En defensa de la salud

Juan Manuel Camargo G.

La revista Semana y Germán Vargas Lleras han avisado que el Gobierno podría querer generar una crisis en el sector salud, para forzar un cambio del sistema, incluso sin necesidad de una reforma legislativa. Esto, de suceder, sería inmoral y antidemocrático.

La salud es el mayor logro de los colombianos. Según estimaciones del Ministerio de Salud, antes de la Ley 100 de 1993, apenas el 24 % de la población colombiana tenía una cobertura en salud garantizada. Dentro de ese escaso porcentaje, había además una gran desigualdad: el 47 % del quintil con mayores recursos estaba cubierto, mientras que la cobertura caía a solo el 4,3 % para el quintil más pobre.

Los gastos en consultas, medicamentos y laboratorios representaban el 28,2 % del ingreso total anual de los hogares más pobres; para los hogares con mayores ingresos, esos gastos representaban el 6,5 %. El 60 % o más de las necesidades de atención médica no eran atendidas, en promedio. En las regiones más pobres del país, ese porcentaje subía al 75,1 %, y al 84 %, entre la población ubicada en el quintil más pobre.

La estructura de financiamiento era regresiva, sin ningún tipo de solidaridad. La mitad de los recursos públicos para la salud se canalizaba, a través del ISS, a menos del 20 % de la población (los de mayor capacidad de pago y con empleos formales). El 50 % restante de los recursos se destinaban al subsistema público, para cubrir a más del 80 % de los colombianos.

La precariedad del sistema de salud causó miles, millones de tragedias individuales y familiares. Todas se sufrieron en silencio, porque no había consciencia de que el Estado tenía la obligación de proveer cobertura de salud asequible y universal.

Hoy en día, nuestro sistema de salud beneficia al 97 % de la población, es costeable y cubre prácticamente todo: enfermedades de alto costo, medicamentos, servicios accesorios, algunos tratamientos y cirugías que en otros países se consideran estéticos. Uno no acaba un sistema que funciona tan bien. Uno lo mejora.

Y claro que hay fallas. Este año, Sura y la Universidad Javeriana elaboraron un documento con 143 recomendaciones para mejorar los sistemas de salud y riesgos laborales en Colombia. Es un trabajo juicioso, profesional; muy distinto a la propuesta pueril de lanzar una bomba y destruirlo todo.

Es utópico pensar que el servicio de salud mejorará, o siquiera seguirá igual, si lo presta directamente el Estado. Nadie puede decir que el Estado colombiano es ágil, eficiente, barato, moderno o libre de corrupción. Pero que el Estado se demore una eternidad expidiendo un papel no es tan grave como que el Estado se demore una eternidad atendiendo a un paciente. Eso es lo que pasaba antes de la Ley 100 y es justamente lo que va a pasar, si se acaban las EPS. Es cierto que ahora ocurren casos así, pero son excepciones y hay castigos. La mora del Estado colombiano nunca tiene castigo y nunca es excepcional.

Las críticas al sistema de salud en Colombia se basan en premisas ideológicas, sin ver (o sin querer ver) cómo funciona en la práctica y sin ver (o sin querer ver) lo mal que funciona la administración pública en el país. En Colombia, hay una constante y es que el Estado provee los servicios públicos como si nos hiciera un favor. A los funcionarios públicos no se les puede exigir; hay que rogarles. ¿De verdad queremos que así funcione la salud en Colombia?

Nota: El autor no tiene ninguna relación con ninguna EPS o el sistema de salud colombiano, excepto como usuario.