La Sala coincide con lo manifestado por la Procuradora y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cuanto que el razonamiento no fue suficiente.

El principio de especificidad se traduce en que las partes del contrato establezcan los criterios que servirán para que, en un momento determinado, puedan concretarse las obligaciones cubiertas por el gravamen.

De acuerdo con el actor, la norma acusada viola el derecho al debido proceso, a la justicia y trasgrede el principio de independencia e imparcialidad judicial.

De acuerdo con el actor, la norma es discriminatoria porque entiende por compañero o compañera permanente a la persona de sexo diferente que haya hecho vida marital con el funcionario durante un lapso no inferior a dos años.

Pertenencia denegada por ausencia de término prescriptivo no impide que se invoque nuevamente el lapso reconocido en un trámite posterior.

Se presenta inobservancia de reglas técnicas en la casación cuando en el reparo no se expuso la forma en que el juzgador tergiversó, cercenó, supuso o pretermitió las pruebas.

De acuerdo con el actor, la norma en controversia es contraria a los artículos 14 y 96 de la Constitución Política.

Los demandantes presentaron un cargo único sobre la norma cuestionada por la supuesta omisión legislativa relativa, por violación del principio de igualdad en el marco de las relaciones familiares y la prohibición de discriminación por razones de origen familiar.

Corte Suprema resaltó que para comprobar la constitución de una sociedad de hecho entre concubinos el trabajo doméstico es considerado aporte.

La Corte Suprema revisó una decisión con perspectiva de género y anuló las capitulaciones.