La Superintendencia de Sociedades se ajusta al siglo XXI

En los últimos 18 meses la Superintendencia de Sociedades ha liderado una ambiciosa agenda de modernización que busca poner a tono, no solamente a la entidad, sino también a la normatividad nacional con los cambios acelerados que impone la economía global.

El último portafolio de reformas data de mediados de los noventa, casi dos décadas atrás, y tenía como objetivo ajustar las normas y la supervisión societaria a la nueva Constitución Política. Desde ese entonces hasta la fecha, los cambios en el país han sido enormes. Por un lado el universo de supervisión ha cambiado en tamaño y número. De un sector real parroquial, de base industrial de finales del siglo XX, hemos pasado a una economía abierta, cada vez más integrada y diversificada en numerosos sectores nuevos y dinámicos. Para los que se olvidan, en términos de paridad de poder adquisitivo según cifras del Fondo Monetario Internacional, la economía nacional ocupa ya el lugar número 28 del mundo.

Por otro lado, durante este lapso de tiempo la Superintendencia de Sociedades se ha constituido como juez privativo de la insolvencia empresarial y como juez del conflicto societario, algo que se vislumbraba desde la expedición de la nueva Carta, pero que no fue considerado adecuadamente durante las reformas adelantadas en los años noventa.

Con la expedición de los decretos 1023 y 1024 del 18 de mayo del 2012, se fortalece la estructura de la Superintendencia de Sociedades creando dos nuevas delegaturas, la de Asuntos Económicos y Contables y la de Procedimientos Mercantiles, que ahora se encargará de procesos societarios y accesorios a la insolvencia, complementando de una manera adecuada el ciclo de supervisión. Así mismo, se profesionaliza la planta de personal, lo cual redundará en un mejor servicio para los usuarios.

En cuanto a reformas legales, la Superintendencia de Sociedades trabajó de la mano con la comisión redactora del Código General del Proceso y con los ponentes de la iniciativa, para introducir dos temas. El primero, relacionado con el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de entidades administrativas como la Superintendencia, que aclaran la normatividad y fijan un esquema de revisión judicial de las decisiones de estas entidades. El segundo, aún más importante, es la introducción de un régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, iniciativa visionaria del representante Simón Gaviria, que ahora permite, además de la reorganización del pasivo del deudor, la liquidación patrimonial del mismo.

En materia societaria la Superintendencia acompañó el debate sobre el proyecto de disolución y liquidación de sociedades, el cual fue amplísimamente socializado con la comunidad jurídica y empresarial y que representa un importante avance en la solución de los perennes conflictos societarios causados por situaciones de bloqueo.

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades ha coordinado los trabajos de la comisión de expertos que redactó el Proyecto de Ley 200/S sobre garantías mobiliarias, el cual crea un sistema integral de garantías basado en criterios funcionales, un moderno y sencillo registro de las mismas y un esquema de autoejecución que entierra paradigmas decimonónicos totalmente distantes de la costumbre comercial contemporánea.

Estos cambios ratifican el compromiso del gobierno nacional y particularmente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la consolidación de instituciones gubernamentales que le aseguren al país una adecuada inserción en la economía global.

Luis Guillermo Vélez Cabrera

Superintendente de Sociedades