Directiva que reconoce y protege derecho a la protesta social y pacífica no vulnera derechos fundamentales
Niegan tutela a congresistas y hacen precisiones sobre otros mecanismos como el control de nulidad por inconstitucionalidad.
Niegan tutela a congresistas y hacen precisiones sobre otros mecanismos como el control de nulidad por inconstitucionalidad.
Se promueve la resocialización de las personas condenadas en Estados diferentes al de su nacionalidad.
La sentencia escrita es obligatoria para garantizar la transparencia y el derecho al debido proceso en el sistema judicial.
Para que una autoridad judicial declare que un recurso fue presentado de manera extemporánea deberá establecerse cuál fue la oportunidad que tuvo la persona privada de la libertad de acceder a las autoridades penitenciarias para presentar el recurso.
El fiscal general, Francisco Barbosa, firmó la Directiva 003, en su compromiso con la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo libre y democrático.
El caso Benedetti – Sarabia, la acusación contra Óscar Iván Zuluaga y la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres son algunos de los temas.
En un comunicado, el ente acusador señaló que esta investigación se inicia por los hechos informados sobre unos audios.
Para el accionante, la norma acusada vulnera el principio de igualdad respecto a los ciudadanos ordinarios procesados que no son capturados en situación de flagrancia.
El fiscal puede solicitar una medida de aseguramiento en contra del agresor de violencia intrafamiliar cuando el indiciado constituya un peligro para la víctima.
El Fiscal General dio a conocer los hallazgos en la inspección realizada a la Casa de Nariño, precisando que el caso Sarabia es un hurto y no un tema de seguridad nacional.
El dinero estaba destinadas a reparar a las víctimas de un delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
El propietario que buscaba restablecer la situación de hecho al estado anterior a la pérdida de la posesión sobre la finca debió solicitar el amparo policivo: Corte Suprema.
El nuevo magistrado cuenta con una trayectoria de más de 35 años de experiencia en el litigio profesional, combinados con el ejercicio académico, de asesoría y la defensoría pública.