Comunidad Andina respalda a Colombia en uso de licencia obligatoria para medicamento contra el VIH

La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) respaldó a Colombia en su decisión de otorgar una licencia obligatoria para la producción y distribución del medicamento genérico dolutegravir. Esta medida busca garantizar el acceso a tratamiento contra el VIH para poblaciones priorizadas, como migrantes venezolanos, personas recién diagnosticadas, aquellas con falla virológica y quienes requieren profilaxis postexposición. La decisión de la SGCAN se dio luego de que los titulares de la patente del medicamento interpusieran un reclamo, alegando que Colombia incumplía los compromisos ante la Comunidad Andina (CAN).

El dolutegravir es un retroviral esencial en el tratamiento del VIH y, al conceder la licencia, el Gobierno colombiano busca controlar el aumento de nuevos casos de VIH y mejorar el acceso de los afectados al medicamento. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le otorgó al Ministerio de Salud y Protección Social la autorización para importar y producir el medicamento genérico a bajo costo, lo que permitirá ofrecerlo a un segmento de la población vulnerable. La licencia no comercial de uso gubernamental fue concedida el pasado 23 de abril. (Lea: Buscan fortalecer prevención y atención de infecciones por transmisión sexual).

Según los términos de la licencia, los titulares de la patente recibirán una compensación de $ 0,11 por cada miligramo de dolutegravir utilizado. Esto implica que el costo del medicamento genérico será significativamente más bajo que el de la versión de marca, cuyo precio puede llegar a ser 30 veces superior. Mientras que el dolutegravir genérico de 50 mg por 30 tabletas costará aproximadamente $ 15.000, el medicamento de marca se vende por unos $ 450.000.

A pesar de la medida tomada por la SIC, los titulares de la patente presentaron un reclamo ante la SGCAN, argumentando que la concesión de la licencia obligatoria violaba el artículo 65 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. En particular, señalaron que la resolución no especificaba los plazos para la implementación de la medida, lo que generaba incertidumbre sobre su duración.

Sin embargo, la SGCAN resolvió que Colombia no había violado los compromisos asumidos en el marco del ordenamiento jurídico andino. La resolución indicó que, dado el contexto de salud pública y las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión de la licencia, no es posible determinar de manera anticipada la duración de la medida. La decisión dependerá del impacto del tratamiento en las poblaciones priorizadas.

El dictamen de la SGCAN respalda el esfuerzo del Gobierno colombiano por ampliar el acceso al tratamiento contra el VIH y hacer frente al aumento de nuevos casos. Según las estadísticas, en 2022 se registraron 9.389 nuevos casos de VIH en el país, lo que subraya la urgencia de implementar medidas para contener la propagación del virus.

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