Explican tensión de derechos cuando se usa el escrache para responder a agresiones basadas en violencias y discriminación

El escrache es una acción social que se consolida ante las deficiencias de los medios institucionales para controlar, prevenir y castigar las conductas discriminatorias dirigidas contra sectores de especial protección de la sociedad. Esta forma de denuncia es una manifestación criminológica del control social informal ejercido a través de los aparatos ideológicos de la sociedad, medios de comunicación e instituciones como la familia, academia, religión, entre otras, indicó la Corte Suprema de Justicia en una sentencia.

Esta práctica reproduce tensiones entre derechos de orden fundamental, por un lado los de la presunta víctima (acceso a la administración de justicia, libertad de expresión, dignidad e integridad personal) y por otro los del presunto agresor (debido proceso, presunción de inocencia, honra, buen nombre). Por eso es necesario regular la base jurídica sobre la cual se puede promover el escrache, para evitar que la protección y reivindicación de unos derechos implique el desconocimiento injustificado y manifiesto de otros.

En ese sentido, es aceptable que las finalidades perseguidas por el escrache puedan constituir agresiones paralelas hacia los sujetos cuestionados socialmente. Sin embargo, la protesta social no puede ser utilizada como un medio válido para cometer delitos o lesionar indistintamente bienes jurídicos de otras personas.

Por consiguiente, el reproche social se debe orientar por criterios de razonabilidad y proporcionalidad que eviten su desnaturalización. Entonces, bajo ninguna hipótesis el escrache puede ser utilizado como un puente que comunica a la presunta víctima con una posibilidad real y material de dañar y agredir directamente a su supuesto victimario y, en esa medida, el amparo a la denuncia social no puede convalidar la producción de daños que traspasen las fronteras de la discusión y el proceso de evidenciar las problemáticas mencionadas.

Del escrache como forma constituida de manifestación y protesta social se desprende un efecto concomitante reflejado en la actitud defensiva del presunto agresor, el cual puede activar medios de defensa judicial ante la denuncia pública de determinada problemática con el propósito de neutralizar, mitigar u opacar sus consecuencias.

En este punto, se presenta un conflicto suscitado entre el ejercicio legítimo de las acciones judiciales y el uso de estos medios para contener la avanzada del control social informal. En ese sentido, surge una preocupación fundada en que la promoción de las herramientas de defensa, en realidad, contengan propósitos malintencionados dirigidos a silenciar o reprimir las denuncias de las víctimas, lo cual es inadmisible desde cualquier perspectiva.

Así, pues, cuando concurren los presupuestos en cita se debe intervenir el derecho al acceso a la administración de justicia en aras de evitar la revictimización de las y los denunciantes y la instrumentalización del ordenamiento jurídico por parte de las personas más favorecidas en el marco de la interacción comunitaria, bien sea por su condición económica, su estatus social o cualquier otro factor que lo superponga sobre la víctima denunciante (M. P.: Myriam Ávila Roldán).

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias y documentos sin límites. www.ambitojuridico.com/suscribete.

Paute en www.ambitojuridico.com/paute-aqui.