Consecuencias de una baja nota

SALOMÓN KALMANOVITZ 

Economista e historiador 

El país recibió una mala noticia el 19 de mayo pasado: la calificadora de riesgo Standard and Poor’s le redujo la nota a su deuda, pasando de BBB- a BB+, clasificada como “especulativa”. El analista José Antonio Ocampo criticó a la calificadora por comportarse siempre de manera pro-cíclica, que significa que entrega buena nota cuando el país está en auge y lo raja cuando está en la mala. Precisamente se trata de una calificadora de riesgos, que no agencia de beneficencia. 

La decisión se veía venir por el deterioro de las cuentas fiscales del país, que en 2019 había mostrado un déficit fiscal manejable de 2 % del PIB, pasar a casi 8 % en 2020 y acercarse peligrosamente al 9 % en 2021. La percepción de los mercados internacionales se expresa por la evolución del precio de los CDS (Credit Default Swaps) aplicados al país. Los CDS son, según Francisco Azuero en su blog, “derivados de crédito con los cuales los poseedores de bonos colombianos buscan protegerse frente al riesgo de no pago de la deuda”. Se trata de un seguro que pueden tomar los que adquieren deuda de gobiernos o empresas. En enero del 2021, los CDS colombianos cotizaban un índice de 100, pero en mayo había subido a 135.

El problema no era tanto el déficit fiscal en sí mismo, o el endeudamiento que debía lograr el Gobierno para taparlo, sino su capacidad de aprobar reformas en el Congreso que subsanaran el desequilibrio creciente de las finanzas públicas. La enorme movilización social que despertó la draconiana reforma tributaria que propuso Carrasquilla, y que lleva un mes sin señal de abatirse, destaca la incapacidad del Gobierno de lograr un nuevo acuerdo político que asegure los recursos que requiere a futuro para hacerle frente a enormes desafíos. 

La consecuencia inmediata es que aumenta la tasa de interés que debe pagar el Gobierno y las empresas colombianas para endeudarse en general, porque el movimiento también se refleja en el mercado monetario local. Simultáneamente, se reduce el número de inversionistas dispuestos a exponer su dinero en bonos locales pues a muchos fondos de inversión, especialmente de pensiones, se les prohíbe invertir en papeles de tipo “especulativo”, término que acá significa que contienen mayor riesgo. 

El déficit externo de Colombia es relativamente moderado y, por lo tanto, no requiere de un gran esfuerzo para conjurarlo. Gran parte es financiado por inversión extranjera directa que es de largo plazo y está focalizado en petróleo, minería e industria manufacturera. Posiblemente se vea afectada la inversión en industria por la enorme contracción que ha sufrido la economía colombiana durante la pandemia (-7,7 % del PIB). Otra parte es inversión en cartera, constituida por bonos y acciones, la cual seguramente se verá disminuida por la menor calificación. Habrá también inversiones que asumen algo más de riesgo que sigue siendo percibido como moderado y tampoco se van a secar del todo. Los fondos provistos por la banca multilateral como el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento (donde el Gobierno esperaba aterrizar de emergencia a Carrasquilla) van a aumentar seguramente para compensar la reducción de inversión en cartera. Es necesario de todas maneras que el Gobierno resuelva el conflicto social de manera pacífica y logre hacer aprobar las reformas que requiere: aumentar sus ingresos, controlar su gasto, hacer que este sea más eficiente y menos clientelista. No será fácil.