Implementación de acuerdos: la visión de las víctimas en la región

 

Katerine Hernández Tirado

Docente investigadora de la Facultad de Derecho Universidad Pontificia Bolivariana seccional Montería

 

En el marco de los esfuerzos por desarrollar iniciativas que contribuyan a definir los términos de inserción de lo que se ha venido llamando “el posconflicto”, la seccional Montería de la Universidad Pontificia Bolivariana fue el escenario para que líderes, pobladores y campesinos aportaran propuestas, desde su experiencia y expectativas, para la construcción de discursos sobre la paz en Colombia y el éxito de las negociaciones y compromisos que serían necesarios.

 

La Corporación de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá (Cordupaz), el Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), ÁMBITO JURÍDICO y el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) organizaron el foro Implementación de acuerdos y construcción de paz, realizado en Montería, el pasado 20 de febrero.

 

Ante un auditorio de más de 200 personas, y con la participación de académicos reconocidos y estudiosos de los procesos sociales y de paz, se escucharon disertaciones, aclaraciones metodológicas y conceptuales. A la vez, los asistentes se estremecieron con los relatos que de viva voz presentaron las víctimas de distintos hechos de violencia y regiones, mientras se construían intentos de respuesta a las inquietudes que van quedando entre los campesinos líderes de comunidades afectadas por las acciones ilegales que ahora están siendo objeto de reparación por parte del Estado.

 

María Camila Moreno, directora en Colombia del ICTJ, presentó la justicia transicional desde la perspectiva territorial, ofreciendo, en un lenguaje claro y accesible para el público no experto, una explicación que, sin perder la rigurosidad de los conceptos, permitió entender las implicaciones del modelo de justicia que pretende resolver las múltiples problemáticas que se han generado tras las acciones violentas y las estrategias de apropiación de territorios, violaciones a los derechos humanos (DD HH) y empoderamiento que por diferentes vías lograron los grupos al margen de la ley.

 

La propuesta de Moreno en su disertación giro en torno a una idea innovadora: la construcción de paz no depende de lo que acuerden las partes en la mesa de la Habana, pues es una construcción desde y para la comunidad. Por consiguiente, el proceso es una oportunidad para el país, en donde los ciudadanos deben apropiarse de aquel y tener en cuenta que los acuerdos de paz son una garantía de no repetición.

 

En relación con la justicia transicional, aseveró que hablar de ella es definir mecanismos para hacer frente a la violación de los DD HH, y que es un proceso que debe hacerse aquí y ahora. Advirtió que existen crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad y que hacen que el contexto actual sea distinto. En torno al proceso que vive Colombia, agregó  que se hace necesario imaginar y concertar (si es necesario) mecanismos para que los máximos responsables rindan cuentas a las víctimas y sociedad en un proceso judicial.    

 

“La reparación no es girar un cheque, sino crear proyectos de vida”. Con esta asertiva afirmación, culminó la conferencia de María Camila Moreno.

 

Justicia transicional en Córdoba

El evento cambio de dinámica y se organizó en dos paneles. El primero, que abordó el diálogo sobre las posibilidades y alcance de la justicia transicional en Córdoba en el escenario del posconflicto, contó con la participación de Ángela Salazar, lideresa de Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP) Urabá; Beatriz Mesa, representante de Víctimas al Comité de Justicia Transicional; Liliana Cogollo, directora territorial de la Agencia Colombiana de Reintegración Córdoba, y Álvaro Villarraga, director de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

 

Ángela Salazar compartió su experiencia en el territorio, aseverando: “La verdad es importante, pero dolorosa”. Igualmente, manifestó que las víctimas tienen mucho que decir, pero que debe pensarse cómo se va expresar esa verdad. Aunque son importantes las versiones libres para la reconstrucción de la verdad, llamó la atención respecto de que “los entes territoriales no han entendido su papel en la construcción de la paz”. Su propuesta para abordar los procesos de construcción de paz parte de una certeza: “Es de vital importancia que los niños y jóvenes hablen sobre cómo viven el conflicto y que sean parte integrante de la construcción de la paz”.

