El valor de la ley

José Miguel De la Calle

Socio de Garrigues

La ley no vale igual para todos. Algunos la respetan sin reparo y la siguen en su literalidad, aun si no la comparten, mientras que otros la desprecian y solo la cumplen cuando se ven forzados a ello. En medio de esos dos extremos, se ubican los que se han ideado para sí mismos un modelo de cumplimiento selectivo, en función de las circunstancias. Estos últimos cumplen las normas cuando resulta conveniente o cuando la carga de cumplirlas no es alta y no supera el valor que se le asigna al riesgo de ser descubierto y pagar las consecuencias.

En adición, algunos países como el nuestro ponen en práctica otra modalidad de cumplimiento parcial de la ley, que se podría llamar la técnica del regateo, en la cual el ciudadano va cumpliendo la ley de a poco y hasta cierto punto, pues parte de la base de que legislador exagera en el señalamiento de los criterios, los umbrales o los estándares de cumplimiento, asumiendo que queda satisfecho con un cumplimiento apenas arriba de la media. El regateo desvaloriza la ley y, como reacción, el legislador produce más leyes. Mientras se mantenga el mismo circuito, la tendencia de desvalorización sigue su espiral.

Los gobiernos que administran grupos sociales que le dan un mayor valor a la ley tienen las cosas más fáciles, pues gastan menos dinero y esfuerzo en vigilar y castigar, en cuanto la mayor parte de la población misma genera esquemas efectivos de autogobierno y autocontrol. En esa medida, los gobiernos de las sociedades que valoran la ley adecuadamente pueden ser austeros y de menor tamaño, y pueden enfocar sus recursos, sobre todo, a mantener el valor de la ley en el tiempo. A su turno, en las sociedades que dan un escaso valor a la ley, se presenta una ruptura entre el gobierno y la ciudadanía, pues el primero se torna incapaz en hacer valer sus políticas, en medio del escepticismo de los gobernados.

Evidentemente, el primer requisito para que la ciudadanía valore la ley adecuadamente es que los gobernantes también lo hagan. A su vez, es definitivo que la labor legislativa y regulatoria se concentre en la producción de pocas leyes bien fundamentadas y razonadas, para preservar el valor intangible del respeto por la ley, que es el activo más importante de una democracia.

Son múltiples las razones por las que la ley se devalúa. Una causa frecuente es la politización de las propuestas o proyectos de los gobernantes de turno, quienes, al momento del diseño y la implementación de dichos proyectos o postulados, privilegian intereses políticos particulares, en perjuicio del interés general. A ello se suma la presencia de un sistema judicial débil, con limitada capacidad para enjuiciar a los políticos que desatienden sus funciones legales, y para hacer valer con fortaleza y rapidez los derechos de los ciudadanos afectados.

De otro lado, una causa de la pauperización de la ley es la ausencia de un sistema efectivo de accountability que permita hacer seguimiento transparente y sencillo de las propuestas de los funcionarios elegidos por voto popular y de los demás funcionarios del gobierno, de manera que verdaderamente se pueda hacer responsable a aquellos que incumplen sus promesas y propuestas y que se apartan de las metas trazadas. La necesidad de mayor transparencia y responsabilidad política se hace más inminente en los tiempos actuales en los que prolifera la divulgación de noticias falsas en las redes sociales, lo que colabora con el deterioro de la reputación de la ley.

La ley es el activo más valioso de la sociedad democrática y su devaluación implica la pérdida relativa de la legitimidad de las instituciones y de la capacidad de los gobiernos para poder gobernar. Es necesario construir una agenda trasversal para recuperar el valor de la ley en toda la sociedad.