“El crecimiento de Barranquilla aumentó los servicios jurídicos”

 

Barranquilla ha sido una de las ciudades del país que ha mostrado mayor desarrollo y crecimiento económico en los últimos años. Al lado de esos resultados positivos, han estado las firmas de abogados que, con su asesoramiento, acompañan los planes de expansión de las diferentes compañías en la región Caribe.

 

De acuerdo con el abogado Carlos Andrés Mendoza Puccini, el atractivo de la ciudad fue bien leído por las oficinas locales, “de tal manera que cuando las multinacionales jurídicas iniciaron su apertura de mercado, encontraron una fuerte competencia que aún mantenemos”.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué áreas del Derecho tienen mayor proyección y crecimiento en la Costa Caribe, especialmente en Barranquilla?

 

Carlos Andres Mendoza Puccini: En los últimos 10 años, la ciudad, apalancada por un entendimiento eficiente y empresarial de la cosa pública, el apogeo del sector inmobiliario y la consolidación del sector servicios, ha logrado un desempeño extraordinario que se ve reflejado en el incremento de la inversión en la zona, el afianzamiento de empresas ya instaladas, la disminución del desempleo y, sobre todo, la confianza en la ciudad como un todo, tanto en el sector público como en el privado. Eso ha aumentado la demanda de servicios jurídicos en los sectores de Derecho Administrativo y Comercial, específicamente en asuntos de contratación estatal, sector financiero y, en general, una demanda interesante de servicios para la consolidación de proyectos comerciales.

 

Á. J.: ¿Qué nivel de desarrollo tiene el arbitraje en esta zona del país?

 

C. A. M. P.: El arbitraje en la Costa Caribe se ha fortalecido, en la medida en que entidades como el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla han logrado conformar listas de árbitros preparados y con amplia visión sobre la actualidad de los negocios y la economía. Sin embargo, el arbitraje en sectores específicos, como, por ejemplo, el administrativo, se ha visto limitado por diferentes factores de tipo legal y práctico. Por ejemplo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha planteado una restricción a las funciones de los árbitros y a su competencia frente a los actos administrativos, que tiene efectos en el arbitraje contencioso administrativo.

 

Á. J.: ¿Qué crecimiento tienen las firmas de abogados en Barranquilla?

 

C. A. M. P.: Las firmas de abogados, desde una óptica de negocios, se encuentran en proceso de maduración, en la medida en que las empresas de la región y aquellas que tienen intereses en el caribe colombiano van afianzando sus oficinas jurídicas internas, y se van consolidando las relaciones con despachos que tienen la capacidad de brindar respaldo a sus asuntos especializados. No se trata únicamente de la relación entre el gerente de la compañía y el socio senior de una firma, sino el trabajo estructurado de los equipos legales en cabeza del secretario general o su general counseler, que es complementado por las diferentes especialidades de los despachos de la región.

 

El atractivo de Barranquilla fue bien leído por las oficinas locales, de tal manera que cuando las multinacionales jurídicas iniciaron su apertura de mercado, encontraron una fuerte competencia que aún mantenemos, con firmas especializadas en temas de Derecho Tributario, Administrativo y Comercial, conocedores de la plaza, tanto a nivel judicial como empresarial.

 

Á. J.: Sigue la contratación estatal a la espera de una reforma general. ¿Qué debería contener tal reforma?

 

C. A. M. P.: Cuando hablamos de problemas de contratación estatal en el país, nos centramos mayormente en la “incapacidad” que ha tenido su legislación y reglamentación en evitar la consolidación de hechos de corrupción. Sin embargo, considero que medir la normativa solo en ese criterio resulta equivocado. Las normas de contratación pública deben estar destinadas a lograr la contratación eficiente, en términos técnicos, económicos y administrativos; con criterios gerenciales en donde prime la necesidad publica y donde se permita tomar decisiones innovadoras y versátiles, tal y como se desarrollan los negocios en la actualidad, sin imponer cargas excesivas a los contratistas, por cuanto, en últimas, la realidad de los negocios termina demostrando que no pueden ser asumidas por estos.

 

Á. J.: ¿Cómo se encuentra la Costa Caribe en términos de infraestructura del sistema judicial, especialmente Barranquilla?

 

C. A. M. P.: Con la entrada en vigencia del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los despachos en Barranquilla requirieron la adecuación de la actual infraestructura para atender la necesidad de los procesos orales. En ese sentido, las salas de audiencia y los sistemas de grabación de las mismas han cumplido con los estándares necesarios brindando confiabilidad en los procedimientos a nivel técnico, sin que se presenten situaciones graves que entorpezcan el desarrollo de los procesos. Considero que quienes practicamos el litigio nos sentimos cómodos con las soluciones técnicas que se han implementado, convirtiendo a la ciudad en una plaza confiable.

 

Sin embargo, el congestionamiento de los despachos judiciales sigue siendo evidente, tanto por la morosidad en los trámites y en la expedición de sentencias, como por la sobreocupación de los despachos. Se trata de una imagen constante en el país y que responde a un problema profundo, relacionado con la cultura litigiosa de los ciudadanos y la excesiva producción de abogados por parte de una cantidad desproporcionada de facultades de derecho.

 

Si miramos sistemas judiciales como el de EE UU, encontramos un ecosistema que permite la solución de controversias de manera eficiente, en donde una muy limitada intervención del aparato judicial en la etapa probatoria y el desarrollo de juicios de manera rápida, incrementan la confiabilidad y respeto a las instituciones judiciales. Una reglamentación estricta al ejercicio de los abogados, al acceso de los mismos a la práctica ante los despachos y una tendencia a la reducción de gastos generados por el litigio que hace más atractivo la consecución de arreglos directos son algunos de los ejemplos que permiten contar con sistemas judiciales eficientes.

 

 

Carlos Andrés Mendoza Puccini

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad del Norte, LLM de Northwestern University (Chicago), Degree on Business Administration del Instituto de Empresa (Madrid).

 

Cargos desempeñados: Como director ejecutivo de la firma AMT Consultores Legales ha sido asesor de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de empresas como Vale Colombia S.A., el Grupo Argos S. A., Asincro Colombia y sus filiales, de ProBarranquilla y del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe Puerta de Oro, entre otras.

 

Ocupación actual: Director Ejecutivo de la firma AMT Consultores Legales.