El principal problema de la indebida aplicación de las normas de contratación estatal

Fredy A. Pautt Barcelo

Magíster y especialista en Contratación Estatal 

Especialista en Responsabilidad y Seguros

La no aplicación de manera debida de las normas de contratación estatal en Colombia ha traído como consecuencia el manejo ineficaz del erario y que los dineros públicos queden en manos de particulares, siendo este un tema con una amplia incidencia en muchos aspectos de la contratación estatal.

Indudablemente, al estudiar la contratación pública, es casi un requisito sine qua non analizar el espectro político que la enmarca, por lo que estos aspectos tienen una estrecha, directa e importante relación de funcionalidad y eficacia del desarrollo de la función estatal. Es menester resaltar que las relaciones y decisiones políticas actúan como un elemento base en la creación y el direccionamiento de la contratación pública, por lo que, cuando se presentan programas de gobierno con bases sólidas, respetando presupuestos y bajo un estricto marco de la ley, de ser seguidos de manera rígida, aumenta la probabilidad de evidenciar la ejecución de contrataciones públicas de manera eficiente.

Como un medio eficaz para evitar y prevenir que algunos pocos con intereses particulares mermen el correcto desarrollo de la contratación pública y para evitar que la contratación estatal se convierta en la caja menor para financiar campañas y grupos políticos, se han expedido normas para garantizar una igualdad de condiciones entre quienes deseen contratar con el Estado y también de evitar hacer un uso indebido del erario para intereses personales. Surgen a través de la ley y la Constitución Nacional disposiciones dirigidas a quienes desarrollan la función pública del Estado y a quienes pretenden vincularse con la administración pública y directrices para el buen desarrollo de las relaciones negociales entre el Estado y los particulares.

Estas figuras jurídicas ejercen una labor conjunta dentro de la contratación estatal y el régimen de los servidores públicos. La indebida aplicación de las normas en cuestión imposibilita el propósito común de garantizar y preservar la correcta y el debido desarrollo de los mismos, infringiendo los presupuestos legales y constitucionales, puesto que estas se promulgan con la finalidad de ser una barrera por el cual deben franquear quienes tengan interés de contratar con el objetivo de satisfacer el beneficio personal. Por ende, estas persiguen evitar que algunos pocos con intereses de particulares mermen la correcta y debida contratación pública. Así, surgen a través de la ley y la Constitución un régimen legal con principios, obligaciones y restricciones dirigido a quienes pretenden vincularse en la contratación pública y para quienes se encuentren en ejercicio de cargos públicos desarrollando la función pública del Estado.

En nuestro país, existe un sinnúmero de normas referidas a la contratación estatal y uno de los puntos principales que siempre se ha querido proteger es el erario. Hasta la fecha, se ha visto que la normativa no es suficiente, para evitar que las personas que tienen interés en enriquecerse patrimonialmente con los dineros del Estado a través de la contratación lo hagan. Es evidente y no es una suposición, es la realidad de todos los días en Colombia, quienes tienen la posibilidad de favorecerse a través de los contratos públicos, en muchas oportunidades lo hacen.

Y estos problemas tienen muchas causas. Para nombrar uno, citamos el costo de las campañas políticas: para nadie es un secreto que si se quiere llegar a ser elegido como concejal, alcalde, diputado, gobernador, representante a la Cámara, senador o Presidente, deben invertir sumas increíbles o, mejor, aterradoras, y está claro que ningún ser humano consciente de sus actos invierte para perder, así que una de las maneras de recuperar para sí y para los demás que apoyaron la campana es aplicando indebidamente o de manera irregular la contratación para beneficio propio. También lo son la falta del manejo ético de los recursos del Estado que desemboca en la corrupción voraz que nos aqueja y la falsa creencia de que estos son ilimitados, pensamiento de alto arraigo en quienes laboran en las entidades públicas llevándolos a ser laxos y permisivos en la aplicación de las normas o la aplicación indebida de las mismas.

Podemos concluir que en un país con un historial de corrupción e inadecuados manejos políticos como el colombiano, no basta simplemente con tener un buen y estructurado compendio normativo, puesto que la aplicación irregular de las normas de contratación pública trae como consecuencia el enquistamiento de la corrupción, como, por ejemplo, el uso indebido de las modalidades de selección es presupuesto de la ejecución de maniobras tendientes a adjudicar contratos de manera directa o favorecimiento de contratistas en específico en inobservancia de las normas establecidas y lo aleja de la finalidad de hacer más eficiente y transparente la contratación pública e impide la libre competencia en condiciones de igualdad.

Otra consecuencia es la concentración del dinero mediante el direccionamiento de los contratos del Estado a grupos económicos y políticos que fortalecen su poderío con recursos del Estado. Esto, como consecuencia, aumenta la brecha social, y la concentración del dinero y el poder en manos de unos pocos y en detrimento y menoscabo de los derechos de los demás, haciendo a los ricos más ricos y poderosos y a los pobres más pobres y marginados.

Es responsabilidad de los mecanismos de control, para velar por el buen desarrollo de la contratación pública, hacer exigible su aplicación en debida forma para que estas cumplan con las finalidades para las que fueron creadas, de lo contrario, estas estipulaciones normativas serían solo figuras sin funcionalidad. Por tanto, es una obligación ciudadana velar por la correcta aplicación de estas normas, como también lo es para el Estado mediante sus organismos de control hacer lo propio para así evitar el desangre al erario que aqueja tanto las arcas de nuestro país en beneficio de los grupos económicos y políticos que lo han manejado en los últimos años.