Rupturas de época

Matthias Herdegen

Director de los institutos de Derecho Público y de Derecho Internacional de la Universidad de Bonn (Alemania)

Tanto en América del Sur como en el Viejo Continente pasamos por un momento histórico: supuestas certezas y expectativas se están evaporando y un futuro indefinido se vislumbra en el horizonte. Esta incertidumbre afecta la constelación geopolítica, las bases socioeconómicas y, hasta cierto grado, los fundamentos jurídicos de muchos Estados.

En Europa, la invasión rusa a Ucrania sacudió el orden territorial de la posguerra y la confianza en una paz duradera. Para caracterizar ese cambio tectónico, Alemania habla de un “giro en los tiempos”. La ayuda militar a Ucrania, la crisis energética, el fortalecimiento de la defensa y, finalmente, la inflación más alta de las últimas décadas, presentan un desafío para el Estado social y la solidez económica. Por otro lado, la arquitectura constitucional y de los tratados de la Unión Europea (UE) hasta ahora demuestran su solidez ante la tempestad. Para afrontar las nuevas amenazas a su seguridad y cumplir, además, sus compromisos con la Otán, Alemania reformó su Ley Fundamental, con el fin de establecer un fondo –financiado a crédito– de 100.000 millones de euros para modernizar y fortalecer sus fuerzas armadas, en contravía de las reglas constitucionales preestablecidas sobre endeudamiento público. En suma, la respuesta de la UE a la agresión rusa, con la cascada de sanciones económicas contra el agresor y el apoyo financiero a Ucrania, muestran una unidad inesperada en las relaciones exteriores y la política de seguridad.

Colombia optó por dar su propio giro de época. El nuevo Gobierno ratifica su enérgica determinación de transformar la sociedad y las instituciones. Su triunfo podría deberle mucho a políticas anteriores, al descuido del flanco social del Estado de derecho, a la falta de estrategias de comunicación efectivas, así como al sentimiento de ausencia de programas coherentes dentro de los partidos políticos. El discurso político de administraciones pasadas obviamente no logró captar amplios sectores de la juventud y de la población rural.

Llama la atención que los parámetros constitucionales, en apariencia, dan vía libre al nuevo Gobierno para la remodelación del Estado. En varios Estados de derecho, como Alemania, cambios profundos en la cúpula de instituciones públicas se somete a criterios mínimos de justificación plausible, normalmente relacionados con la capacidad individual de cada funcionario o indicios que pongan en duda su lealtad o probidad. Estos límites a la discrecionalidad se aplican, inclusive, para cargos de libre nombramiento y remoción.

La probable eliminación de varios órganos de control independientes, cuya proliferación constitucional hemos comentado desde hace décadas, puede terminar en una cirugía bastante invasiva de la Constitución en pro del Poder Ejecutivo, más aún en presencia de un Congreso complaciente. Las proyectadas reformas electoral, tributaria y política auguran cambios estructurales. Suponemos que el Gobierno actuará con la mayor sensibilidad en todo lo que afecta a los derechos fundamentales, incluso derechos adquiridos, amparados por la garantía de la propiedad privada. Estos derechos adquiridos incluyen, naturalmente, los derechos pensionales.

Para el cándido observador externo, saltan a la vista las negociaciones anunciadas con organizaciones criminales, que representarían una novedad en los planos constitucional y político de América Latina. Las fuerzas que integran el Gobierno actual ya demostraron sus capacidades de negociación en La Habana, con una habilidad intelectual marcadamente superior frente a sus interlocutores de entonces. Será interesante saber hasta dónde llegará esa habilidad de negociación ante estos nuevos actores. No solamente el continente americano observará ese proceso con atención

Antes de llegar a Colombia, el viento del cambio pasó por Chile y Perú. En estos países, la profunda insatisfacción de amplios sectores de la ciudadanía propició la elección de gobiernos con una programática social, distanciada de lo que percibe como herencia del neoliberalismo “capitalista” tradicional. En Chile, el futuro del texto constitucional recién elaborado se sume en la incertidumbre. El actual Gobierno de Perú marcha de crisis en crisis. En contraste con otros Estados de la región, en Colombia se vislumbra un Congreso maleable, hasta ahora con un pequeño grupo parlamentario declarado en oposición.

Estos temas serán importantes para las nuevas iniciativas, que buscan fortalecer los lazos entre los países latinoamericanos y la UE. Vivimos en un mundo en donde el modelo del Estado democrático de derecho compite con sistemas autoritarios en cuatro continentes. Sería bueno que, en Colombia y sus países vecinos, recuerden que sus aliados naturales son las democracias del Viejo Continente y del nuevo mundo. Son aquellos países los que comparten los valores que Colombia enuncia en su Carta Política de 1991.