De lo contrario, se verían afectados los derechos a la libertad individual y la autonomía personal del paciente.

No se han adelantado acciones para garantizar el acceso de dichos partidos a espacios especiales en medios de comunicación.

Existen situaciones que rebasan lo que normalmente debe soportarse cuando se es investigado por una autoridad del Estado.

El término de caducidad para ejercer el medio de control de controversias contractuales no puede quedar al arbitrio de las partes.

La Corte Constitucional amparó el derecho a la vivienda digna e integridad de un hombre y sus dos hijos menores de edad.

Ya son 12 de los 13 decretos expedidos por el Gobierno para mitigar la crisis en La Guajira que son declarados inexequibles.

Las demandadas invadieron la competencia del legislador al establecer un término máximo de duración de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.

No era procedente aplicar el principio de solidaridad para resolver el caso y no precisar bajo qué régimen de responsabilidad le eran atribuibles al Estado.

Pretender cobrarle a la misma víctima lo que se le pagó por ese concepto implica desconocer tal decisión.

La referida firma no es necesaria en el caso de actos expedidos por el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado.