Gobierno priorizará sostenibilidad fiscal en el presupuesto del 2025

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, destacó el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el presupuesto presentado para 2025. Este presupuesto cumple con la regla fiscal y los compromisos legales del Estado, a pesar de las restricciones macroeconómicas y fiscales. Aseguró que, a pesar de estas limitaciones, se garantizará un mínimo de recursos que permitirán avanzar hacia la justicia social y la protección de la vida, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

El presupuesto incluye $ 12 billones adicionales, autorizados por el artículo 347 de la Constitución, los cuales serán obtenidos a través de una ley de financiamiento. Estos recursos son fundamentales para cubrir inversiones estratégicas que, de lo contrario, estarían desfinanciadas debido a la alta rigidez en la programación presupuestal. Las presiones fiscales actuales se deben, en parte, a compromisos adquiridos por gobiernos anteriores, como la deuda con el FMI, el Fondo de estabilización de precios de los combustibles y las deudas relacionadas con la pandemia. (Lea: Este es el decreto que recortará $ 20 billones al presupuesto general)

La deuda pública se ha incrementado de manera significativa, pasando del 48,4 % del PIB en 2019 al 57,9 % en 2022. Para 2025, el servicio de la deuda alcanzará una cifra histórica de $ 112,6 billones, lo que representa más de nueve veces el valor proyectado en la ley de financiamiento y un monto superior al presupuesto de inversión del próximo año. Esta realidad ha llevado a que el Gobierno realice esfuerzos para priorizar el gasto en los sectores más vulnerables.

En este contexto, la inversión pública para 2025 se concentrará en sectores estratégicos como agricultura, salud, educación, inclusión y vivienda. López Maya subrayó que estas asignaciones se dirigen a garantizar derechos fundamentales como la alimentación, el acceso a la educación y servicios esenciales para los ciudadanos más vulnerables, buscando cerrar las brechas sociales y promover la paz.

Finalmente, el director del DNP enfatizó que reducir la inversión iría en contra del mandato constitucional que prioriza el gasto social. Además, estas decisiones afectarían a las poblaciones más vulnerables, poniendo en riesgo las transformaciones sociales y productivas que el país necesita para alcanzar el desarrollo y convertirse en una "potencia de la vida".

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Paute en Ámbito Jurídico. 

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