Tres candidatos presidenciales frente a la Misión de Empleo
12 de Mayo de 2022
Carlos Arturo Barco Alzate
Socio de Álvarez Liévano Laserna
¿Qué tan sintonizadas y útiles se muestran las propuestas laborales y pensionales de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo respecto de las recomendaciones de la Misión de Empleo? Aquí un breve análisis de lo que recomiendan los técnicos versus lo que proponen los políticos.
Lo que dijo la Misión de Empleo 2021
El resumen de la Misión de Empleo 2020-2021 convocada por el Gobierno Nacional, literalmente, es contundente: el mercado laboral “obstaculiza el camino hacia una sociedad más prospera e incluyente”, lo que se refleja en una precarización de los trabajadores, en un “desempleo persistentemente alto” y programas de capacitación de poca eficacia. Además, la Misión explica que nada del complejo y desalentador panorama actual es producto de una sola política o gobierno, sino de un cúmulo de regulaciones y reformas aisladas, inconexas, incoherentes, precarias y desconectadas de las particularidades del mercado laboral colombiano.
Ahora bien, los principales retos que encontró la Misión giran en torno a cinco grandes temas: (i) un salario mínimo demasiado alto y una deficiente formación técnica que impacta negativamente la formalidad, (ii) una discriminación estructural frente a la mujer fundada en paradigmas culturales, (iii) la competencia malsana entre regímenes pensionales y mecanismos de protección, (iv) un sistema de salud que castiga la formalidad y premia la informalidad y (v) la debilidad institucional en materia de administración de justicia laboral.
Lo que propone Gustavo Petro
Lo primero que sobresale en su propuesta laboral es, nada menos, una rimbombante política de salarios mínimos altos y “empleo garantizado” en el sector oficial a falta de plazas suficientes en el sector privado.
Estas dos propuestas están fundadas en la necesidad de “defender” el salario mínimo como mecanismo que “cumpla con los mandatos constitucionales en el marco de derechos sociales propios de un Estado social de derecho, incluyendo el derecho fundamental al ingreso mínimo vital”, y en el nuevo “pacto social”, que permitirá emplear a todos los colombianos subsidiariamente en el Estado.
Sin rodeos, esto lo que significa es que se aumentará exponencialmente la burocracia del Estado y el costo de funcionamiento del mismo, sin aparentemente una planeación fiscal muy clara. Ello, sin contar con el impacto que supone mantener un salario mínimo alto, lo cual, además, va en contravía de lo que recomienda la Misión de Empleo.
Las demás propuestas, en general, se ocupan tangencialmente de mencionar la necesidad de reducir la brecha salarial y del acceso al mercado de trabajo de las mujeres mediante políticas públicas de igualdad, así como la priorización del “aumento de la capacidad” de las pequeñas y medianas empresas, lo cual –dicho sea de paso– no pareciera coherente con la intención de conservar altos costos asociados a la formalidad.
Finalmente, en el tema pensional, propone la implementación y el fortalecimiento de un “sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario no competitivo”, bajo el supuesto de la pensión como una “garantía estatal colectiva basada en la solidaridad social y no en la apropiación privada de beneficios en detrimento de los ahorros de todos los colombianos”. Esto supone regresar al modelo de distribución con recursos públicos que afectó gravemente las finanzas del Estado durante la segunda mitad del siglo XX y que fue una fuente inagotable de corrupción administrativa.
Federico Gutiérrez
El candidato Federico Gutiérrez reconoce que se “requiere una rápida normalización de las actividades productivas” y estimular la formalización, mejorar la productividad de las empresas y crear nuevos emprendimientos. Pone en el centro de su propuesta la “creación de empresas” como base de la economía y el empleo, lo cual podrá reducir la pobreza de manera permanente y sostenible.
En concreto, propone una “tasa progresiva en pago de salud” según ingresos y “habilitar esquemas de contratación adecuados a las características laborales de cada sector”. Es el único que reconoce que la legislación laboral contenida en el Código Sustantivo del Trabajo está anquilosada y “no refleja la estructura actual del mercado laboral”. También pone énfasis en una “financiación alternativa” de los aportes parafiscales para disminuir los costos laborales y en la necesidad de “mejorar la empleabilidad” de los jóvenes con la ampliación de la cobertura de programas estatales como Jóvenes en Acción. Finalmente, insiste en fortalecer la educación técnica y tecnológica para adecuar mejor la fuerza de trabajo a las necesidades de los sectores económicos.
