Hay 2.479 cupos para que mujeres que pagan su condena puedan beneficiarse con la Ley de Utilidad Pública

El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, informó que se encuentran disponibles 2.479 cupos para que mujeres cabeza de hogar condenadas por delitos relacionados con estupefacientes o hurto y cuya condena no supere los ocho años puedan solicitar una pena sustitutiva. Esta medida les permitiría cumplir su sentencia realizando servicios comunitarios, según lo establecido en la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 del 2023).

Durante un conversatorio en la Universidad de Antioquia, se destacaron los avances en la implementación de esta ley. Sandra Milena Agudelo, la primera mujer de Antioquia en beneficiarse de esta medida, compartió su experiencia, mientras que la jueza Mónica Londoño y expertos internacionales resaltaron la importancia de este enfoque restaurativo. Este tipo de políticas busca no solo la reintegración social de las mujeres, sino también su acercamiento familiar y la posibilidad de construir un futuro mejor. (Lea: Utilidad pública)

El viceministro Umaña subrayó que este proceso ha representado un desafío para el país, ya que implica un cambio significativo hacia una justicia más restaurativa y menos punitiva. Hasta el momento, se han otorgado 73 decisiones favorables y más de 2.000 solicitudes están pendientes de resolución. Se destacó que Antioquia lidera en la implementación de la medida, con 18 mujeres ya beneficiadas y un 0 % de reincidencia entre ellas.

Además, se informó que dos mujeres en Armenia y Barbosa ya han cumplido la totalidad de sus penas a través de servicios comunitarios.

Por su parte, el coordinador la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICAD-OEA, Eduardo Tisnés, expresó que el verdadero éxito de la ley no se mide en cifras, sino en las transformaciones individuales que permite, como la reintegración familiar y el acceso a nuevas oportunidades de vida para las mujeres beneficiadas.

Así mismo, durante el evento se resaltó que la ley de utilidad pública ha sido reconocida por organismos internacionales como una herramienta eficaz para la dignificación de las mujeres y la reducción del hacinamiento carcelario. La jueza Mónica Londoño explicó que cada caso es evaluado cuidadosamente para asegurar que se cumplen los requisitos, lo que ha permitido humanizar la aplicación de la ley y lograr la restauración de familias.

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