Regla fiscal exige nuevas estrategias para su cumplimiento en 2024 y 2025: Carf

El Gobierno nacional enfrenta en 2024 un déficit presupuestal significativo de $ 74,1 billones, equivalente al 4,3 % del PIB, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Esta situación surge debido a menores ingresos proyectados en comparación con lo previsto en el plan general de inversiones (PGN) aprobado en 2023. Aunque ciertos factores económicos, petroleros y transacciones extraordinarias explican parcialmente la caída, el ajuste requerido para cumplir la regla fiscal asciende a $ 56,2 billones, lo que representa un desafío importante para el manejo del gasto público.

En respuesta, el Ejecutivo adaptó medidas como decretos de aplazamiento, ajustes en el plan mensualizado de caja (PAC) y nuevos recortes presupuestales. Estas acciones permitirán reducir el gasto en $ 25 billones, pero aún se necesitan $ 31 billones adicionales para alcanzar las metas fiscales. Entre septiembre y diciembre del 2024, el Gobierno deberá restringir el gasto mensual promedio a $ 15,9 billones, muy por debajo del promedio mensual de $ 26,5 billones observado en los primeros 10 meses del año. (Lea: Entretenimiento y agro impulsaron la economía en el tercer trimestre del 2024: Fenalco)

Sin embargo, el ajuste fiscal enfrenta restricciones significativas debido a la inflexibilidad estructural del gasto público. Entre 2019 y 2023, el 83,6 % del presupuesto fue rígido, con compromisos que incluyen pensiones, intereses de deuda, subsidios energéticos y gastos en salud. Estas limitaciones se han intensificado con el aumento de la inflación y el crecimiento del salario mínimo, incrementando los riesgos de incumplimiento de la regla fiscal en 2024.

Según el Carf, a agosto del 2024, el déficit primario ya excedía la meta de 0,9 % del PIB, lo que exige generar superávits en los últimos meses del año para cumplir con las metas fiscales. Además, la caja de la tesorería muestra saldos por debajo de los promedios históricos, lo que presiona aún más las finanzas públicas. El rezago en la ejecución presupuestal del 2024 también podría trasladar presiones adicionales al presupuesto del 2025.

Para el próximo año, las proyecciones del Carf advierten riesgos significativos en los ingresos programados. Se estima un posible menor recaudo de $ 33,3 billones debido a factores como la falta de aprobación de la ley de financiamiento, una menor base de recaudo en 2024 y limitaciones en la gestión tributaria. Este panorama obligaría a realizar un ajuste de gasto de $ 39,1 billones para cumplir con la regla fiscal en 2025.

El Carf subraya la necesidad de implementar medidas estructurales que permitan consolidar un ajuste fiscal sostenido y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para ello, el plan financiero del 2025 deberá incluir metas de ingresos realistas y alineadas con los compromisos de gasto. De no adoptarse estas medidas, podrían aumentar los riesgos financieros, impactando la prima de riesgo, la tasa de cambio y el costo de la deuda del país.

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