Unidad nacional por el trabajo decente y la protección social: el camino a la reactivación pospandemia

Juan Carlos Cortés González

Exviceprocurador general de la Nación

Exviceministro de Empleo y Pensiones

Experto en temas de seguridad social

 

El covid-19 develó las fortalezas y las debilidades de las sociedades, sometiéndolas a prueba frente a la sobrevivencia individual y a la sostenibilidad de la democracia.

 

Hemos asimilado grandes capacidades de resiliencia, solidaridad y valor, a la vez que evidenciamos problemas con los que convivimos cotidianamente sin mayor alarma. Reconocimos que alrededor del 60 % de los trabajadores son informales, mientras que, en materia de salud, visualizamos la insuficiencia de la red de servicios clínicos. Ciudades sin unidades de cuidados intensivos o deudas billonarias acumuladas a las instituciones hospitalarias y salarios no pagados a médicos y personal asistencial dejaron de ser cifras, para convertirse en alertas urgentes, a las que nos ha tocado reaccionar en medio de la emergencia sanitaria.

 

Para enfrentar la pandemia, se expidieron medidas bajo el estado constitucional de emergencia, orientadas a generar mayor flujo de recursos al sector salud, dotar de elementos de protección personal a sus trabajadores, reconocerles prima especial, fortalecer la infraestructura hospitalaria y, en general, para reaccionar frente al avance del contagio y mitigar sus efectos.

 

En paralelo, se adoptaron decisiones restrictivas a las libertades individuales para controlar la expansión del virus, las cuales han generado efectos considerables frente a la estructura productiva y de servicios, con la consecuente afectación a empresas y trabajadores. Estos han tenido que asumir condiciones nuevas de trabajo en casa, periodos de vacaciones no deseados, suspensiones de los contratos y terminaciones laborales, en tanto los trabajadores informales también han afrontado pérdidas considerables de ingresos.

 

Acciones estatales

 

El Estado ha reaccionado a través del reconocimiento de prestaciones con las que se busca suplir temporalmente esa reducción o falta de ingresos, en frentes como el mecanismo de protección al cesante, la flexibilización y el programa de apoyo para el pago de la de prima de servicios, el auxilio económico a la población cesante, el programa de apoyo al empleo formal, la disminución de los aportes a pensiones al 3 % del ingreso base de cotización (IBC) y el programa de ingreso solidario, entre otros.

 

En abril, se contrajo la generación de empleo formal. La cifra de desempleo nacional en mayo superó el 21 %, con 4,9 millones de personas ocupadas menos y una población inactiva de 17,8 millones de personas, 3,3 millones más que en el mismo mes del año anterior.  En el sistema de pensiones se presentó una caída en los ingresos por cotizaciones que superó el billón de pesos, habiéndose acogido a la reducción de aportes el 64,8 % de los aportantes empresas y el 47,1 % de los independientes. Según Fenalco, la situación de caja del comercio mostró que uno de cada tres comerciantes no tuvo recursos para pagar sus nóminas, y el 38 % del comercio anunció cierres o la incorporación a procesos de insolvencia.

 

En mayo, las ramas de actividad económica que más soportaron el impacto de la crisis fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana. El único renglón que presentó crecimiento fue el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos con 28,2 %, mientras que las ramas que más cayeron fueron las relacionadas con actividades inmobiliarias, con 32,4 %; actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con el 30,1 %, e industrias manufactureras, con el 27,2%.

 

Conforme lo señalan estudios de los operadores de información sobre la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), en mayo de este año el 37,7% de las relaciones laborales dependientes presentaron novedad de suspensión del contrato y el 8,3% registraron novedad de vacaciones.

 

Desempleo

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) estima que, en caso de una segunda oleada de la pandemia, Colombia podría registrar una tasa de desempleo aproximada del 32 %, siendo el país miembro que sufriría el mayor descalabro.

No hemos superado los efectos del covid-19, en tanto nos corresponde enfrentar el reto de la saturación de los servicios de salud y la insuficiencia de medios para la atención de pacientes, pero es preciso desde ya avanzar en la construcción de soluciones para reactivar el aparato productivo y, principalmente, superar la conmoción social y económica provocada por la pandemia, que generará mayor desigualdad y pobreza de las que ya padecíamos.

 

Es oportuno identificar nuevos esquemas que generen alivios a los empleadores capaces de conservar empleo, tales como la facilidad de descuento tributario por pagos salariales y de seguridad social. También se requiere avanzar en la unificación de programas sociales, para permitir la universalización de prestaciones bajo el esquema de una renta básica o de un salario solidario que beneficie a trabajadores de menores ingresos, con el cual se controle el crecimiento de la informalidad laboral.

 

Conviene, igualmente, precisar alternativas flexibles acordes con el flujo de caja de las empresas, que permitan mantener la vigencia de las relaciones laborales y el restablecimiento progresivo de las condiciones de trabajo, así como la seguridad social que se debe reconocer a los trabajadores. Será necesario competir con la informalidad, que se presenta como opción atractiva en momentos de crisis.

 

Se requiere, así mismo, fortalecer el servicio público de empleo y dotarlo de recursos e instrumentos eficaces para ensamblar la oferta y la demanda de empleo, con agilidad y precisión, adaptándolo a la realidad de esquemas como el teletrabajo y el trabajo en casa.

 

Si, como se advierte, la mejor forma de seguridad social es el trabajo decente para todos, y un sistema de protección social sostenible depende de un mercado laboral inclusivo y justo, el camino para la reactivación social necesariamente pasa por la consolidación de un pacto nacional que aborde esos frentes.

 

Estabilidad social

 

Al referirse al cuarto pilar de medidas para hacer frente a esta emergencia mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que se requiere aplicar amplios y eficaces esquemas de diálogo social. Ellos permitirán a las sociedades construir soluciones concertadas, temporales, progresivas e integrales, que garanticen proteger el trabajo digno y fortalecer la protección social.

 

Se trata de generar un sincero y prospectivo encuentro que promueva la unidad entre todas las fuerzas sociales, políticas, espirituales y económicas del país, para abordar la construcción de soluciones en materia de empleo y protección social. Más allá de las visiones particulares, sectoriales y de negocio, se demanda decisión política de todos los actores para asumir con creatividad y clara visión colectiva las medidas que se encuentren necesarias para una Colombia social pospandemia.

 

Experiencias como el Pacto de Toledo en España, se evidencian ahora esenciales para concentrar energías en función de la estabilidad social, condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia. En esta convocatoria se requiere el acompañamiento de organismos internacionales como la OIT y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), cuya experiencia facilitará la exploración de soluciones posibles y acordes con la realización de los derechos en juego.

 

Estamos seguros de que en la agenda del Congreso de la República estos tópicos serán los prioritarios, y serán considerados de la mano de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y de Seguridad Social. Al mismo tiempo, será preciso abrir espacios amplios para la participación ciudadana y el reconocimiento de organizaciones sociales diversas. La pluralidad del debate y la sinceridad cívica de los propósitos marcarán la ruta del éxito en esta tarea inaplazable.

 

Es la hora de la gran reforma integral para los sistemas laboral y de protección social, con visión renovada, que permita superar escenarios simplistas de desmejora de las condiciones laborales, de ausencia de lo público, de más restricciones para el reconocimiento de las prestaciones de la seguridad social y de indefiniciones en su financiamiento, o de presión insostenible para los empleadores. Avancemos ya, con espíritu solidario e innovador, en la identificación de soluciones, no solo de mercado, que nos permitan utilizar la crisis como la mejor oportunidad para construir equidad e igualdad en el mundo del trabajo y la seguridad social.