La verdad sobre la justicia

Carolina Villadiego Burbano

Asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas

“La guerra necesita de la impunidad para crecer”. Esta frase del Informe Final de la Comisión de la Verdad, contenida en el capítulo de hallazgos y recomendaciones, resume de manera magistral una conclusión central de la Comisión: la alta impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto permitió que este continuara. Por eso, es relevante analizar cuáles son los problemas que fueron identificados por la Comisión para hacer justicia en el marco del conflicto armado y discutir cómo superarlos.

El Informe evidencia que el sistema de justicia enfrentó cinco problemas centrales. Primero, la investigación penal de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario fue tradicionalmente débil. Esta debilidad se ejemplifica a través de las pocas sentencias existentes, la gran duración de las investigaciones, la precariedad para investigar en municipios que no tienen suficiente infraestructura judicial, así como las dificultades para investigar patrones de macrocriminalidad y acceder a información relevante que está en otras investigaciones. La Comisión resaltó que los casos avanzaron cuando hubo funcionarios independientes a cargo de los procesos que trabajaron con condiciones de seguridad, cuando contaron con el respaldo de las altas esferas para tramitar los casos con independencia y cuando se investigaron patrones criminales y contextos, no solo hechos aislados.

Segundo, jueces, fiscales, investigadores y empleados del sistema judicial fueron víctimas del conflicto. Muchos fueron asesinados, amenazados y perseguidos y varios están en el exilio. Estos crímenes los cometieron guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y agentes de la fuerza pública no solo con el fin de perseguir y callar a los funcionarios que querían acabar con la impunidad, sino también para disuadir a otros operadores del sistema de justicia para que no adelantaran investigaciones efectivas.

Tercero, varios funcionarios y empleados judiciales fueron cooptados para engavetar investigaciones y evitar sanciones. Así, poderes ilegales y agentes estatales con intereses en los casos (fuerza pública, políticos, etc.) cooptaron servidores judiciales para que las investigaciones no avanzaran, para “legalizar” actuaciones ilegales y para implantar pruebas fraudulentas. A veces, los cooptados fueron funcionarios con bastante poder en el sistema judicial y ellos persiguieron y hostigaron a quienes tenían los procesos a cargo; por ejemplo, varios fiscales fueron trasladados como forma de sanción encubierta por investigar eficientemente los hechos.

Cuarto, la justicia penal fue sometida, de varias maneras, al modelo de seguridad del país que no privilegió la protección de la vida. Por ejemplo, tanto el uso de la jurisdicción penal militar como la constante disputa para evitar que la jurisdicción ordinaria investigara las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública fueron formas de evitar responsabilizar a militares y policías por los graves delitos cometidos.

Quinto, ante las debilidades para proveer justicia, las víctimas tuvieron que luchar contra viento y marea contra la impunidad; el avance de la investigación penal dependió, en gran medida, de sus esfuerzos. Esto generó falta de confianza en el sistema judicial, pérdida de legitimidad de las instituciones y mucha desesperanza. Y, en un escenario en el que las investigaciones deben ser de oficio, esta situación afectó de manera seria a las víctimas, pues sufrieron no solo por el daño derivado de los hechos, sino también por la falta de justicia.

De esta forma, el sistema de justicia debe superar los problemas que han llevado a la alta impunidad, pues, como sostiene la Comisión, “la mejor alternativa contra la guerra es la justicia”. Por eso, el Informe es una oportunidad para analizar y discutir los hallazgos de la Comisión y, sobre todo, para debatir cómo superar los problemas identificados y analizar la viabilidad de las recomendaciones. Es necesario luchar por un sistema judicial en el que no rija la impunidad.