Dura es la ley, pero es la ley

La ley no puede aplicarse al arbitrio de lo que conviene. La ley no es una camisa, cuya talla se ajusta según la necesidad del cliente; tampoco puede ser un capricho pasajero o una añoranza de deseos. La ley no es como el hielo, que sabe a lo que se le ponga; la ley tiene peso específico y consistencia propia. La ley no se acomoda o reajusta dependiendo de la coyuntura; la ley simplemente se aplica, sin importar si gusta o incomoda. El espíritu de la ley es orientar la conducta humana, para armonizar la vida en sociedad. La ley tiene como fin primero la consecución del bien común y la justicia, que se erigen como elementos determinantes para el sostenimiento de las sociedades democráticas.

Lo primero que aprende en la Facultad de Derecho un futuro abogado es que la ley debe operar independientemente de cualquier condicionamiento de orden moral o social y que, por más injusta y dura que parezca, su observancia garantiza el orden social y reivindica la existencia del Estado de derecho. En la medida en que se respeten las reglas de juego establecidas por la Constitución y la ley, tendremos una sociedad más civilizada y evolucionada. Algunas veces nos parece que la ley es inapropiada, pero se nos olvida que fue tramitada y expedida por un órgano legislativo elegido popularmente y al cual la Constitución encomendó tan sagrado deber.

Criticar y desdeñar de las decisiones judiciales que se saben ajustadas a Derecho pero que no parecen apropiadas -dependiendo del interés de cada quien- se ha vuelto una repelente costumbre, patrocinada en muchos casos por funcionarios, pese a que tienen el deber legal y moral de dar el ejemplo en el acatamiento de aquellas. Lamentablemente, Colombia es un país de ciudadanos con complejo de abogados: no hay familia colombiana que no tenga entre sus miembros a un abogado frustrado que cree saber de Derecho como el más avezado jurisconsulto. Sin tener el menor fundamento jurídico ni la formación adecuada, personas de todos los estratos sociales se empeñan en cuestionar las decisiones judiciales, sin saber que tal actitud socava la credibilidad de las instituciones.

Dos decisiones judiciales recientes tienen al país opinando sobre lo divino y lo humano: la eventual libertad del más despreciable y abominable criminal del que haya conocido la historia: Luis Alfredo Garavito, el violador y asesino de cientos de criaturas inocentes. Es indiscutible que Garavito es un verdadero monstruo, pero no por ello, como lo pide a gritos todo el mundo, se le puede desconocer su derecho a obtener la libertad, tal cual lo contempla la ley preexistente y mucho menos, como incluso me la han expresado señoras bien, llevarlo a la horca, a un linchamiento o la guillotina, para el deleite y la satisfacción de una sociedad que añora una justicia vindicativa y deshumanizada. La polémica se enciende también por cuenta de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar ilegales las pruebas contenidas en los computadores de Raúl Reyes. Es evidente que el recaudo de la prueba no cumplió con los formalismos dispuestos por la ley. Los miembros de las fuerzas militares que participaron en la operación Fenix no tenían atribuciones de policía judicial y tampoco estaban ejecutando esa actividad en virtud de una orden judicial. Cuando la recolección de pruebas se realiza en otro país, la labor se debe tramitar a través de los tratados de cooperación judicial existentes en este caso entre Colombia y Ecuador, cosa que tampoco se hizo. Por lo anterior se deduce que al no haberse protegido la cadena de custodia, la evidencia se contaminó y aceptarla como prueba constituiría un ataque inadmisible al debido proceso.

La ley, como cualquier obra humana, es imperfecta en muchos casos, pero ello no implica que se pueda desconocer. Todo lo contrario. Su observancia fortalece la democracia y de suyo los derechos de todos los seres humanos. Si la ley es injusta o simplemente no nos gusta, no es un problema del procesado o de los jueces; además, la Constitución señala distintos procedimientos para modificarla; pero en el entretanto debe aplicarse tal cual está consignada en el texto legal.

Cuando el Estado viola la ley y desconoce los derechos de quienes procesa, se vuelve más criminal que aquellos a los que persigue.

Abelardo De La Espriella

Abogado