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Actualizado hace 1 hora | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Análisis


Las lecciones del Paef: una apuesta por el trabajo formal

29 de Abril de 2021

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Juan Carlos Cortés González

Ex Viceprocurador General de la Nación

Director Centro Iberoamericano de Estudios Organización Iberoamericana de la Seguridad Social

 

De las medidas de protección adoptadas por la pandemia, tales como el ingreso solidario, el programa de apoyo al pago de la prima y el programa de apoyo a los trabajadores en suspensión, la que ha tenido mayor impacto y beneficio de la economía y la empleabilidad es el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).

 

Se trata de un aporte monetario mensual del Estado, hasta por tres meses, pagado por conducto del sistema financiero a los empleadores, cuyo propósito es proteger el empleo formal, mediante el pago de un porcentaje del salario mínimo legal mensual vigente (40 %) por cada uno de los trabajadores dependientes afiliados a seguridad social, siempre y cuando se acredite una disminución de, al menos, el 20 % de los ingresos de la unidad productiva de que se trate.

 

Creado por el Decreto Legislativo 639 del 2020, rigió por los meses de mayo, junio y julio de ese año. Si bien por orden del Decreto 815 del 2020 se extendieron sus efectos hasta agosto de la misma anualidad, la Ley 2060 del 2020 prorrogó su vigencia desde septiembre del 2020 hasta marzo del 2021.

 

La pertinencia y la necesidad de esta medida han sido reconocidas por las autoridades de las ramas Ejecutiva y Legislativa, ya que cursó en el Congreso de la República un proyecto de ley promovido por el grupo denominado liberal socialdemócrata, con el cual se busca ampliar la vigencia del subsidio hasta septiembre del 2021 y extender su aplicación a las cerca de un 1.522.000 micro y pequeñas empresas del país, con las que se contaba en diciembre del 2019, según datos del registro mercantil.

 

Medidas similares

 

En el ámbito iberoamericano, medidas análogas han generado impacto favorable en el manejo de la crisis por el covid-19. En Argentina, por ejemplo, el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción permite que las empresas soliciten un subsidio por el pago de la nómina, en el caso de actividades como la cultura, el entretenimiento, el turismo, la gastronomía, el esparcimiento, el transporte de larga distancia, la salud, la estética y los jardines maternales.

 

En Chile, el subsidio “Regresa” está enfocado a impulsar la continuidad de contratos suspendidos bajo la ley de protección al empleo, mediante la entrega a las empresas de un aporte equivalente a 160.000 pesos chilenos hasta por seis meses, por cada trabajador que tenga ingresos hasta por tres salarios mínimos, que retorne a su trabajo.

 

En ese mismo país, el subsidio “Contrata” busca, por su parte, estimular nuevas contrataciones de personal. En este caso, el Estado reconoce a las empresas el equivalente al 50 % de la remuneración mensual, con un tope por cada trabajador adicional en la nómina. La medida es más generosa, si se contratan trabajadores jóvenes, mujeres o personas con discapacidad.

 

Por su parte, en Perú, el empleador del sector privado recibe un subsidio no superior al 35 % de la remuneración bruta mensual por trabajadores de menores ingresos, en un programa identificado como pago de planilla, que se adoptó por decreto de emergencia.

 

Beneficios

 

En Colombia, conforme cifras consultadas en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), respecto del programa de apoyo al empleo formal Paef, se han registrado 674.513 solicitudes, por 118.433 personas jurídicas y 23.334 personas naturales, respecto de nóminas que cubren a 3.960.411 trabajadores. El Estado ha contribuido con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, con 5,8 billones de pesos irrigados a la economía por el Paef, para el mantenimiento del empleo formal.

 

Según los análisis de los operadores de la planilla PILA, teniendo en cuenta que el Paef establecía en sus convocatorias como requisito de postulación, el pago de aportes a la seguridad social en fechas perentorias, se evidencia que en los meses en que ha operado el subsidio, se ha presentado un mejor comportamiento en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, lo que permite concluir que ha sido una medida efectiva para proteger el aseguramiento de los trabajadores y la continuidad laboral.

 

Trabajo decente

 

El Paef nos deja varias enseñanzas en relación con las políticas públicas de protección al trabajo decente. La principal de ellas tiene que ver con reconocer que las prestaciones económicas que se otorguen preferentemente deben orientarse a estimular y premiar los esfuerzos por la generación y el mantenimiento de empleo con seguridad social. La mejor forma de alcanzar la protección social universal es respaldar a quienes necesitan apoyo para producir riqueza y tienen a su cargo personal asegurado debidamente.

