La economía, la política y el derecho de la pospandemia

Adriana Zapata

Doctora en Derecho

En los tiempos del covid-19 deberíamos permitirnos la oportunidad de reflexionar sobre la forma en que abordaremos nuestro futuro una vez superada la crisis. Es posible que algunos piensen que esta es una discusión prematura, sobre la base de que, por ahora, lo que corresponde es enfrentar el presente y tratar de volver a la “normalidad” cuanto antes. En contra de esta perspectiva, apoyada en las visiones de dos intelectuales italianos, sostendré que el covid-19 nos la oportunidad de plantearnos nuevos paradigmas en lo que a la política, el Derecho y la economía concierne, superando el escepticismo de algunos que, como Fernando Savater, piensan que de esta crisis “saldremos iguales, pero un poco más pobres”. 

Vivimos bajo el imperio de un modelo económico que ha sobrepuesto sus fines a la política y el Derecho. Los mercados han impuesto sus reglas y, en buena medida, captado las restantes estructuras, limitando la función de la política al mantenimiento de un mercado que solo se interviene para que funcione correctamente, y del derecho a la producción de reglas que lo estimulen.

Pero el covid-19 ha trastocado las reglas no intervencionistas del modelo neoliberal, dando lugar a que el Estado deje su rol de guardián del mercado por uno más activo, orientado a asegurar que los ciudadanos reciban atención en salud, alimentación, vivienda, entre otras necesidades básicas, cuya provisión resulta imprescindible para poder transitar exitosamente estos momentos de dificultad. Todos hemos entendido que ese gasto público a dos manos es lo que corresponde en estos momentos: no solo esperamos, reclamamos que el Estado intervenga activamente en la economía, aunque, por supuesto, es distinto querer que el Estado participe para arreglar lo que no funciona, a que el Estado sea protagonista del acontecer económico.

Mariana Mazzucato, una irreverente economista italiana y profesora de University College London, lleva años promoviendo la idea del Estado actor o inversionista de última instancia. Sus críticas al modelo neoliberal son conocidas y, a pesar de ello, es consultora y asesora permanente de gobiernos y campañas políticas de todas las tendencias, atraídos por su propuesta de poner en práctica políticas públicas en las que el Estado no se limite a ordenar el mercado y absorber las quiebras privadas, sino que participe activamente de los beneficios derivados de las innovaciones para cuya génesis ha invertido capital de riesgo, mucho antes que el sector privado. En cortas, lo que se busca es la socialización de los beneficios, para la cual el modelo imperante ha mostrado una ineptitud incontrovertible. Mazzucato plantea una vuelta a la tuerca, poniendo a la política por encima de la economía, en aplicaciones tan concretas como la financiación estatal de los partidos, las prohibiciones del cabildeo y la puerta giratoria, y con el reconocimiento de un “dividendo ciudadano”.

Al Derecho por encima de la economía lo encontraremos de la mano de otro italiano, Luigi Ferrajoli, bajo su propuesta de un constitucionalismo planetario, centrado en las necesidades de la Tierra y su preservación, y en la superación de las desigualdades. Para esto es necesario que existan instituciones de escala global encargadas del cuidado de bienes esenciales, como el agua, el aire, los bosques y glaciares. Esas instituciones deberían tener el control de la fuerza pública, las armas convencionales y nucleares. A ello se adicionaría la creación de una entidad fiscal que tendría por cometido recaudar ingresos con destino a la provisión de bienes públicos, como la salud, la alimentación, la educación y la vivienda. Las ideas utópicas planteadas por este humanista hoy tienen eco en iniciativas interestatales muy concretas, algunas de las cuales pronto verán el día, como la tributación global, de la cual es ejemplo la conocida “tasa Google”. Estos planteamientos se encuentran en su Manifiesto por la igualdad (2019), también tratados en su libro El constitucionalismo más allá del Estado (2017), en el que plantea el reconocimiento de prestaciones básicas, a título de derechos sociales, tales como la vivienda, la educación y la alimentación.

Nada más ajustado a esta coincidencia de dos espíritus inquietos que decir que todos los caminos conducen a Roma, pues, desde disciplinas distintas, ellos llegan a la postulación de principios que pasan por la revisión del modelo económico, del papel de la política en la sociedad y de la conquista de los derechos sociales, por la vía de un Estado activo al estilo de Mazzucato, o benefactor en el planteamiento de Ferrajoli. No se trata, en ambos casos, de empoderar al Estado para reparar los platos rotos de las recurrentes crisis, sino de encararlas con realidades económicas, políticas y normativas distintas.