“Las TIC ayudan a mejorar la eficiencia de los despachos judiciales”

 

Durante su trayectoria profesional, el abogado David Fernando Varela ha participado en procesos de reforma a las instituciones del sector justicia de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú, entre otros.

 

Gracias a su vasta experiencia, Varela es una autoridad para hablar de las necesidades de la justicia colombiana en términos de implementación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con el fin de buscar mayor celeridad y modernización de la misma.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Las TIC han permeado lo suficiente en la administración de justicia latinoamericana?

 

David Fernando Varela: Todavía no, pero no se trata de un caso extraño en el mundo. En general, los poderes judiciales suelen tomar bastante tiempo para incorporar las TIC y, por eso, no debemos sorprendernos de que, incluso, en un mismo país, el sector privado o entidades del Ejecutivo avancen con mayor rapidez en su adopción. Casi todos los países de la OCDE continúan su incorporación de TIC en la administración de justicia en medio de no pocas resistencias, avances y retrocesos, que en ocasiones no surgen de los servidores judiciales, sino de los usuarios. Pero la mayoría de los países ha comenzado a transitar el largo camino que puede conducir al 100 % del litigio en línea o al despacho “cero papel”. La meta final es aún distante y no conozco el caso de ninguno que la haya alcanzado, pero el cambio ha comenzado y creo que será imposible detenerlo.

 

Los ciudadanos ya han asimilado las herramientas TIC más sencillas a través de sus tabletas o teléfonos inteligentes y exigen que las autoridades públicas operen del mismo modo, en forma sencilla y amigable, de mínimo costo y rápida respuesta. Este cambio se está viviendo en todos los países latinoamericanos, aunque los grados de avance sean muy diferentes. Todos están aprendiendo en la marcha, siguen de cerca la experiencia de países líderes en la OCDE, como EE UU, Inglaterra-Gales y Holanda, pero las adaptan a sus propias necesidades y prioridades.

 

Á. J.: ¿Cómo ha evolucionado este tema en Colombia?

 

D. F. V.: Colombia comenzó a incorporar TIC en la administración de justicia desde hace casi dos décadas. Me refiero no solo a las inversiones en equipos de cómputo y, más recientemente, salas de videoconferencia, sino también al desarrollo de aplicaciones como Justicia Siglo XXI, que hoy proporcionan información básica sobre el estado de los procesos en la mayor parte del país. También debe destacarse el esfuerzo de las autoridades judiciales y del Gobierno en los ejercicios que precedieron a la preparación del Plan Estratégico Tecnológico o el Plan de Modernización Tecnológica. Aunque dichos planes solo hayan sido ejecutados parcialmente, representan un esfuerzo valioso que ha dejado listas las bases sobre las cuales el Consejo de Gobierno Judicial podrá tomar las decisiones claves de los próximos años.

 

Aunque dichos planes solo hayan sido ejecutados muy parcialmente, representan un esfuerzo valioso que ha dejado listas bases sobre las cuales el nuevo Consejo de Gobierno Judicial podrá tomar las decisiones claves de los próximos años.

 

Á. J.: ¿Cuál es el principal aporte que han hecho las TIC en la administración de justicia de países desarrollados?

 

D. F. V.: Los aportes son numerosos, pero, en mi opinión, el principal es la implantación de prácticas de gerencia moderna en los despachos judiciales. Las TIC son solo un medio para lograr que los despachos operen de la manera más eficiente, en beneficio de sus usuarios y de los servidores. Pero la eficiencia no la logran las TIC, sino las personas que las utilizan correctamente dentro y fuera del despacho. Por ejemplo, una de las aplicaciones más poderosas de TIC es el “tablero de control”, que permite al juez o magistrado conocer en forma inmediata el estado de cada proceso que curse en su despacho, recibir alertas sobre el vencimiento de los términos, comparar estadísticas sobre carga de trabajo de sus empleados o planificar su tiempo para la celebración de audiencias.

 

Las TIC obligan, además, a rediseñar todos los procesos gerenciales y administrativos internos del despacho judicial, pues antes de automatizarlos, es necesario determinar cuáles añaden valor y cuáles no, cómo se pueden facilitar y simplificar antes de estandarizarlos y optimizarlos.

 

Á. J.: En Colombia se observan experiencias aisladas sobre notificaciones electrónicas o expediente electrónico, pero no aparece una política seria al respecto. ¿Qué hacer al respecto?

