Augusto Hernández Becerra: “Próximamente, presentaremos el proyecto del nuevo Código Electoral”

 

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1870 del 2011, acogió la propuesta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que se integrara una comisión encargada de redactar un nuevo Código Electoral.

 

Dentro del marco de las actividades de dicha comisión, Augusto Hernández Becerra, consejero de Estado y miembro de ese organismo, organizó el II Congreso iberoamericano de Derecho Electoral, con el fin de recoger ideas que enriquecieran la iniciativa. El evento contó con la participación de 32 expertos de 14 países y 22 especialistas colombianos, que resaltaron los avances, desafíos y últimas tendencias sobre la materia en América Latina, España y Canadá.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo está Colombia en materia de Derecho Electoral?

 

Augusto Hernández Becerra: Colombia exhibe una tradición importante en este campo del Derecho Público. Un aspecto relevante es la acción pública de nulidad electoral ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que, en el 2013, cumplirá 100 años de existencia. En ninguna parte de América Latina, el ciudadano común tiene tanto poder para demandar una elección como en Colombia. Además, la acción de pérdida de investidura es una institución absolutamente original en el derecho comparado. La reforma política del 2009 y la Ley 1475 del 2011 introdujeron avances muy importantes en materia de regulación y financiación de los partidos políticos, responsabilidad de sus directivos, principios de organización y funcionamiento, transparencia en el otorgamiento de avales, doble militancia y medidas y procedimientos especiales respecto de individuos que registren antecedentes disciplinarios o penales, entre otros puntos.

 

Á. J.: ¿Qué falta en la regulación interna sobre el tema?

 

A. H. B.: Enfrentamos problemas no resueltos en lo relativo a la estructura del sistema de partidos políticos y a las prácticas políticas, y aunque es importante pensar en reformas legales, no todo depende del diseño normativo de los partidos y las elecciones. La realidad indica que existen fenómenos negativos de cultura política, como la venta de votos, la trashumancia y el abstencionismo electoral, proclives a la manipulación de las elecciones por parte de organizaciones clientelistas e, incluso, criminales. Por lo tanto, el Estado debe actuar directa y vigorosamente sobre los factores de pobreza, inequidad, ignorancia y marginalidad, que desde el escenario social conspiran contra el desarrollo de una democracia real.

 

Á. J.: Para combatir ese abstencionismo, ¿está de acuerdo con el voto obligatorio?

 

A. H. B.: La obligatoriedad del voto se ha propuesto en innumerables oportunidades. Son conocidos los argumentos en pro y en contra. En los países de América Latina donde el voto es obligatorio, el balance no es enteramente favorable en términos de mayor participación electoral ni de calidad de los resultados electorales. Nuestra Constitución proclama que el voto es un derecho y un deber ciudadano. Sin embargo, por tradición democrática y liberal, hemos preferido que el ciudadano goce de libertad para decidir si vota o no vota.

 

Á. J.: ¿De dónde surge la idea de un nuevo Código Electoral?

 

A. H. B.: El Código actual data de 1986. Ni siquiera se ha armonizado con la Constitución de 1991, que de suyo introdujo una gran reforma electoral. Es casi un milagro que durante 20 años hayamos realizado elecciones con fundamento en sus obsoletas disposiciones. Por supuesto, no solo se trata de conciliar el Código con la Constitución, sino de mejorar y modernizar el régimen electoral en forma integral. No cabe duda de que las causas de la paz y del bienestar general requieren elecciones confiables, transparentes y seguras, que estimulen la participación masiva de la ciudadanía y lleven a los mejores candidatos a los cargos de elección popular, y por esa vía se encamina el nuevo estatuto electoral.

 

Á. J.: ¿Qué medidas se adoptarían en esa normativa?

 

A. H. B.: La comisión está trabajando en procedimientos más ágiles para el trámite de las votaciones y los escrutinios, así como en mecanismos que permitan adelantar la precampaña y la campaña con plenas garantías para todos y de conformidad con el principio democrático. No menos importante es la reglamentación de las facultades que la Constitución confiere a las autoridades para asegurar que las elecciones se adelanten de conformidad con la ley y que todos los actores políticos se sujeten a sus prescripciones. Se adelantarán labores intensas para que el proyecto de ley pueda presentarse al Congreso de la República en algunas semanas.

 

Á. J.: ¿Hace falta otra reforma política?

 

A. H. B.: Sería importante pensar en una reforma política del orden local. Es decir, del nivel municipal y departamental. El senador John Sudarsky, por ejemplo, viene proponiendo una reforma al sistema electoral, de carácter mixto, con un componente importante de circunscripción uninominal para elegir miembros de corporaciones públicas, que podría incentivar la participación ciudadana. Esta modalidad de elección proporciona visibilidad de los candidatos y mayor competencia entre ellos, lo cual incrementa la calidad. El resultado serían corporaciones más representativas de los distintos sectores y territorios de la circunscripción. Surgiría, por primera vez, la responsabilidad del elegido frente a sus electores. Es necesario experimentar nuevas formas de elección de diputados y concejales. Si logramos democratizar las elecciones locales, podremos movilizar más ciudadanos a las urnas por convicción, no por imposición o engaño, ni por compra de las conciencias, y será posible reconstruir, sobre bases democráticas, el sistema de partidos políticos.

  

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Augusto Hernández Becerra

 

Estudios realizados: abogado y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

 

Cargos desempeñados: asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, abogado consultor, catedrático y coordinador académico del Departamento de Gobierno Municipal y director del Departamento de Metodología de la Universidad Externado de Colombia.

 

Cargo actual: Presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.