 

En su opinión, la verdad desde diferentes sectores de la sociedad es fundamental para el éxito del proceso y los resultados positivos del mismo. Por eso, la comisión de la verdad se debe implementar como estrategia de un ¡basta ya!, pero esta debe ser paritaria, donde las mujeres tengan voz y poder de decisión frente a la construcción de otros modelos de convivencia, señaló.

 

Beatriz Mesa resaltó que es vital para el proceso la participación de las víctimas en los escenarios oficiales. Reconoció que, a la fecha, aún muchas de ellas tienen miedo a denunciar, además, señaló que los acuerdos de paz deben contemplar la mejoría de la infraestructura en muchas zonas del país, aunado a la intervención y empoderamiento ciudadano. “Los cambios deben enfocarse en la zona rural y donde se encuentra inmerso el conflicto. Es importante saber que cuando se reconocen mis derechos en los derechos de los demás, comienza la reconciliación”.

 

Álvaro Villarraga rememoró la historia del conflicto armado, contextualizando en cinco escenarios históricos los pactos de paz que se han alcanzado en medio de la confrontación (por ejemplo, en 1984, la paz se pactó con las Farc), y recordó cómo, a pesar de ellos, en tres regiones del país ha habido continuidad de la guerra por más de 60 años.

 

Con base en lo expuesto, se puede afirmar que la legitimación de los acuerdos de paz de la Habana descansa en la participación de la sociedad civil y es fundamental la socialización en los territorios sobre los diálogos de paz. Igualmente, es necesario recobrar la credibilidad, no solo de las víctimas, sino de la comunidad en general, y recordar que su tarea está encaminada a una intervención que permita la promoción de proyectos de desarrollo en los sectores olvidados y que es importante recuperar un Estado democrático libre en Córdoba.

 

En el mismo sentido, Liliana Cogollo afirmó que, en Colombia, se han asignado importantes recursos para la reintegración, pero debe existir un restablecimiento de la confianza entre la sociedad y las instituciones. Por consiguiente, en Córdoba, hay que recuperar la institucionalidad en el territorio.

 

Las conclusiones en torno al panel pueden resumirse en que no es suficiente el perdón, ya que debe estar acompañado de propuestas políticas concretas; el ejercicio ciudadano debe hacerse a partir de la información de lo que pasa en La Habana; la participación de la comunidad es fundamental en el actual proceso y se requieren propuestas concretas desde las regiones.

 

Posconflicto

El segundo panel, denominado La construcción de la paz territorial en las regiones en el escenario del postconflicto y acuerdos postnegociación, conto con la participación de Ricardo Esquivia, director de la Fundación Sembrando Paz de Sincelejo; Víctor Negrete, director de la Fundación del Sinú, y Germán Valencia Agudelo, profesor e investigador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

 

Negrete, como moderador, indujo a la disertación de los panelistas a partir de la pregunta ¿Están preparadas las regiones para algo tan trascendental como la paz? Esquivia respondió que la paz ha servido como excusa para todo, pero independientemente de que se firme o no los acuerdos de La Habana, hay que reconocer que este país está cambiando. Por eso, cree que es necesario aprovechar las oportunidades, en tanto la paz es algo tan serio que no puede dejarse solo en manos del Gobierno. Así, se deben recopilar las experiencias positivas en los territorios y ser vigías de la esperanza, encontrar las semillas de lo que funciona y cuidarlas.

 

Valencia manifestó que la paz no es un regalo que el Estado les da a sus ciudadanos, y que debe pensarse la desmovilización más allá de lo jurídico e incluir lo político, económico y colectivo en esa transición.

 

El auditorio manifestó la urgencia de que las propuestas de la paz se hagan desde las regiones e incluyan la participación de jóvenes, mujeres y líderes. “No existe paz sin justicia social, educación e infraestructura, gestión desde las regiones y compromisos ciudadanos”, anotó un asistente.

 

Al finalizar el evento, Negrete propuso, a manera de colofón, la necesidad de la unión de las comunidades en el desarrollo de iniciativas para la paz y, junto con ello, la sistematización y el seguimiento de estas propuestas para que sean conocidas y replicadas. Las asociaciones civiles deben crear acciones y alianzas mancomunadas con los agentes estatales y gremios empresariales, y pensar en estrategias desde las propuestas culturales del territorio, para realizar memoria, construcción y reconciliación, concluyó.