Destitución e inhabilidad por 18 años, sanción a una jueza por favorecer al empresario Carlos Mattos en caso Hyundai

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ratificó la sentencia de la seccional Bogotá relacionada con la destitución e inhabilidad general por 18 años contra una jueza por incurrir con dolo en actos de corrupción judicial, lo cual es considerado como una falta gravísima, al recibir $ 30 millones con el fin de favorecer al empresario Carlos Mattos en un proceso contra Global Car World SAS, por la importación de vehículos y repuestos de la marca Hyundai.

De acuerdo con los hechos que originaron la decisión, la exfuncionaria recibió dineros para que expidiera medidas cautelares contra la firma Global Car World S.A.S y, de esta manera, impedir la importación de repuestos y vehículos de la marca Hyundai o utilizar los signos distintivos de la marca y de propiedad industrial, favoreciendo de esta manera al empresario Carlos Mattos, conocido por comercializar esta clase de automotores en el país. (Lea: Destituyen e inhabilitan por 15 años a juez que recibió indebidamente dineros en caso Hyundai).

El alto tribunal recordó que las medidas cautelares fueron emitidas en 2016 y la exfuncionaria recibió el dinero de parte de Carlos José Mattos a mediados de ese año, como ella misma lo aceptó en audiencia de imputación de cargos. Fue condenada en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia en 2020 por el delito de cohecho impropio a 20 meses de prisión, multa equivalente a 22.41 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 40 meses.

Así mismo, indicó, la cuestionada, con su comportamiento, faltó a la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones, más teniendo en cuenta que su función era la de administrar justicia, la cual se constituía en uno de los propósitos del Estado, siendo censurable que la disciplinable con tantos años de servicio en la Rama Judicial y su amplia formación hubiese procedido de la forma como lo hizo, resaltó.

Por último, agregó, hubo dolo por parte de la exfuncionaria, por cuanto se demostró que su proceder fue consciente, voluntario y con pleno conocimiento, de manera que omitió los mandatos constitucional, legal y reglamentario que regulan el ejercicio de las funciones jurisdiccionales a su cargo, mucho más cuando recibió dinero del empresario Mattos para favorecerlo en un conflicto judicial (M.P. Alfonso Cajiao Cabrera).

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