Wilson Martínez Sánchez: “La Fiscalía necesita urgentemente una reforma estructural”

 

Según Wilson Martínez Sánchez, exvicefiscal general de la Nación, su paso por esa entidad le significó dos cosas importantes: una oportunidad invaluable y un reto enorme. “Fue una oportunidad que toda la vida le agradeceré a Viviane Morales, porque el despacho del Fiscal es como un balcón desde el cual se puede ver todo el país. Conocí la entidad por dentro, aprendí su funcionamiento y vi sus cualidades y sus defectos”, apunta.

 

Además, esa experiencia le ayudó a comprender la realidad de la criminalidad colombiana, le dio una perspectiva más amplia de las causas de la delincuencia y le permitió entender cuáles son las fallas estructurales del Estado, en general, y de la administración de justicia, en particular, para enfrentarla.

 

“Y también fue un reto”, continúa Martínez, “porque yo me preparé para ser un académico. Por eso, fue difícil cambiar de punto de vista, dejar de lado la discusión teórica y aprender a tomar decisiones prácticas importantes. Creo que logré ese ‘cambio de chip’ relativamente rápido, y eso me permitió ganar la confianza y el respeto de muchos funcionarios de larga trayectoria y experiencia en investigación criminal”.

  

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Son necesarias las facultades extraordinarias que le acaban de conceder al Presidente de la República para reformar a la Fiscalía?

 

Wilson Martínez Sánchez: En Colombia, tenemos que entender que el Derecho Penal clásico del siglo XVIII fue pensado para enfrentar otro tipo de delincuentes. Hoy, nos enfrentamos a fenómenos criminales muy distintos y mucho más complejos, como la delincuencia organizada trasnacional. Por esa razón, la Fiscalía necesita urgentemente una reforma estructural, que le permita modernizarse para implementar nuevas metodologías y técnicas de investigación, dirigidas a aumentar su eficacia contra la delincuencia.

 

Estoy de acuerdo con la mayor parte de las propuestas de reforma que propone la Fiscalía, como, por ejemplo, el enfoque de macro-criminalidad a través de investigaciones de contextos criminales. Eso fue algo en lo que insistimos mucho durante nuestro paso por la Fiscalía, pero que no pudimos llevar a cabo por las razones que ya son conocidas. Por supuesto, siempre hay cosas que uno haría de otra forma o que de plano no haría. Pero, en lo fundamental, celebro esa iniciativa.

 

Á. J.: En su concepto, ¿qué aspectos deben ser reformados con mayor urgencia en la Fiscalía?

 

W. M. S.: Aunque la reforma que necesita la Fiscalía es estructural, hay algunas cosas que, a mi juicio, son urgentes. La primera es el sistema de evaluación de desempeño de los fiscales, pues se necesita un modelo de calificación que realmente los estimule a avanzar hacia nuevas prácticas que contribuyan a la descongestión del sistema penal acusatorio. La segunda es la revisión de los mecanismos de seguimiento y vigilancia de las investigaciones penales. Los mecanismos con los que cuenta el Fiscal General, el Director Nacional de Fiscalías y los directores seccionales de fiscalías para impulsar las investigaciones y evitar situaciones de corrupción o errores judiciales son inoperantes. Revisar este tema ayudaría a reducir casos de corrupción o de errores judiciales que perjudican la imagen de la entidad, y llevan a la pérdida de confianza y credibilidad en la institución.

 

Á. J.: ¿Qué otros cambios se requieren? 

 

W. M. S.: La implementación de nuevas metodologías y técnicas de investigación con enfoque de macro-criminalidad, dirigidas a comprender los contextos criminales. En eso ya está avanzando decididamente la Fiscalía, y ha tenido logros importantes, gracias a la creación de la Unidad de Análisis y Contexto.

 

Finalmente, es necesario que la Fiscalía le dé a la persecución de bienes ilícitos la misma importancia que actualmente se da a la persecución de los delincuentes. Tenemos que entender que capturando a los cabecillas nunca vamos a acabar con las organizaciones criminales, porque mientras el delito siga siendo lucrativo, siempre habrá personas dispuestas a asumir el lugar de la persona detenida. Las organizaciones criminales son como empresas y, por eso, la forma de acabarlas es quebrándolas económicamente. Tenemos que privarlas de los recursos que necesitan para funcionar, y ello solo es posible si activamos de manera intensa instituciones como el comiso o la extinción de dominio.

 

Á. J.: ¿Qué opina sobre los criterios de priorización de casos que viene adoptando la Fiscalía en materia de investigación?

 

W. M. S.: Estoy de acuerdo con la priorización, siempre que ella se lleve a cabo de tal manera que se asegure que aquellos casos que no son priorizados también serán investigados y habrá justicia. Creo que el mayor riesgo de la priorización es que nos concentremos en sacar adelante los casos priorizados y nos olvidemos que detrás de los otros casos también hay madres, padres, esposas e hijos que son víctimas y que merecen que el Estado se ocupe de ellos. Estas víctimas también tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a que se den garantías de no repetición, así su caso no haya sido priorizado por razones de política criminal.

 

Á. J.: ¿Qué virtudes y qué falencias observa en la investigación criminal en el país?

 

W. M. S.: Colombia tiene un elevado nivel técnico en materia de investigación criminal, si se le compara con otros países del hemisferio. Por ejemplo, los fiscales e investigadores colombianos son increíblemente buenos en la aplicación de técnicas especiales de investigación, como las interdicciones, las entregas vigiladas, las interceptaciones de comunicaciones, etc. Y ni que decir de nuestros antropólogos forenses: sus habilidades son mundialmente reconocidas en materia de exhumaciones.

 

Lamentablemente, el problema es de falta de recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos. No tenemos suficientes fiscales e investigadores; ni oficinas, carros, computadores ni equipos de oficina; tampoco contamos con el hardware ni el software que se necesita para adelantar las investigaciones más complejas. En fin, el mayor defecto es la pobreza de nuestra administración de justicia, en el sentido de que tenemos un muy buen capital humano, pero trabajando con las uñas.

 

 

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Wilson Alejandro Martínez Sánchez

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad del Rosario, especialista en investigación criminal de la Escuela Nacional de Policía General Santander, magíster y Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales de Universitat Pompeu Fabra (España).

 

Cargos desempeñados: Vicefiscal General de la Nación; asesor de la Fiscal General, en el cargo de fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz, y abogado de Francisco José Sintura Varela Abogados Asociados S. A.

 

Ocupación actual: docente universitario de pregrado y posgrado.