.

 

Simplificaremos el orden jurídico y derogaremos las normas obsoletas o repetidas e implementaremos un sistema para la identificación y el uso obligatorio del precedente judicial

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentará esa percepción de impunidad que tiene la ciudadanía en general? ¿Cuántos recursos del presupuesto destinará para mejorar el sector justicia?

 

G. V. L.: Nuestra propuesta tiene como objetivos la judicialización efectiva y reducción de la impunidad, el fortalecimiento de la Policía Nacional, la puesta en marcha de una estrategia integral contra los delitos de mayor impacto y un trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

 

Lideraremos una lucha frontal para lograr cero impunidad, acortando los tiempos del juicio penal, lo que permitirá aumentar el número de juicios y que los criminales sean efectivamente castigados. La justicia deberá ser mucho más severa con los delincuentes reincidentes. Habrá más jueces y menos procedimientos, que dilatan de forma innecesaria la justicia.

 

Impulsaremos desde el gobierno una propuesta para reducir la inimputabilidad a partir de los 12 años para los menores que atenten contra la vida y los bienes de los ciudadanos.

 

Á. J.: ¿Qué planes de descongestión tiene previstos? ¿Qué aspectos de modernización de la justicia propone?

 

G. V. L.: Frente a la descongestión judicial proponemos:

 

- Reducir a un año el tiempo de duración de los procesos judiciales e implementaremos expedientes electrónicos para la consulta permanente, de tal modo que se pueda acceder a todas las piezas procesales y radicar memoriales disminuyendo los tiempos.

 

- También restringiremos el uso abusivo de la segunda instancia y desarrollaremos la figura de juez de tiempo parcial para que abogados en ejercicio puedan administrar justicia durante una parte de su jornada laboral (medio tiempo) y sin dedicación exclusiva para el efecto.

 

Á. J.: ¿Cómo garantizará la seguridad jurídica a inversionistas extranjeros y nacionales? ¿Qué propone para reglamentar las consultas previas?

 

G. V. L.: Simplificaremos el orden jurídico y derogaremos las normas obsoletas o repetidas e implementaremos un sistema para la identificación y el uso obligatorio del precedente judicial. Crearemos un sistema de consulta previa ágil, sin intermediarios, que atienda al interés general. Protegeremos los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) del Estado.