 

D. F. V.: Ante todo deberíamos reconocer el esfuerzo de funcionarios y empleados que a veces con sus propios recursos han decidido diseñar soluciones TIC para mejorar la prestación del servicio de administración de justicia en algunas ciudades del país, como Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Manizales y Santa Marta. Algunos han recibido reconocimientos de la Corporación Excelencia en la Justicia. Es un trabajo muy meritorio que debe tomarse en cuenta para el diseño de una política pública sobre TIC para la justicia, que deberá impulsar el nuevo Consejo de Gobierno, seguramente en alianza con el Departamento Nacional de Planeación.

 

Un documento Conpes podría ser la herramienta adecuada para comprometer recursos en torno a un plan multianual que asegure el financiamiento de una primera etapa de un programa de litigio en línea o despacho cero papel. Sin embargo, ni la ciudadanía ni la Rama Judicial pueden quedarse inactivas mientras se diseña y aprueba una política de largo plazo. Creo que una opción válida durante un periodo de transición es liberar la creatividad de magistrados y jueces e, incluso, de usuarios y ciudadanos comprometidos, y estimular experiencias piloto que generen aprendizajes en paralelo con la adopción de la misma política.

 

Á. J.: ¿Cómo cambiar la mentalidad de abogados y administradores de justicia que se niegan a adoptar las nuevas tecnologías?

 

D. F. V.: El cambio cultural es un proceso difícil, porque a todos nos cuesta trabajo salir de nuestra “zona de comodidad”, o sea, del conjunto de prácticas habituales que dominamos y que tendemos a considerar inmejorables, simplemente porque son nuestras o no conocemos otras. En todo el mundo, la irrupción de las TIC en la administración de justicia ha generado fuertes resistencias, incluso huelgas o sabotajes en unos pocos casos. Pero hay también historias de éxito en las que el programa de incorporación de TIC fue acompañado de actividades intensivas de difusión y capacitación, al igual que de incentivos para facilitar la transición, como reconocimientos y bonificaciones a los servidores líderes en el proceso de cambio.

 

Á. J.: En su concepto, ¿qué país es ejemplo en la región frente a la aplicación de TIC en los procedimientos judiciales?

 

D. F. V.: Existen numerosos ejemplos dignos de tomarse en cuenta. Chile incorporó TIC en la reforma procesal penal que inició el año 2000 y ha continuado actualizándolas, a medida que surgen nuevas oleadas de reforma, por ejemplo, en lo civil y lo laboral. Un rasgo especial de la experiencia chilena es el aprovechamiento de las TIC más apropiadas para cada jurisdicción dentro de un presupuesto limitado, sin dejarse seducir por TIC más avanzadas, pero cuyo costo podría no justificarse en un primer momento (por ejemplo, al principio de la reforma penal solo utilizaron grabaciones de audio y solo cuando la tecnología redujo su costo adoptaron las de video).

 

Algunas jurisdicciones del Brasil han registrado avances importantes en la automatización de procesos, como el Superior Tribunal de Justicia (STJ, equivalente a nuestro Consejo de Estado), que desde el 2010 logró reducir al mínimo el expediente físico y potenciar el uso de su portal web para interactuar en línea con los tribunales inferiores y sus usuarios.

 

En México, el Tribunal Fiscal de la Federación (última instancia para asuntos tributarios) desde el 2012 estableció una plataforma muy robusta para facilitar a los contribuyentes y a las autoridades recaudadoras el litigio en línea. En Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia (también con el apoyo del BID) lideró numerosas reformas organizacionales que implicaron la adopción de TIC, de modo que hoy es uno de los países donde se utilizan con mayor intensidad. Colombia puede inspirarse en todas estas experiencias, pero puede construir su propia historia de éxito sobre TIC en justicia, con solo que autoridades de la Rama Judicial y el Gobierno tomen unas pocas decisiones claves.

 

 

David Fernando Varela

 

Estudios realizados: es abogado y especialista en Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Javeriana y Máster en Leyes del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de McGill, en Montreal (Canadá).

 

Cargos desempeñados: consultor internacional del BID, del Banco Mundial y de la Usaid sobre reformas a la administración de justicia. También ha sido asociado extranjero de la firma Stikeman, Elliott en Montreal (Canadá), Gerente de Asesoría Jurídica y Tributaria de Arthur Andersen y socio de la firma Araújo, Ibarra y Asociados.

 

Cargo actual: docente universitario, conferencista y consultor.