En Ejercicio
Gaspar Hernández Caamaño: “El sistema educativo aún no cumple los postulados constitucionales”
15 de Diciembre de 2011
Implementar el programa de doctorado en Derecho en la Universidad del Atlántico, en convenio con la Universidad Olmeca del Estado de Tabasco (México), es uno de los retos inmediatos del abogado barranquillero Gaspar Hernández Caamaño.
Además de su experiencia en asesoría legal, su interés por la academia surge en su formación en las ciencias de la educación.
ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué tipo de reforma necesita la Ley 30 de 1992?
Gaspar Hernández Caamaño: Es evidente que la Ley 30 requiere una reforma. Los principales puntos deberían incluir el régimen de financiación de las universidades estatales u oficiales, que debe quedar totalmente integrado en una norma especial, cuyos recursos sean preferentemente para la investigación, y la declaratoria del principio de autonomía universitaria como derecho fundamental. En ese sentido, se debería legislar sobre este principio, para que se entienda con claridad y se evite la presencia política y partidista en las universidades, lo cual afecta el ejercicio de su autonomía.
Á. J.: ¿Se debe incluir el ánimo de lucro en las instituciones educativas?
G. H. C.: En la Carta Política, la educación superior está concebida, además de un derecho social y cultural y un deber personal, como un servicio público. Y toda prestación de un servicio público genera condiciones de oferta y demanda. Por ello, algunas universidades de capital privado son empresas, no solo familiares o de gremios económicos, religiosos o sociales, cuya práctica educativa es un “negocio”. El ánimo de lucro está subrepticiamente vigente en ese servicio público educativo. Hay que recordar que la universidad nació, en el siglo XII, subvencionada o financiada por la iglesia.
Á. J.: ¿Cómo debería ser la financiación de la educación pública?
G. H. C.: En una democracia, toda educación del ser humano es pública, eso lo aprendí de Fernando Savater. Por ello, la familia, la sociedad y el Estado deben financiar la educación, para que estas sean instituciones prósperas. La financiación no solo es deber del Estado, sino de todos los ciudadanos, no solo pagando impuestos, sino haciendo donaciones y subsidios. Es un beneficio que nos debe costar a todos, mucho más a quienes tenemos el privilegio de haber sido educados en instituciones del Estado.
Á. J.: ¿Cómo se puede fortalecer la calidad educativa pública?
G. H. C.: Para que la educación en Colombia alcance la calidad que se anhela, se debe cambiar el paradigma de ser una formación para el trabajo, por una formación para la vida. Debe enseñarse a vivir, como proponía Jean-Jacques Rousseau en el Emilio. Para lograrlo, además de dinero, necesitamos docentes humanistas, maestros de la vida humana y no solo profesionales de la educación. Requerimos que todos los programas educativos formen en la búsqueda personal y social de la felicidad y el amor al prójimo, para no tener profesionales que corrompen las instituciones y se llenan de privilegios sin meritos intelectuales o producción académica.
Á. J.: ¿Existe inequidad en la cobertura y acceso a la educación superior?
G. H. C.: En una sociedad tan desigual, en lo económico y social, como la colombiana, la educación refleja inequidad y discriminación. Para superarla, necesitamos una escuela que eduque los talentos y en la que solo los más aptos tengan siempre la oportunidad de avanzar, sin esfuerzo y sufrimientos pecuniarios, en su formación superior.
Á. J.: ¿La normativa actual es suficiente para garantizar ese derecho fundamental?
G. H. C.: El sistema educativo aún no cumple, en la práctica, con los postulados de la Carta Política, que está montada sobre principios como la dignidad humana, la solidaridad, el interés general y el trabajo. Este último está concebido como factor generador de humanidad, no de explotación y alineación. Lo que tenemos es que enseñar y aprender a hacer realidad el marco constitucional. Además, insisto, quien aplique la ley debe ser un humanista.
Gaspar Hernández Caamaño
Estudios realizados: abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, magíster en Educación, candidato a magíster en Filosofía de la Universidad del Norte y doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico.
Cargos desempeñados: Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, director de la línea de investigación hermenéutica jurídica en la especialización de Derecho Procesal Civil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, litigante, asesor jurídico y docente universitario.
Cargo actual: asesor de la rectoría de la Universidad del Atlántico.
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