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Nuevo decreto regula el uso de la fuerza policial

08 de Octubre de 2024

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EXTRA: Suspenden provisionalmente el decreto de asistencia militar expedido durante el paro nacional (Reuters)

El Ministerio de Defensa expidió un decreto que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional con el objetivo de fortalecer el respeto a los derechos humanos y garantizar que las acciones se realicen de manera proporcional y diferenciada. La normativa busca establecer un equilibrio entre la seguridad pública y la protección de las libertades individuales.

En primer lugar, la norma se fundamenta en varios artículos de la Constitución que consagran el debido proceso y la presunción de inocencia. Además, se destaca la obligación de las autoridades de respetar y promover los derechos humanos, incluso en situaciones de excepción. Este enfoque resalta la importancia de actuar conforme a los principios de solidaridad social y convivencia pacífica. (Lea: Exhortan a Gobierno y Congreso a proteger a la mujer que presta servicio militar voluntario y queda embarazada)

Asimismo, se establecen responsabilidades claras para los superiores jerárquicos en la Policía Nacional, pues deben planificar, supervisar y evaluar el desempeño del personal uniformado, asegurando que se cumplan las disposiciones sobre el uso de la fuerza. De esta manera, se busca fomentar una cultura de mejora continua y rendición de cuentas dentro de la institución.

Por otro lado, se enfatiza que los funcionarios policiales no están obligados a obedecer órdenes ilícitas. Esto es crucial para evitar abusos y garantizar que cada agente actúe de acuerdo con la ley y los derechos humanos. La normativa también establece que cualquier uso de la fuerza debe ser documentado y justificado, promoviendo así la transparencia en las operaciones policiales.

Además, el decreto responde a recomendaciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han instado a los Estados a regular el uso de la fuerza de manera acorde con los estándares internacionales. Este compromiso con la comunidad internacional refuerza la intención del Gobierno colombiano de mejorar la situación de derechos humanos en el país.

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