Banrepública advierte sobre el impacto fiscal de la reforma al SGP

El proyecto de acto legislativo recientemente aprobado en penúltimo debate tiene como principal objetivo aumentar los recursos destinados a las regiones a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Esta reforma busca garantizar un crecimiento gradual de las transferencias a los territorios, permitiendo que en 12 años, a partir del 2027, las transferencias representen el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación (ICN).

Históricamente, el SGP ha sido un pilar clave para la financiación de los servicios en los territorios, con un origen en la Constitución de 1991. Desde entonces, ha sido modificado en varias ocasiones, particularmente con el Acto Legislativo 1 del 2001 y el Acto Legislativo 4 del 2007. Estos cambios han permitido que las transferencias a los territorios aumenten, priorizando áreas como la educación y la salud, así como programas de inversión que fomenten el desarrollo regional. Con el nuevo proyecto se plantea un aumento progresivo de las transferencias, lo que podría impactar significativamente las finanzas públicas del país. (Lea: Aprobada en penúltimo debate reforma al Sistema General de Participaciones)

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto de acto legislativo es el impacto fiscal que tendría sobre las finanzas nacionales. Según estudios preliminares, realizados por el Banco de la República, si el gasto del Gobierno no se ajusta debido a la reasignación de competencias, el aumento de las transferencias a las regiones provocaría un aumento considerable en el déficit fiscal, estimado en 4,7 % del PIB para 2038. Esto contrasta con las proyecciones de un escenario sin reforma, donde el déficit se situaría en 2,8 % del PIB. Asimismo, la deuda neta del país podría alcanzar el 64,6 % del PIB, lo que supondría un desafío para el cumplimiento de las metas fiscales establecidas.

El análisis de los posibles efectos económicos del aumento en las transferencias del SGP también señala consecuencias sobre otras variables macroeconómicas, como la prima de riesgo, la tasa de cambio y la actividad económica en general. Utilizando un modelo de equilibrio general, los expertos han estimado que el financiamiento de este aumento en el gasto público a través de un mayor endeudamiento incrementaría la percepción de riesgo del país. Como resultado, se podría generar una caída en el consumo de los hogares y una mayor depreciación del peso, lo cual afectaría negativamente la inversión privada y, en última instancia, el crecimiento del producto interno bruto (PIB).

A pesar de que la reforma tiene como fin fortalecer la autonomía de las regiones, también plantea retos significativos para la economía nacional, dice el Emisor. Los resultados de este estudio, aunque preliminares, muestran que el aumento del gasto público no sería suficiente para compensar la contracción de la demanda interna privada derivada de las condiciones financieras más estrictas. Esto podría generar una desaceleración en el crecimiento económico, lo cual afectaría tanto a las regiones como a los sectores productivos del país.

Es importante señalar que los efectos del aumento de las transferencias a las regiones no se limitan únicamente a los cambios fiscales y económicos a nivel nacional. La reforma también implica la transferencia de competencias a los municipios y departamentos, lo que podría generar un ajuste en los recursos destinados a la administración pública en estos niveles. Sin embargo, siempre según el Banco, este aspecto aún no ha sido completamente analizado, lo que sugiere que las implicaciones de la reforma podrían ser aún más amplias de lo que los análisis iniciales han contemplado.

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