Se trata de potenciar esquemas preventivos que, antes que cubrir al cesante y atender los efectos del desempleo, beneficien la continuidad del empleo, frente a contingencias temporales que requieren acompañamiento de lo público.

 

En el mismo sentido, medidas como esta vacunan a la economía contra el letal virus de la informalidad, pues aseguran que las empresas sigan operando con talento humano protegido y en condiciones de legalidad, propiciando el respeto por los derechos de los trabajadores, en armonía con el desarrollo empresarial, como lo manda la Constitución Política.

 

También queda en evidencia la necesidad de desarrollar políticas con vocación universal y que empleen medios alternativos y ágiles, como ocurre con la utilización del sistema bancario, lo que da flexibilidad a la operación, reduce costos y facilita el uso del programa por parte de los beneficiarios, con mayor transparencia y confianza. El control y la vigilancia por parte de la UGPP y, en forma coordinada, con el Ministerio del Trabajo, aseguran el buen suceso de la estrategia.

 

Medidas como esta no solamente deben extenderse mientras los efectos de la pandemia se mantienen, sino que deben servir de piloto para la adopción de las reformas que demanda el país en materia de aseguramiento social y ordenación de subsidios.

 

El Paef debería articularse más estrechamente con el sistema de protección social en Colombia y, a partir de este, implementarse un esquema integral de subsidios para el empleo formal que ampare contra riesgos que ataquen la sostenibilidad de las empresas y el empleo. Tales mecanismos podrían aplicarse por regiones y por determinados periodos, cuando haya sequías, inundaciones, efectos climáticos, sanitarios u otros relacionados.

 

En efecto, entender el Paef como una prestación dentro del sistema de protección social, como medida preventiva, que fortalece la empleabilidad y complementa el mecanismo de protección al cesante, le brindaría a aquel mayores garantías de eficacia, al ser considera no meramente como un subsidio estatal, sino como una manifestación del aseguramiento público, que beneficia tanto al empleador como a los trabajadores.

 

Lo que viene

 

Hacia el futuro, no puede perderse la oportunidad de construir sobre lo logrado con las angustias del covid-19, para que, en forma razonada, se construyan nuevas y creativas formas de aseguramiento social.

 

Las cajas de compensación familiar, por ejemplo, son la mejor plataforma para operar prestaciones de esta naturaleza. En efecto, el Paef tendría que articularse con el mecanismo de protección al cesante, de tal suerte que se genere un ciclo virtuoso de protección, desde el apoyo a la empresa, con el cubrimiento integral por desempleo.

 

Conformar una ruta de intervención que comprometa a los trabajadores beneficiarios del Paef en los programas de actualización, capacitación y reconversión laboral, tanto como promover nuevos servicios a través del servicio público de empleo, en los que participen también los empleadores vinculados al programa, son caminos que se aprecian necesarios y convenientes.

 

Adicionalmente, la articulación con programas de crédito y la conexión con iniciativas de comercialización pública o bajo esquemas de protección empresarial y laboral en cadenas productivas son tareas operacionales que generarían mayores efectos en cuanto a la protección del trabajo decente, generando barreras de contención frente a un deslizamiento de los trabajadores hacia la informalidad o la precarización.

 

Subsidio familiar

 

En la misma línea, Colombia no puede perder de vista la gran potencialidad que tiene el subsidio familiar como prestación para consolidar un ingreso familiar, que puede ser usada por regiones o en forma diferencial y temporal, conforme las contingencias económicas se presenten.

 

Un circuito de prestaciones que apoyen a quienes mantienen el empleo formal, cubran a los trabajadores por sus necesidades familiares y atiendan integralmente las necesidades de quienes queden desempleados constituye la triada sobre la que será posible fortalecer el mercado laboral y asegurar condiciones de mayor formalidad y legalidad.

 

Una mirada integral sobre el mercado laboral, la competitividad, el trabajo decente y la protección social, que al amparo del diálogo y la concertación promueva la suscripción de un pacto de Estado en estas materias –al estilo del Pacto de Toledo, en España–, tendrá que considerar la integración de prestaciones que surgieron de la crisis, como el Paef, para adecuarlas a un sistema de aseguramiento social más robusto y capaz de enfrentar mejor las contingencias que en el futuro se presenten, teniendo en cuenta los vaivenes constantes de las economías en el mundo.

 

Ojalá la sociedad no desaproveche las lecciones que deja el Paef y, por el contrario, apropie con creatividad las enseñanzas de las realizaciones sociales que han permitido capotear los graves efectos de la crisis, para fortalecer e innovar la protección social en Colombia, con mirada integral, humanista y sustentable. 

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