Sancionan a exfiscal por recibir dinero a cambio de declarar como beneficiario de Justicia y Paz a un narcotraficante

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial declaró disciplinariamente responsable a una exfiscal delegada, adscrita a la Dirección Nacional de Justicia Transicional, y la sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, lo cual implica la terminación de su relación con la administración y la imposibilidad de ejercer cualquier función pública durante dicho término, con la correspondiente exclusión del escalafón o carrera.

Según el alto tribunal, la cuestionada incurrió en la comisión de la falta disciplinaria gravísima prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, por haber cometido el delito de cohecho propio, en los términos del artículo 405 del Código Penal (Ley 599 del 2000), a título de dolo, con ocasión al ejercicio del cargo que desempeñaba en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2017.

De acuerdo con el material probatorio, la exfiscal recibió dineros a cambio de llevar a cabo actos contrarios a sus deberes oficiales, específicamente imputar a una persona como beneficiaria de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2007), a pesar de ser narcotraficante. La aceptación de sobornos y las promesas de manipulación de casos judiciales para favorecer a ciertos individuos indican una comprensión clara de la ilicitud de la conducta, lo cual acentúa la gravedad, de manera que no se trata de errores inadvertidos, sino de decisiones conscientes y deliberadas, indicó esa corporación.

De otra parte, agregó, aceptar y exigir remuneraciones atendiendo promesas de su gestión para el postulado y distorsionar la administración de justicia conlleva un grave daño social, que se manifiesta en la erosión de la confianza pública en el sistema judicial y en la deslegitimación de la autoridad del Estado, lo cual socava los cimientos de la sociedad, generando un ambiente de impunidad, pues la pérdida de confianza en el sistema judicial resulta en una falta de respeto por la ley y contribuye al deterioro del orden social.

Y es que la naturaleza de la prestación del servicio de justicia, la jerarquía inherente al cargo de fiscal y la responsabilidad de cumplir con deberes y abstenerse de prohibiciones son factores cruciales que se deben tener en cuenta, además de la formación y trayectoria de la enjuiciada, así como su conocimiento de la normativa que rige su comportamiento, esto hace que su responsabilidad disciplinaria sea aún más significativa (M.P. Julio Andrés Sampedro Arrubla).

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