En el plano pensional, la propuesta de Gutiérrez gira en torno a fortalecer Colpensiones “como un Fondo” y transformar los Beneficios Económicos Periódicos en un régimen “semi-contributivo”, lo que conduce –aunque sin decirlo expresamente– a privilegiar un sistema pensional de capitalización individual y agotar progresivamente la financiación pública de las pensiones.
Este modelo de país se muestra sintonizado con lo que históricamente han promovido los gremios y los sectores empresariales, priorizando el conocimiento técnico del manejo de la economía. Sin embargo, no necesariamente resuelve problemas sociales urgentes y de inmediata atención, como la precarización del empleo y el debilitamiento del poder adquisitivo de los trabajadores.
Sergio Fajardo
En el plano del empleo, este candidato se inclina por la formalización de las pequeñas y medianas empresas, permitiendo acceso a créditos blandos, capacitación y emprendimiento, así como financiación de proyectos productivos. Ratifica la importancia de fortalecer la formación técnica para el trabajo y mejorar la coordinación entre lo que necesita el sector privado y la “oferta formativa”. Propone convertir el Servicio Público de Empleo en una gran agencia pública de empleabilidad.
En materia de “ingreso básico” y reforma pensional, Fajardo propone el fortalecimiento de las transferencias monetarias condicionadas, como el programa Ingreso Solidario y Colombia Mayor, así como robustecer al Estado empleador y la creación de empleo a través de proyectos públicos. Defiende abiertamente un auténtico sistema pensional de pilares, mediante la cotización obligatoria a un fondo público por los dos primeros salarios mínimos y a un fondo privado en el exceso, lo cual ha sido recomendado por organismos internacionales como el mecanismo que mejor concilia la sostenibilidad fiscal y el derecho a la pensión.
Finalmente, reconoce la informalidad laboral como el mayor problema del mercado laboral del país y propone genéricamente “trabajar” con los empresarios para identificar sobrecostos cuya eliminación permita aumentar la contratación formal.
Conclusiones
Si bien las propuestas de los candidatos analizados tienen elementos identitarios, caen en lugares comunes. La gran mayoría de las aspiraciones son debates que ya han tenido espacio en la agenda pública y se han implementado de forma inconexa y fragmentada, lo que exactamente critica la Misión de Empleo. Tampoco se les exige una solución mágica, ni sacada del sombrero, es cierto, pero no pareciera haber soluciones estructurales como las reclama la Misión.
De hecho, de los problemas estructurales del mercado de trabajo que diagnosticó la Misión de Empleo, solo Gustavo Petro hizo mención expresa al salario mínimo (pero en contra de lo recomendado por los técnicos) y a las políticas públicas de equidad de género y no discriminación (sobre lo ya existente), mientras que Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo pusieron énfasis en la formalización de Pymes, el fortalecimiento de la formación técnica y el apalancamiento del sector productivo como mecanismo en contra de la informalidad laboral, pero sin mucho detalle respecto de la precariedad laboral que existe en la actualidad y que tal modelo ha generado en el pasado. Y los tres candidatos analizados, finalmente, rehuyeron al impacto de la debilidad de la administración de justicia en los asuntos laborales.
El único elemento que desarrollaron con mayor o menor detalle fue el asunto pensional, del cual, en todo caso, tal vez solo la propuesta de Fajardo –irónicamente la menos robusta de las tres– verdaderamente reflejó mejor la preocupación de la Misión sobre este particular.
En suma, aunque los tres aspirantes a la Presidencia de la República tienen importantes reflexiones y diversos aportes al debate público en materia laboral y pensional, lo cierto es que, al menos preliminarmente, siguen vigentes las angustias que la misma Misión de Empleo esbozó: un cúmulo de reformas aisladas, inconexas, fragmentarias y poco contundentes. Es decir, más paños de agua tibia.
Opina, Comenta