La Supervigilancia, las Convivir, el narcotráfico y las chuzadas: 30 años después

Juan Carlos Portilla
Ex superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

En el 2023, se cumplieron 30 años de la creación de la Superintendencia de Vigilancia (Supervigilancia). Ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces. Repasemos algunos capítulos de su historia. 

En los años noventa, éramos un Estado fallido. El narcotráfico ejercía un enorme poder. El presidente Gaviria le construyó la Catedral a Pablo Escobar. Ernesto Samper fue electo con dineros del cartel de Cali. Las narcoguerrillas mandaban. La inseguridad reinaba. La Ley 62 de 1993 estableció la Supervigilancia y revistió a Gaviria de facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley. Para restablecer el orden público en muchos territorios, Gaviria expidió el Decreto 356 de 1994. Se estableció así el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, bajo el cual personas naturales y jurídicas pueden establecer departamentos de seguridad con armas de fuego para su propia protección.  Bajo el auspicio de esta norma, se crearon las llamadas Convivir.

El gobierno Samper impulsó las Convivir. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá dijo que el Estado fue un actor principal en el desarrollo de las Convivir. Fueron creadas “por particulares especialmente entre 1995 y 1998” con las correspondientes autorizaciones de la Supervigilancia, que está adscrita al Ministerio de Defensa. Tanto ese ministerio como la Supervigilancia eran entidades controladas en ese entonces por el gobierno Samper. Para la justicia colombiana, las Convivir fueron pieza clave para la expansión del paramilitarismo.

En el 2007, Juan Manuel Santos era ministro de Defensa y controlaba la Supervigilancia. Ese año, la organización criminal de Daniel El Loco Barrera, a través de un entramado de empresas fachadas creadas para lavar dinero del narcotráfico, obtuvo permisos de la Supervigilancia para establecer ejércitos privados con armas de fuego a su servicio. También, se nombraron cuotas de políticos comprometidos con la parapolítica. En la Jefatura de Control Interno de la Supervigilancia, se nombró a una cuota política del exsenador Mauricio Pimiento. La Corte Suprema de Justicia condenó a Pimiento por delitos de constreñimiento al elector al haberse beneficiado con la repartición electoral que hizo en Cesar el desmovilizado líder paramilitar Jorge 40. Cuando quise hacer un cambio en esa dependencia de la Supervigilancia, los asistentes de Santos me llamaban a decirme que mantuviera en ese cargo a la cuota de Pimiento.   

En el 2009, como superintendente, ordené la cancelación de departamentos de seguridad de la Comercializadora Internacional, de Danilo Bustos Suárez (testaferro del Loco Barrera). Gracias a la información suministrada por la Supervigilancia sobre los departamentos de seguridad de Bustos, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijin) pudieron identificar el esquema de seguridad de este criminal y capturarlo con fines de extradición (septiembre del 2009). Del mismo modo, cancelamos la licencia de la empresa de seguridad privada 911, que estaba al servicio de la organización criminal de Enilce López, alias La Gata.

En una grabación revelada por La W (2009), se escuchaba a Raúl Muriel (dueño de Cosinte Ltda.) presumiendo de su supuesto acceso al sistema Esperanza, un sistema de inteligencia operado por la Fiscalía General de la Nación, usado en operaciones contra el narcoterrorismo. De dicha grabación se pudo inferir que Muriel tenía acceso al sistema Esperanza. Siempre me pregunté cuál era el interés de Muriel. Por tal razón, ordené una investigación sobre Cosinte y ordené la suspensión de su licencia, porque poseía irregularmente un equipo Oscor 5.000 de interceptación telefónica. Al momento de dejar mi cargo en noviembre del 2009, la Policía avanzaba en el proceso de decomiso del equipo.

Siendo Gabriel Silva ministro de Defensa, José Alexis Mahecha Acosta fue nombrado en la Supervigilancia. Mahecha aparecía en la lista de los ex funcionarios del DAS vinculados a las chuzadas de magistrados y periodistas. Mahecha fue acusado por la fiscalía de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos de transmisión y abuso de autoridad. Mahecha, en el 2010, revocó la suspensión de la licencia de funcionamiento de Cosinte, abortando la investigación sobre los accesos de Muriel a los archivos del sistema Esperanza. El viejo y conocido refrán “entre bomberos no se pisan la manguera” explica por qué a los presuntos chuzadores (Muriel y Mahecha) les convenía no hacerse daño.      

Conclusión: No hay duda de que políticos de cuello blanco han usado la Supervigilancia con fines no tan santos. Son valiosos los funcionarios de la Supervigilancia que hacen su labor con honestidad. Valientes son aquellos empresarios de la seguridad que de manera legal ayudan a generar más de 390.000 empleos a la economía nacional. Héroes de la patria son nuestros vigilantes que día a día exponen sus vidas protegiendo lo que más queremos: nuestras familias y la paz en nuestros hogares y sitios de trabajo.