Una oportunidad para avanzar en justicia reproductiva

Óscar A. Cabrera

Director Healthy Families Initiative at the O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown Law (Washington D.C.)

Hace 15 años, la Corte Constitucional reconoció el derecho de las mujeres y niñas a interrumpir el embarazo cuando este representara un peligro para su vida o su salud; fuera producto de violación, incesto o inseminación artificial forzada, o el proceso de gestación era inviable. Esta histórica decisión se fundamentó en la garantía constitucional a la vida, la salud, la dignidad y la autodeterminación de las mujeres, principios esenciales para lograr una igualdad real en cualquier Estado de derecho. Sin embargo, el derecho fundamental al aborto en estos tres casos es, en realidad, un primer paso que ahora no atiende a las necesidades de la mayoría de las mujeres.

Es innegable que las mujeres que cuentan con recursos económicos pueden acudir a profesionales de la salud que realizan el procedimiento sin mayores preguntas, mientras que las niñas y mujeres en condición de mayor vulnerabilidad son obligadas a sufrir el estigma, enfrentar innumerables barreras, ser criminalizadas o acudir a la clandestinidad. Nuevamente, las principales víctimas de la inequidad institucionalizada son personas en situación de desventaja, en este caso, mujeres sin recursos económicos, bajos niveles de escolaridad y que enfrentan mayores barreras de acceso a bienes y servicios de salud y que viven en lugares rurales y apartados.

Atendiendo a esta realidad, la Corte Constitucional ha revisado múltiples tutelas que buscan garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, porque las niñas y mujeres encuentran constantemente barreras –excusas, trámites innecesarios y juicios de valor– que les impiden acceder efectivamente a servicios de salud reproductiva, lo cual vulnera sus derechos fundamentales. Esta situación de injusticia sistemática y constante ha hecho que la Corte Constitucional promulgara una sentencia unificadora en la que reconoce que estas limitantes en el sistema de salud constituyen formas de violencia y discriminación, razón por la cual el juez constitucional debe actuar rápidamente para superarlas.

Actualmente, la Corte tiene la oportunidad histórica de permitir que la interrupción del embarazo en los primeros meses de gestación se realice sin preguntas, trámites ni dilaciones. Una decisión en este sentido significa evitar que las niñas y mujeres acudan a la clandestinidad al momento de interrumpir sus embarazos y continuar con la jurisprudencia que busca generar igualdad y el goce efectivo de los derechos.

Ahora, solo queda esperar que el alto tribunal atienda su responsabilidad con la justicia, haciendo que el derecho fundamental al aborto deje de ser un par de líneas en el papel y se convierta en una protección real.