Acaparamiento y especulación por la pandemia, ¿hasta dónde va el poder de los alcaldes?

Betty Martínez-Cárdenas

Doctora en Derecho Universidad Panthéon-Assas (Paris 2)

Profesora investigadora de la Fundación Universitaria Cervantes

Jefe Asesora Jurídica de la Alcaldía de Chía (Cundinamarca)

betty.martinez@unicervantes.edu.co

Lo decía Voltaire, “no hay nada justo, es la fantasía de los hombres la que pone el precio a las cosas”[1], y qué fantasía esta la de la lucha contra el covid-19 que llevó a nuestros mandatarios a decretar el estado de emergencia y a aislar obligatoriamente a la población por meses como la medida de protección más importante pare evitar el contagio. Digo “fantasía”, porque todavía para muchos la pandemia no es una amenaza, sino un imaginario colectivo del cual, debido al aumento de la demanda de algunos productos necesarios para mantener las condiciones de higiene que ayuden a reducir el riesgo de contagio, algunos proveedores tienden a beneficiarse sea acaparando estos productos para revenderlos, subiendo sus precios.

Acaparamiento y especulación son prácticas particularmente sensibles en los mercados de pequeños municipios, como el de Chía. En este municipio, las quejas por aumentos importantes de precios en bienes de la canasta familiar llegaron primero a la Personera, quien se las transmitió al alcalde y, de inmediato, fueron puestas como una de las estrategias del plan de acción del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

Un riesgo más por gestionar, paralelamente al del contagio por covid-19. El poder de los alcaldes en el control de este tipo de prácticas fue extremadamente limitado por la Ley 1480 del 2011, por sospecha de que el primer mandatario del municipio pudiera abusar de él. Sin embargo, la experiencia de estas semanas de aislamiento muestra que es el alcalde la autoridad a quienes los consumidores acuden para denunciar tales prácticas, con la esperanza de que desde la Alcaldía se puedan controlar los precios. Ahora bien, a pesar de que es reducido el margen de maniobra del primer mandatario por el Estatuto del Consumidor, con mucha imaginación, la gestión de este riesgo ha logrado ser efectiva.

La efectividad realmente no debe ser medida, como algunos pensarían, por el cierre de los establecimientos, no solo porque no es esta una medida para la cual los alcaldes estén facultados, sino porque no ayuda a crear conciencia sobre el deber de solidaridad que nos cobija a unos y a otros en estos momentos de pandemia. Así que, dentro de lo que el Estatuto del Consumidor le permite a un alcalde, se encuentran las medidas preventivas, tales como visitas, recomendaciones, instrucciones y, en el peor de los casos, inicio de investigaciones administrativas con compulsa de copias a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación, para lo que les corresponda.

Las medidas preventivas permiten un amplio margen de comunicación con la comunidad y es esto lo que logra la creación de una conciencia solidaria en el municipio. En Chía, la publicación de plotters informativos, la creación de una App y la atención personalizada vía telefónica de las quejas sobre estas prácticas, además de las visitas preventivas a los establecimientos, lograron que, en una semana, el nivel de quejas se redujera en un 73 %.

Se espera la pronta expedición de un decreto nacional que frene la especulación de precios con ocasión de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Un decreto que, sin duda, vendrá a reforzar la labor de la alcaldía municipal de Chía en su firme en su esfuerzo de reducir al máximo el acaparamiento y en mantener un equilibrio en los precios. Es así como el ejercicio de este control, dentro de los márgenes legales en el municipio de Chía, nos ha permitido entender que el poder de los alcaldes en las jurisdicciones territoriales que les compete va mucho más lejos de lo que está en la ley escrita, va hasta el corazón de sus ciudadanos.