Renato Vargas Lozano: “El Derecho Penal se ha sobrevalorado para evitar la siniestralidad vial”

En los últimos años, se han presentado numerosos proyectos de reforma a la ley penal, orientados a endurecer la respuesta estatal frente a las muertes y lesiones causadas por conductores ebrios.

 

Frente a esto, diversos especialistas, como Renato Vargas Lozano, han advertido sobre los problemas teóricos y prácticos de estas propuestas, que no son consecuencia de una política criminal seria, sino, por el contrario, producto del denominado “populismo punitivo”, y que terminan causando efectos negativos sobre el propio sistema penal.

 

ÁMBITO JURÍDICO: El legislador ha aumentado en los últimos años las sanciones contra la conducción en estado de ebriedad. ¿Cree que es una solución adecuada a esta problemática?

 

Renato Vargas Lozano: Tratándose de las medidas penales, las cifras oficiales no permiten afirmar una correlación entre el aumento de las sanciones y la disminución de las víctimas, fatales y no fatales, pues las mismas se mantienen relativamente estables los últimos años. Endurecer las penas o las condiciones procesales y de ejecución no genera efectos preventivos importantes. En cuanto a las administrativas, parece que las medidas adoptadas el año pasado están produciendo resultados positivos. De todas formas, la educación y la prevención son más importantes.

 

Á. J.: ¿Es posible tipificar el dolo eventual en accidentes de tránsito?

 

R. V. L.: Esta posibilidad ya está contemplada en el Código Penal (art. 22). El problema estriba en que, para configurar el dolo eventual, es necesario verificar ciertas condiciones que no siempre concurren en la circulación rodada. En nuestra legislación, las hipótesis de lesiones y muertes ocurridas a propósito del tráfico automotor han estado asociadas a supuestos culposos o imprudentes, pues eso es lo que casi siempre ocurre. Por esta razón, las decisiones de la Corte Suprema en el sentido de sancionar estos homicidios en la modalidad dolosa eventual causaron tanta polémica: conllevan un cambio de paradigma que no acaba de ajustarse al entendimiento tradicional del asunto y acarrean complejas consecuencias teóricas y prácticas.

 

Á. J.: ¿Es el Derecho Penal un instrumento ideal para frenar la siniestralidad vial?

 

R. V. L.: El Derecho Penal debe hacer parte de las políticas públicas en esta materia, pero se ha sobrevalorado su papel. No puede olvidarse que las sanciones de índole penal son consecuencia de una intervención reactiva, es decir, posterior al hecho que las genera. Es importante castigar a quienes de forma dolosa o imprudente causan la muerte de otros, o los lesionan, pero me parece que todos estamos de acuerdo en que es mucho mejor prevenir tales resultados; no puede olvidarse que mientras la educación y la prevención salvan vidas, el Derecho Penal siempre llega tarde. Mejorar las condiciones de las vías o garantizar el buen estado de los vehículos es igual o, incluso, más importante.

 

Á. J.: ¿Existe en Colombia una verdadera política criminal en materia de seguridad vial o la legislación ha estado al vaivén del “populismo punitivo”?

 

R. V. L.: No existe. La vorágine de proyectos sobre la materia y el elenco tan variopinto de las propuestas contenidas en ellos lo prueban. Las políticas públicas en materia penal no pueden construirse a golpe de titulares y con meros propósitos electorales; eso desvía la atención de los verdaderos problemas y las normas surgidas en estos contextos suelen ser ineficaces. Por ejemplo, si queremos tomarnos en serio el tema, y ya es hora de hacerlo, debemos dejar de pensar que la única –y ni siquiera la principal– amenaza para la seguridad vial son los conductores ebrios. 

 

Á. J.: ¿Cree que el aumento de penas en esta materia ya no es la solución?

 

R. V. L.: Definitivamente, no lo es. Entre otras cosas, conviene que pensemos que cualquier aumento de penas o la inclusión de nuevos delitos inciden en la generalidad del sistema penal. Estamos advertidos de la falta de recursos en la justicia, de la congestión judicial y del hacinamiento carcelario actuales, así es que urge racionalizar la política criminal y exigir más de nuestros dirigentes. Parte de nuestro fracaso en esta materia tiene que ver con que no hemos podido identificar el problema con claridad; una vez conozcamos las causas, podremos intentar mejores soluciones.

 

Á. J.: ¿Qué experiencia exitosa podría seguir Colombia frente a una legislación y política criminal en esta materia?

 

R. V. L.: Estoy convencido de que debemos prestar mayor atención a la intervención administrativa. Todavía es pronto para evaluar el impacto de la Ley 1696 del 2013, pero creo que ese es el camino. Deben procurarse los recursos suficientes para que las autoridades de tránsito puedan cumplir con su papel en debida forma. Tampoco deberían olvidarse las políticas educativas.

 

 

Renato Vargas Lozano

 

Estudios realizados: Doctor en Derecho de la Universidad de Valencia (España), magíster en Derecho de la Universidad Externado y abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha realizado estudios de especialización en Teoría del Delito, Derecho Penal Especial y Derecho Penal Económico y Empresarial.

 

Cargos desempeñados: becario de investigación del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo (Alemania), docente universitario y autor de varias publicaciones en temas penales.

 

Ocupación actual: docente e investigador de la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá) y abogado en ejercicio, miembro de la firma Álvaro Vargas Abogados.